Lucha contra la inflación: las alimenticias resisten la avanzada "congeladora" del Gobierno
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Las productoras de alimentos se preparan para resistir el embate del Gobierno que avanza con el plan de congelar precios y de investigar aumentos por encima de la inflación que hayan sido dispuestos por las empresas de este sector.
Si bien las medidas abarcan también a proveedores de insumos y comercializadores, el mayor impacto negativo se concentra en la actividad del sector productivo, tradicionalmente acusado por el ala kirchnerista del oficialismo como el causante del factor inflacionario que soporta la economía y, en especial, el consumo.
En esa línea, también se encuentran "apuntados" los supermercados, a los que se les incrementaron los valores de las multas por supuestos faltantes y desabastecimiento, en el marco de un plan orientado a presionar a todo el sector alimenticio para que haya una desaceleración de los incrementos que, semana tras semana, se aplican a las listas de precios.
En el caso de la investigación ordenada por la Secretaría de Comercio apunta a penalizar a las empresas que durante lo que va del año hayan aplicado subas mayores a la inflación, que hasta ahora acumula un 66,1% y se encamina a alcanzar el 100% para fines del 2022.
Una herramienta legal a mano del Gobierno
Si bien, se trata de una herramienta legal a mano del organismo que conduce Matías Tombolini, lo novedoso en este caso es que abarca también a proveedores de insumos y a empresas comercializadoras de alimentos, cuidado personal y limpieza.
El funcionario le ordenó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que en un plazo de 30 días elabore y difunda un informe con los resultados de la investigación a este grupo de empresas que están identificadas pero cuya lista se mantiene en secreto por expresa orden del ministro de Economía, Sergio Massa, el jefe político de Tombolini.
Fuentes cercanas a ambos funcionarios explicaron a iProfesional que la difusión pública del listado puede afectar el trabajo de Defensa de la Competencia, con lo cual no se identificarán a las empresas involucradas hasta los primeros días de diciembre próximo, cuando debería estar finalizado el trabajo del organismo.
En paralelo, los supermercados recibieron la recomendación de no aceptar listas de precios con aumentos mayores al 4% durante un encuentro que la cámara que los nuclea mantuvo con Tombolini este martes pasado. Se trata de un pedido que llega justo cuando se están preparando los nuevos listados correspondientes a noviembre y que, en muchos casos, contendrán aumentos mayores a ese índice.
Multas y negociaciones
En varias empresas del sector advirtieron que será "difícil" cumplir con la regla por entender que no existe mucho margen para negociar retoques menores que no alcanzan para cubrir los "extraordinarios" incrementos de costos que se vienen sucediendo en el sector.
"A medida que avancen las listas, habrá problemas para negociar los valores si se tiene en cuenta que la inflación está por encima del 6%, la tasa de interés al 7% mensual y el tipo de cambio al mismo nivel, lo cual indica que sería lógico que ocurran subas mayores al índice dispuesto por el Gobierno", advirtieron en una de las principales productoras alimenticias del país.
En otra compañía recordaron que las amenazas del Gobierno para aplicar multas y prohibir aumentos superiores al de la inflación se dan en sintonía con las conversaciones para establecer el contenido del llamado Precios Justos que debería arrancar en diciembre para mantener congelados los precios de una gran cantidad de productos durante, por lo menos, cuatro meses.
Por estos días la Secretaría de Comercio está retomando las negociaciones con las productoras para terminar de definir el listado y la cantidad de marcas que contendrá el nuevo plan con el cual el Gobierno apunta a frenar la avanzada inflacionaria.
Funes de Rioja, en contra del congelamiento de precios
En este sentido, Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), se pronunció en contra del congelamiento. Lo hizo en declaraciones a Radio Mitre, en las cuales subrayó que la forma para bajar los precios es arreglar la macroeconomía.
"No se trata de congelamientos sino de búsqueda de acuerdos", sostuvo el dirigente empresario, quien además reconoció que se enteró "por los diarios" del proyecto que fomenta el ministro Massa a pedido de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
"Hablar de congelamientos es ilógico y habría que seguir la lógica de los acuerdos como el de Precios Cuidados porque es imposible congelar todo con el actual nivel de inflación", agregó Funes de Rioja para quien "los alimentos se producen para que se consuman con la esencia puesta en el mercado interno y no para acumular stock".
En ese sentido, el titular de la UIA y de la COPAL aconsejó al Gobierno "hablar del gasto fiscal, de la emisión monetaria y de promover exportaciones". Asimismo, remarcó el fuerte componente impositivo que contienen los alimentos y pidió que se "encarrile un diálogo, que se arbitren soluciones que permitan sobrevivir a las empresas, sino solo va a sobrevivir la economía informal".
Pero las críticas del empresario también se orientaron al nuevo sistema que anunciará el Ministerio de Economía orientado a liberar las importaciones para las empresas que compren con sus propios dólares.
La medida que impulsa Massa se plasmará en una comunicación del Banco Central para habilitar directamente anticipos de hasta u$s50.000 para las importaciones de bienes e insumos de las pymes.
"Puede generar un aumento de los costos que se traslade al precio final que pagan los consumidores", advirtió Funes de Rioja, al sostener que existe un problema de insumos importados que puede generar una caída de la producción y un problema de abastecimiento.
Para Funes de Rioja, "comprar con dólares propios impactaría en los costos, ya que hay incrementos de logística, laborales, insumos nacionales e importados".