Cómo impacta la segmentación de tarifas en las distribuidoras de luz y gas
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Durante la tradicional conferencia de prensa que brinda todos los jueves, Gabriela Cerruti dio algunos detalles sobre la política de segmentación de tarifas que se comenzará a aplicar en los clientes de las empresas de servicios públicos.
La portavoz del Gobierno, informó que el procedimiento forma parte del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir del cual se prevé una segmentación en tres categorías para los clientes de las distribuidoras de gas y electricidad comprendidas por usuarios de mayores ingresos; los integrantes de la clase media y los sectores más pobres que son beneficiarios de la tarifa social.
En el primer caso, se eliminarán totalmente los fondos que se destinan a pisar el precio de la energía y el gas por lo que dejarán de estar subsidiados y pagarán el 100% del costo real. Las otras dos categorías se indexarán aplicando el llamado Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año previo, un índice que, por ejemplo, ya se utiliza para actualizar las cuotas de los créditos para la compra de viviendas.
En el caso de la clase media, que es la categoría de mayor peso entre las empresas de servicios públicos, deberá afrontar subas de hasta el 42% de dicho coeficiente, mientras que resto de los usuarios tendrá que pagar con incrementos no mayores al 23% de la variación del CVS del año previo.
Si bien el Gobierno todavía no informó la fecha de inicio del esquema de segmentación ni el valor real de la energía y el gas, entre las distribuidoras de ambos sectores advierten que el cambio de ecuación no les permitirá mejorar sus ingresos.
De hecho, los últimos aumentos del 20% para el gas y del 8% para la electricidad tampoco fueron considerados como adecuados por las compañías, que vienen reclamando actualizaciones mayores y acordes al nivel de inflación que muestra la economía argentina.
La segmentación de tarifas de luz y gas: la situación de las empresas
En el caso de la segmentación, las empresas consideran que se trata de un procedimiento de política energética que redistribuye los fondos que el Gobierno vuelca todos los años a mantener congelado el precio de la energía y el gas con el objetivo de darle una mayor equidad a ese reparto para evitar que todos los usuarios de los servicios públicos sigan siendo beneficiados de la misma forma sin importar sus niveles de ingresos.
Pero como esos subsidios no llegan a las empresas, en el sector no consideran que los próximos aumentos que surjan de la segmentación no van a ayudar a dejar atrás la complicada ecuación financiera por la que atraviesan como consecuencia del congelamiento de tarifas en un país donde los costos no dejan de subir por el impacto de la inflación que no baja del 50% anual.
Es más, todavía existen dudas acerca de la implementación del nuevo mecanismo debido a que abrió un debate dentro de la propia alianza oficialista del Frente de Todos, en donde se identifican dos posturas dos sectores con opiniones opuestas.
Por un lado están los alineados detrás del ministro de Economía, Martín Guzmán, que entienden que como parte del acuerdo con el FMI se deben permitir nuevos aumentos que sirvan para reducir el déficit público con el uso de menos fondos para subsidiar parte de esas tarifas.
Por otro lado se encuentran los defensores de un modelo redistributivo de esas partidas que tenga en cuenta el poder adquisitivo de cada usuario de los servicios de luz y gas que fomentan desde los sectores que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria.
El propio presidente Alberto Fernández ya se volcó por esta postura durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso del 2021, cuando se pronunció a favor de un esquema tarifario diferencial que ajuste sus precios según el nivel de ingreso de los clientes.
Lo mismo hizo este martes 1 de marzo en el mismo escenario, cuando anunció la puesta en marcha del esquema de segmentación y anticipó que "no habrá taifazos".
La segmentación ayuda si se cumplen ciertas condiciones
En tanto, para los ejecutivos de empresas como Metrogas; Edenor y Edesur la segmentación será una ayuda siempre que el aumento sea mayor al ingreso de caja, pero estará lejos de resolver la incertidumbre que vienen sufriendo con respecto a la operatividad de sus servicios.
