El Gobierno adjudica una obra pública a la constructora de Cristóbal López
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Servicios petroleros; medios de comunicación; construcción y desarrollo inmobiliario son los negocios en los que Cristóbal López y Fabián de Sousa, los dueños de Indalo, comenzaron a concentrar sus actividades.
El año pasado, ambos empresarios recuperaron el control sobre su grupo luego de que la justicia decretara el fin de la quiebra de Oil Combustibles y además fueran sobreseídos en varias causas penales que se les habían iniciado durante la anterior presidencia de Mauricio Macri por un supuesto desvío de $8.000 millones del impuesto a la transferencia de combustibles que debía pagar la petrolera y que, según el gobierno anterior, fueron usados para financiar de manera irregular la compra de otras empresas.
El cambio de carátula se determinó tras la presentación y aceptación de un plan para el pago de la millonaria deuda acumulada por Oil Combustibles mediante un procedimiento judicial que se conoce como avenimiento y por el cual las partes involucradas en una causa ponen fin a la disputa homologando un acuerdo, con calidad de cosa juzgada.
Con el panorama judicial despejado, López y De Sousa ya comenzaron a generar ingresos, en especial de la mano de la obra pública que el gobierno de Alberto Fernández está desplegando para desarrollar un millonario plan de infraestructura y de renovación de rutas nacionales.
En este sector, Indalo participaba con Esuvial y CPC Constructora, que fueron afectadas por las causas judiciales al punto que se les rescindieron los contratos y las concesiones que operaban como la de la autopista Ezeiza Cañuelas.
El Gobierno adjudica una obra pública a Cristóbal López
CPC dejó atrás aquellos momentos donde el Estado le rescindía los contratos por incumplirlos y se adjudicó una licitación por $4.323 millones para construir 20 kilómetros de autopista en la ruta 5, entre las localidades bonaerenses de Mercedes y Suipacha.
Es decir, algo así como $215 millones por kilómetro en una ruta considerada "sumamente importante" para la región del noreste de la provincia de Buenos Aires, cuyos habitantes se verán directamente beneficiados a partir de las mejoras en las condiciones de seguridad y de transitabilidad en este corredor.
La intensa actividad agrícola e industrial que se desarrolla en la región genera un caudal de tránsito muy importante y, según el gobierno nacional, la ejecución de esta obra ahorrará costos logísticos de traslado de la producción y tiempos de viaje del transporte de carga y de vehículos particulares.
Si bien la licitación presentó un marcado interés de una decena de empresas que compitieron por llevarla adelante, Vialidad Nacional terminó eligiendo la oferta presentada por la empresa de Cristóbal López en sociedad con la firma Vial Agro.
Ambas crearon una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para disputar varios de los proyectos que el organismo que depende del Ministerio de Obras Públicas se encuentra licitando.
De Macri a Fernández
En el caso de Vial Agro es propiedad del empresario Pablo Quantín, un empresario con varios antecedentes judiciales, quien fue nombrado en la causa de los Cuadernos y que en el anterior gobierno de Mauricio Macri participó de un consorcio que se adjudicó el llamado Corredor A (rutas 3 y 226 por un total de 700 kilómetros), junto a las firmas Paolini Hnos y la empresa italiana INC SpA en el marco de los cuestionados contratos de Participación Público-Privada (PPP) creados por la gestión de Cambiemos y dados de baja durante este gobierno del Frente de Todos.
Quantín es además titular de la delegación Bahía Blanca de la Cámara Argentina de la Construcción y estuvo enfrentado con Juan Pablo "Pata" Medina, el histórico y controvertido secretario general de la UOCRA bonaerense.
También acumulaba varias causas judiciales por presuntos sobreprecios e irregularidades administrativas en una obra de pavimento realizada entre 2008 y 2009, con fondos de la Nación, por un valor de $27 millones para el municipio de San Antonio Oeste (Río Negro). Pero la justicia finalmente decidió el sobreseimiento de Quantín en todas estas causas a pesar de que en el 2015, el juez penal Favio Igoldi dispuso procesarlo en el marco de un expediente en el que aseguraba un perjuicio al erario público de más de $5.000 millones después de "la existencia de sobrecostos y ejecución en forma deficiente, utilizando adrede menos materiales de lo especificado técnicamente en detrimento de los costos por los cuales se los contrató".
Recuerdos de los PPP
Sin embargo y a pesar de todos estos antecedentes judiciales, Vialidad Nacional acaba de firmar con ambas empresas el contrato que da inicio a la transformación en autopista de la Ruta Nacional 5.
La obra, que tendrá una longitud de 20 kilómetros, se ejecutará entre el acceso a Mercedes y el inicio de la variante Suipacha e implicará una inversión de $4.300 millones por parte del Gobierno nacional. El proyecto forma parte del fallido esquema de Participación Público Privada (PPP) de la gestión de gobierno anterior.
Durante la jornada de este lunes 18 de julio, el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y el intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, suscribieron el convenio en la sede del Concejo Deliberante de la localidad bonaerense, donde también estuvieron presentes los intendentes de Suipacha, Alejandro Federico; Chivilcoy, Guillermo Brito; Alberti, Germán Lagos; Bragado, Vicente Gatica; 9 de Julio, Mariano Barroso; y Carlos Casares, Daniel Stadnik.
Las empresas comenzarán los trabajos en agosto próximo y el dinero será aportado por el Ministerio de Obras Públicas, que orienta Gabriel Katopodis.
Agenda pendiente
La obra formaba parte del fracasado esquema de los PPP de Macri, cuyo incumplimiento y endeudamiento llevaron a la actual administración a rescindir esos contratos con empresas privadas y dar curso a nuevas licitaciones para poder efectivizar las tareas no iniciadas.
Antes de la apertura de los procesos licitatorios, resultó necesario revisar y volver a aprobar el proyecto ejecutivo.
"Desde que llegamos a Vialidad Nacional, los intendentes nos empezaron a plantear el tema de la agenda pendiente de la Ruta 5 y de otras rutas como la 3, la 205, la 9. Todas estaban dentro de un formato jurídico y de obra que se denominaban las PPP", explicó el titular de Vialidad Nacional.
Arrieta agregó que se necesitó del trabajo de un equipo de ingenieros y abogados para poder resolver los contratos por u$s13.000 millones que habían sido heredados del anterior gobierno macrista.
En ese marco, el proyecto más avanzado que encontraron las nuevas autoridades de Vialidad Nacional fue el de Mercedes-Suipacha que tenía un costo de origen por PPP de $11.000 millones.
"El Estado, por ley de obra pública, lo licitó y lo adjudicó al 30% del valor que tenía en las Participaciones Público-Privadas", manifestó Arrieta.
Por su parte, el intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, ponderó la gestión de Arrieta al frente de Vialidad Nacional.
"Hoy la obra pública llega a todas las localidades y es el motor de desarrollo de nuestras comunidades", remarcó el funcionario municipal. Y añadió: "En el interior, si no tenemos el acompañamiento del Estado nacional y del provincial, las obras estructurales son muy difíciles de llevar adelante porque exceden la capacidad presupuestaria de los municipios".