Mientras monitorean diariamente la quita parcial de subsidios y los diferentes valores de los kWh que las distribuidoras comenzaron a trasladar a los usuarios residenciales; las autoridades del área energética -que comanda la massista salteña Flavia Royón- pusieron en marcha el trámite regulatorio para avanzar con un nuevo incremento tarifario destinado a las transportistas eléctricas.

El ajuste recaerá sobre todos los clientes hogareños -independientemente del "nivel" en que hayan quedado encuadrados con el nuevo esquema de segmentación socioeconómica que estableció el Gobierno para ir recortando los subsidios- e implicará para las empresas transportistas una mejora en sus ingresos específicos que oscilaría entre el 50% y el 70%. 

Pero, por la incidencia que tiene el componente del transporte en las boletas finales, la nueva actualización tarifaria representará para los usuarios residenciales una suba del 2% al 3% en el monto total de sus consumos eléctricos. El pase a las facturas de esos porcentajes oscilaría entre un mínimo de $25 y un valor máximo de hasta $200 entre los escalones más bajos de consumo y aquellos que superen los 2.000 kWh mensuales.

Por medio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) -que conduce el también massista Walter Martello-, el Gobierno convocó a una audiencia pública para el 30 de noviembre con el fin de tratar los nuevos cuadros tarifarios en juego para Transener, Transba, Transpa, Districuyo, Transcomahue, Transnoa, Transnea y el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN).

Cuándo entrarán en vigencia las nuevas tarifas

Una vez efectuada la audiencia, la intención oficial sería poder completar rápidamente los trámites aprobatorios de las nuevas tarifas para que entren en vigencia a mediados de diciembre.

Tras haber estado con sus ingresos congelados durante tres años, las transportistas recibieron a principios de este año una actualización tarifaria que osciló entre el 47% y 135%. Esa mejora apenas alcanzó para que se pongan al día con los pagos más atrasados y puedan hacer frente a los aumentos de sus costos operativos que desde 2019 acumulaban un salto superior al 200%.

Las autoridades pusieron en marcha el trámite regulatorio para avanzar con un nuevo incremento tarifario destinado a las transportistas eléctricas

La disparada inflacionaria y los incrementos registrados en los últimos seis meses en los precios de principales insumos y en los gastos corrientes volvieron a poner a las transportistas en una situación económica y financiera crítica.

La principal afectada sería Transener, la transportista más grande del sistema eléctrico cuya sociedad controlante está repartida en partes iguales entre Pampa Energía -el grupo conducido por Marcelo Mindlin- y la estatal IEASA manejada por el camporista, Agustín Geréz.

Los directivos de la compañía -que opera y mantiene 57 estaciones transformadoras y 12.400 kilómetros de líneas propias más 6.228 km. de la transportista regional bonaerense Transba- le hicieron saber a los funcionarios de Energía y al ministro de Economía, Sergio Massa que, sin mayores ingresos, no estarían en condiciones de poder afrontar en diciembre el pago total de los salarios y aguinaldos.

¿Reducción de inversiones?

También plantearon ante los técnicos del ENRE que, de mantenerse el escenario actual, se agravaría la reducción de inversiones y no sería posible asumir nuevos compromisos salariales y gastos asociados al mantenimiento.

En la presentación efectuada en la última audiencia pública, desde Transener advirtieron que el sistema de transporte se encuentra operando casi al límite por la falta de ingresos que ha impedido atender las inversiones y obras más urgentes en renovación de equipos e instalaciones.

Entre otros datos relevantes, la transportista consignó que el 31% de los interruptores de alta tensión tienen más de 30 años en servicio y en el caso de los seccionadores de alta tensión, el 43% supera las tres décadas. Agregó, además, que el 40% de los transformadores de corriente (TTII) tiene 20 o más años de uso y que el 57% de los transformadores de tensión (TTVV) acumulan más de 20 años en servicio al igual que el 30% de los transformadores de potencia y el 38% de los reguladores de baja carga de transformadores.

La principal afectada sería Transener, la transportista más grande del sistema eléctrico

En las restantes transportistas eléctricas regionales, si bien se registran atrasos en el recambio de las líneas más antiguas y próximas a completar su vida útil, el costado más preocupante y urgente se presenta por el lado de las obras de repotenciación y ampliación de las redes y estaciones transformadoras.

Dónde impactará el ajuste a las transportistas

A diferencia de los aumentos por la quita de subsidios que se vienen aplicando sólo a los hogares, el ajuste en danza para las transportistas se trasladará a todos los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Para el próximo año, también está en carpeta otro aumento destinado al sector del transporte eléctrico que saldrá de la "revisión tarifaria integral" (RTI) que el Gobierno se comprometió a llevar adelante para dejar atrás el estado de "emergencia y transición" que rige desde fines de 2019.

En el caso de las distribuidoras de la región metropolitanas Edenor y Edesur que están bajo la órbita del Gobierno nacional, Royón anticipó hace dos semanas en el Congreso que las RTI iban a estar definidas y listas para debutar a partir de febrero de 2023.

Desde las empresas ven con cierto escepticismo ese anuncio, porque hasta ahora los funcionarios de la secretaría y del ENRE encargados de realizar los estudios y análisis previos no han dado señales de abocarse a esa tarea.