Por lo tanto, la tarifa plena que pagarán los sectores de mayores ingresos no será suficiente para mejorar los ingresos de las distribuidoras que también dudan de la capacidad de las autoridades para poder cobrar el verdadero costo de los servicios teniendo en cuenta que se encuentra pisado y sin cambios desde hace ya más de 13 años, por lo cual no se sabe a ciencia cierta el valor real actual.
Voceros de las empresas consultados por iProfesional dijeron no saber formalmente cómo se aplicará el nuevo mecanismo de facturación según los ingresos de los clientes, aunque estimaron que solamente definirá una segmentación en términos de quita de subsidios que justamente están en el precio de la energía.
"Si solo es eso a nosotros no nos cambia nada, lo que hace es modificar la forma d facturar que la deberá definir el Gobierno", agregaron.
En este sentido, las dudas se centran en saber de qué manera el Gobierno definirá la conformación de los tres sectores que tendrán precios diferentes por entender que se trata de un esquema muy complejo que debe, entre otros factores, cruzar la titularidad del servicio con índices vinculados al precio de la propiedad y a los ingresos de sus habitantes.
Millonarias pérdidas
El escepticismo que evidencian en el sector se explica a partir de la acumulación de balances en rojo de las compañías, potenciado en los últimos dos años por los efectos del coronavirus; una actualización tarifaria acotada; la disminución de la demanda y la recesión económica.
Un combo de factores que causó un fuerte deterioro en los ingresos de las tres principales empresas de distribución que solamente en el 2020 acumularon en conjunto pérdidas por $37.033 millones.
Y si bien todavía no informaron los resultados del 2021, el escenario sería similar. De hecho, se sabe que el balance de Edesur mostró un rojo mayor a los $18.000 millones, cifra que podría replicarse en Edenor y Metrogas.
Los datos revelan que, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández las tres mayores proveedoras de luz y gas del país suman ya una pérdida conjunta de $69.532 millones. O dicho de otra forma, algo más de $3.311 millones por mes; $110 millones por día e incluso de $4,5 millones cada 60 minutos.
A pesar de que las cifras revelan el complejo escenario financiero que atraviesan, las tres distribuidoras deben mantener sus niveles de inversiones para continuar brindando el servicio a sus casi 10 millones de usuarios repartidos entre la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia de Buenos Aires.
A partir de este razonamiento es que sus ejecutivos vienen reclamando mayores tarifas acordes al nivel de inflación que tiene la economía argentina y que genera un constante incremento de costos.
El ranking de las mayores pérdidas
Mientras tanto, el ranking de las mayores pérdidas entre las distribuidoras lo lidera Edenor, propiedad de una sociedad integrada por los empresarios Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, que en 21 meses lleva perdidos $32.436 millones, producto de un rojo de $17.600 millones del 2020 y de $14.836 millones de los primeros nueve meses del 2021.
A partir de estos números, sus ejecutivos vienen hablando de la existencia de "un alto grado de incertidumbre" respecto de la capacidad financiera de la distribuidora para cumplir con sus obligaciones.
Ese rojo contrasta con las ganancias que había logrado en el 2019; el 2018 y el 2017 por $16.518 millones; $8996 millones y $10.814, respectivamente.
Sin embargo, en los últimos cinco ejercicios registró capital de trabajo negativo como consecuencia de la suspensión de la actualización de la tarifa desde febrero del 2019 hasta la fecha, a pesar del constante aumento de los costos de operación y las inversiones necesarios para mantener la red en un contexto inflacionario y de recesión sostenida en el cual se encuentra la economía argentina desde mediados del 2018.
El impacto de la pandemia en las finanzas de las empresas
Adicionalmente y como también le ocurrió a las otras dos distribuidoras, la pandemia le provocó un alto impacto financiero debido a las acciones sanitarias y a sus consecuencias sobre los indicadores de producción y actividad de la economía del país y de sus propias operaciones que se vieron afectadas por un incremento de la morosidad y una baja de la demanda.
Esto la llevó a postergar pagos a CAMMESA por la energía adquirida en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), obligaciones que acumulan una deuda $19.008, más $2.376 en concepto de intereses y recargos.
