Mientras el Gobierno se prepara para inaugurar con bombos y platillos el 9 de julio la entrada en servicio del nuevo gasoducto troncal "Presidente Néstor Kirchner" (GPNK), la difusión de los términos y condiciones del "contrato de transporte firme de gas" que acordaron Enarsa y la Cammesa puso al descubierto un conjunto de aspectos normativos y económicos que vienen a desdibujar, en parte, el "relato oficial" sobre los significativos beneficios que aportaría la obra a los usuarios y a las cuentas fiscales.

Aprobado por medio de la resolución 532/23 de la Secretaría de Energía que conduce la massista salteña, Flavia Royón, el contrato para el transporte de gas por el GPNK que cerraron la estatal Enarsa y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) dejó flotando cinco cuestiones relevantes que llamaron la atención de las empresas y especialistas del sector.

La primera de ellas tiene que ver con el plazo de duración del contrato, que será de 35 años y se extenderá hasta 2058. Son 10 años más de los que había previsto la administración de Mauricio Macri para la construcción y mantenimiento del gasoducto bajo el régimen contractual de PPP que no llegó a implementar por la crisis económica de 2018-2019.

La segunda arista llamativa es que la Cammesa se quedará inicialmente con casi toda la capacidad diaria de transporte en firme que tendrá disponible el GPNK.

Según los anexos del contrato, la "cantidad diaria contratada (CDC) en condición firme será de hasta 25 millones de metros cúbicos/día" distribuidas de la siguiente manera:

• Hasta 11 millones de m3/diarios en tramo del GPNK sin comprensión entre Tratayén y Salliqueló.
• Hasta 10 millones de m3/diarios adicionales a partir del funcionamiento de las plantas compresoras entre Tratayén y Salliqueló.
• Hasta 14 millones de m3/diarios en reemplazo de los 10 millones de m3/diarios anteriores una vez que quede operativo el segundo tramo del gasoducto entre Salliqueló y San Jerónimo.

Gasoducto Kirchner: la obra insigna del Gobierno genera dudas.

De esta manera, Cammesa seguirá concentrando las compras de gas para las centrales térmicas y postergará sin fecha el restablecimiento de las reglas de juego originarias del sector eléctrico que determinan que los generadores deben acordar el suministro de gas directamente con los productores con contratos a largo plazo.

Un contrato dolarizado

El tercer punto está relacionado con el dato de que el precio que cobrará Enarsa a la Cammesa ha sido pactado en dólares y no en pesos, pese a que el actual Gobierno ha venido cuestionando desde su inicio la "dolarización tarifaria" de los servicios energéticos que había intentado instrumentar la gestión macrista.

La cuarta cuestión que quedó en la mira es cómo ha quedado conformada la tarifa final que deberá pagar la administradora del mercado eléctrico por el uso del gasoducto.

De acuerdo con la "letra chica" del contrato de transporte de gas, la Cammesa tendrá que desembolsar durante los primeros 15 años del acuerdo un valor total de 1,023 u$s/m3 por mes de capacidad diaria contratada que contiene los siguientes componentes:

• Un cargo de 0,023 u$s/m3 por mes de capacidad diaria contratada en concepto de "operación y mantenimiento del GPNK".
• Un cargo de 1 u$s/m3 por mes de capacidad diaria contratada en concepto de "recupero de la inversión efectuada para la construcción del GPNK y la instalación de plantas compresoras entre Tratayén y Salliqueló". Lo recaudado por esta vía, Enarsa lo deberá destinar a la "reinversión y financiamiento de la expansión del GPNK entre Salliqueló y San Jerónimo".

Con esa tarifa especial -que resulta algo más del doble de la que está actualmente vigente en otros gasoductos similares-, los especialistas energéticos calculan que, en los primeros tres lustros de los 35 años que durará el contrato, Enarsa estaría recibiendo un monto total de casi u$s4.500 millones para repagar las obras completas de los dos tramos del GPNK.

¿El costo del gasoducto impactará en las tarifas?

Quién pagará por la obra del gasoducto

Por último, el quinto aspecto saliente está ligado al hecho de que este singular esquema de construcción del gasoducto, que diseñaron los actuales funcionarios de Energía ante la falta de inversores y financiamiento privado y que tiene a la Cammesa como protagonista central, va camino a trasladarle el costo total de las obras a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica.

A menos de que el Gobierno decida instrumentar un nuevo subsidio para cubrir la tarifa de transporte del GPNK, la Cammesa no tendrá otra alternativa que descargar ese pago en el valor final de la energía que compran las distribuidoras y luego traspasan a sus clientes hogareños, comercios e industrias.