En pleno parate de ventas, y con un escenario de alquileres signado por la falta de oferta y las subas permanentes, las inmobiliarias vuelven a recibir otro golpe de nocaut. Ocurre que el Gobierno de la Ciudad reglamentó una norma de 2021 que establece la obligación de presentar una cédula catastral previo a cualquier operación de compraventa. El requisito implica la obligación de presentar planos previa contratación de un agrimensor y el pago de multas en casos de modificaciones o refacciones no declaradas.

La entrada en vigencia de esta obligación fue notificada a iProfesional por referentes del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI). Desde la entidad definieron a la medida como un instrumento meramente "recaudatorio" no sin antes remarcar que este cambio frenará aún más las pocas operaciones existentes.

"En una nueva iniciativa de claro sesgo recaudatorio, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que, a partir del 1° de octubre 2022, implementará la presentación de la Cédula Catastral en toda operación de compraventa de inmuebles en nuestra ciudad", señalaron desde la organización a través de un comunicado.

"La decisión obligará a que, para poder concretar cualquier venta en el ámbito de la Ciudad, los propietarios deban contratar, a su cuenta y cargo, a un agrimensor para que analice el inmueble", se indicó.

"Esto, según el GCBA, es una ‘oportunidad de regularización documental’. Pero, en la práctica, implica un traslado de facto al bolsillo de los privados de una responsabilidad que debería estar bajo la órbita y conducción del Estado", añadieron las fuentes.

Exigencia de planos actualizados: alcances de la medida

En el CPI afirman que el objetivo de la norma es económico en tanto "la regularización de remodelaciones ilegales y/o antirreglamentarias abonan Derechos de Construcción de hasta el 500 por ciento de los estipulados originalmente, asegurándole el Gobierno porteño un suculento ingreso a sus arcas".

La medida implicará asumir nuevos costos para los propietarios

Las inmobiliarias sostienen que la medida es inoportuna en tanto el sector atraviesa su peor crisis histórica.

"Implementarla en medio de una de las peores crisis del sector resulta absolutamente inoportuna, demostrando una total insensibilidad y un absoluto desconocimiento de la situación del mercado inmobiliario", se remarcó desde la entidad.

En el Colegio Profesional Inmobiliario afirman que la implementación de este sistema con las consideraciones expresadas "implicará una paralización aún más grave de nuestro sector, que aún sigue sufriendo los daños que la Ley de Alquileres, la pandemia y la situación económica le han generado".

"… es absolutamente necesario frenar lo que será, no solo una nueva traba para nuestro trabajo, sino también un ataque contra todos aquellos que buscan vender una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires", concluyeron desde la organización.

Cédula catastral: una complicación para la venta

En diálogo con iProfesional, Marta Liotto, presidenta del CPI, sostuvo que la decisión oficial "complica aún más el momento de la compraventa, que hoy atraviesa un estado desesperante".

"¿Quién tiene los planos actualizados de una casa? Pensemos en barrios como San Telmo, Monserrat… Hay inmuebles de 100 años a los que se les hicieron modificaciones. Bueno, ahora la obligación es contratar un agrimensor, rehacer los planos. Y, si hubo cambios en las viviendas, abonar multas. Claramente recaudatorio", enfatizó.

El incumplimiento de planos actualizados implicará multas para los propietarios.

"Quien tiene que vender ahora, porque está ahorcado, no podrá porque antes tendrá que cubrir el gasto del agrimensor, los trámites, la multa. Cualquier modificación hecha en años implicará un cambio de planos, a partir de esta normativa. Muchas personas se verán afectadas y no podrán cumplir con el requisito para poder vender", completó.