Pero el congelamiento de tarifas y el no cumplimiento del acuerdo de renegociación firmado con el anterior gobierno del ex presidente Mauricio Macri, generó una deuda del Estado con la empresa que asciende a $20.939 millones, sin considerar intereses.
Edenor es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina, con más de tres millones de clientes en un área de concesión que comprende 20 municipios del noroeste del Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En lo que respecta al plan de inversiones, alcanzaron los $10.347 millones en estos primeros nueve meses del 2021, aunque sin representar cambios significativos con respecto al mismo período del 2020.
En el caso de Edesur, la situación es similar. Con un resultado negativo de $6.065 millones en el 2020, ahora suma otros $14.400 millones producto de las pérdidas acumuladas entre enero y septiembre del 2021, con un rojo global que llega a los $20.465 millones, siendo la distribuidora de electricidad que mayores pérdidas acumula desde el 2010, superando los $30.000 millones.
La compañía controlada por el grupo italiano Enel también evidencia el desgaste financiero y comercial que ha venido sufriendo en la última década y especialmente durante los gobiernos kirchneristas y durante esta gestión del Frente de Todos, producto de los diferentes congelamientos aplicados durante dichos períodos.
Desde Edesur vienen advirtiendo que el sector eléctrico se encuentra en una situación crítica y necesita con urgencia soluciones regulatorias que permitan sostener un servicio esencial en periodo de pandemia. "Sin tarifa, sin subsidio y sin reglas no se pueden hacer milagros", señalan sus voceros quienes recuerdan que desde el año 2000, sus estados contables reflejan nada más que tres períodos positivos y otros siete negativos.
Pero a pesar del incierto panorama, Claudio Cunha, Country Manager de Enel en Argentina, enfatizó en el nivel de inversiones que la compañía mantiene y que se incrementaron en un 20%, aunque advirtió que la situación económica de la empresa "es insostenible y requiere una pronta solución por parte del Gobierno".
La situación de Metrogas
En el caso de Metrogas, arroja pérdidas menores que las distribuidoras de electricidad, aunque su situación es igual de preocupante si se le agrega el condimento de ser una compañía de servicios públicos controlada por el Estado nacional a través de las acciones que son propiedad de YPF.
La petrolera estatal es dueña del 70% del capital social de Metrogas, mientras que el otro 30% flota en el mercado bursátil.
Si bien durante todos estos años de actividad, la distribuidora presentó varios balances anuales en rojo, el resultado del ejercicio del 2020 muestra las mayores pérdidas en casi tres décadas, por $13.368 millones, contra una ganancia de $57 millones en el 2019 y de un rojo de $1.669 millones del 2018.
Y en los últimos nueve meses del 2021, acumuló un rojo de $3.263 millones, lo cual evidencia una pérdida de $16.631 millones en los 22 meses de gobierno del Frente de Todos.
Al igual que con las eléctricas, el parcial congelamiento de tarifas le genera un fuerte retraso en sus ingresos y en su ecuación económica en comparación con índices de inflación que en el mismo período superaron el 100%.
También se vio afectada por el bajo nivel de ventas por el Covid-19, donde la mayoría de las empresas pymes y clientes residenciales de la compañía redujeron al mínimo o no tuvieron consumo de gas y GNC y donde las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno le provocaron una caída de sus ingresos y atraso en el cobro de las facturas que le generó un índice de incobrabilidad de morosos de hasta el 40%.
La distribuidora continúa atravesando problemas de liquidez, posición financiera y caja mayormente causados por una falta de actualización tarifaria acorde a los costos crecientes que debe hacer frente para mantener su actividad.
A partir de estas cifras, en su nota enviada a la CNV, los ejecutivos de Metrogas incluyen una advertencia sobre el futuro operativo de la compañía, ligado estrechamente a las medidas que el Gobierno pueda adoptar como parte del proceso de renegociación del contrato de concesión y las tarifas.
Ya en su balance anterior, el directorio de Metrogas advertía que mientras la tarifa se mantenga en valores constantes, "esto continuará impactando negativamente en la sociedad, disminuyendo el flujo de ingresos y empeorando la actual situación económico-financiera".