La decisión de Tierra del Fuego de acelerar el desarrollo de un puerto que funcionará bajo control chino levantó polvareda y desde la Provincia se multiplican los esfuerzos por bajarle temperatura a los reclamos que hablan de una potencial pérdida de soberanía. En las últimas horas, Gustavo Melella, mandatario fueguino, declaró que lo acordado no es más que "una carta de buenos deseos" y que aún se está lejos de "pasar a un convenio específico y aprobaciones". En medio, y en lo que la oposición interpreta como un guiño de Nación al interés asiático, se aprobó el estudio de impacto ambiental de Fénix, un proyecto de gas offshore cuyos excedentes abastecerían a la terminal que procuran establecer los chinos en ese punto de la Patagonia.

"Lo que se firmó es una carta de entendimiento. Es una carta de buenos deseos, nada más, lo que desean hacer el uno y el otro. De avanzar sí se tendría que pasar a un convenio específico y aprobaciones", expresó el gobernador austral.

"Hay un plan de desarrollo como provincia y buscamos inversiones y vamos a seguir buscando inversiones en el mundo. La verdad es que lo que hay es un gran prejuicio por si son chinos. Si esto lo hubiera firmado una empresa norteamericana, estarían aplaudiendo", agregó el funcionario.

China procura disponer de un puerto multipropósito a muy pocos kilómetros de la Antártida. Los dichos de Melella contradicen lo efectuado por el gobierno fueguino, que el pasado 5 de junio ingresó a la Legislatura provincial un proyecto que, justamente, señala las facilidades que otorgará Tierra del Fuego para el desarrollo de la terminal cuestionada.

El pacto encendió reclamos de la oposición, que a través de diputados del PRO-Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical (UCR) alertaron sobre un posicionamiento estratégico de China que debe interpretarse como una cesión de soberanía.

A tono con esto, la diputada nacional Mariana Zuvic anticipó que presentará una denuncia penal contra los "responsables de la entrega histórica de la soberanía".

El gobernador fueguino minimizó lo pactado con los capitales chinos.

"Nueve meses ocultaron el memorándum con China. Durante nueve meses en sendos pedidos de informe y accesos solicitamos a MRECIC, MINDEF, MECON, JGM el contenido del memorándum", expresó la legisladora.

¿Gas para el proyecto?

En plena efervescencia a raíz de lo pactado entre la potencial oriental y la administración fueguina, el Gobierno nacional tomó una decisión que los bloques opositores interpretan como un guiño al proyecto.

Así, la cartera de Ambiente de la Nación aprobó el estudio de impacto ambiental del Proyecto Fénix, una iniciativa para la extracción de gas de forma offshore frente a Tierra del Fuego y Santa Cruz.

La iniciativa, impulsada por Total, Pan American Energy (PAE) y Wintershall, comprende la perforación de pozos y la instalación de una plataforma de producción justamente gasífera en la Cuenca Marina Austral.

Siempre en el ámbito de la oposición se afirma que está contemplado que los excedentes del combustible que se generen en esas instalaciones tengan como destino el abastecimiento del puerto chino.

El acuerdo de la polémica

Según un documento que detalla lo pactado entre la gestión fueguina que encabeza Melella, China construirá en esa provincia desde una terminal portuaria apta para todo tipo de operaciones hasta una central eléctrica. Además, instalará un centro de acopio de insumos industriales y agrotóxicos. Todo el proyecto implicará una inyección de 1.250 millones de dólares.

El Gobierno dio luz verde ambiental a un proyecto de gas frente a Tierra de Fuego.

"Shaanxi Chemical Group invertirá en la construcción de una terminal portuaria multipropósito con recinto interno (que permite el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas) y una central eléctrica de 100MW", se expone en el memorándum firmado por Tierra del Fuego con la empresa china mencionada.

La empresa "invertirá en la construcción de un proyecto con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato en el sur de Argentina", se expone en el documento.

"… el puerto y la central eléctrica servirán para cubrir las necesidades locales además de abastecer al propio proyecto", se añade en otro tramo del acuerdo, en el que también se señala que el pacto tiene una validez de tres años "y se renovará automáticamente por el mismo período de vigencia a menos que alguna de las partes no tenga intención de renovarlo".

En cuanto al rol de Tierra del Fuego, la administración de Melella se comprometió a "completar las aprobaciones del proyecto a la mayor brevedad, con sujeción a las disposiciones legales vigentes y futuras" y "coordinar a cada una de las partes involucradas, creando un entorno favorable para la construcción del proyecto y garantizando su adecuada implementación".

"El proyecto de inversión será beneficiario de las políticas fiscales preferenciales de Tierra del Fuego de conformidad con la normativa vigente", se señala en otro apartado del memorándum.