El fin de los primeros contratos rubricados bajo la ley vigente aceleró el momento dramático que atraviesan los inquilinos. Este mes se cumplen los tres años de aquellos acuerdos iniciales y, señalan las inmobiliarias, la situación de la oferta se complicará aún más a partir de la decisión de numerosos propietarios de retirar del mercado locativo los inmuebles que se irán "desocupando". Según entidades del ámbito de la comercialización, sólo durante el presente julio al menos 12.800 contratos de locación concluirán en el ámbito de Capital Federal.

Representantes del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) indicaron a iProfesional que de ese volumen de acuerdos que concluyen alrededor del 60 por ciento podría transformarse en una renovación.

Desde la entidad anticiparon que el 40 por ciento restante corresponde a inmuebles cuyos propietarios ya anticiparon la decisión volcarse al alquilar temporario, el mercado turístico o directamente permanecerán cerrados a la espera de un cambio en la normativa.

En este último caso, no faltan dueños que entienden que en lo que resta del año no se aplicarán modificaciones a la ley de alquileres actual. Y que antes que cerrar nuevos contratos atados al ajuste anual que fija la legislación resulta más oportuno aguardar a lo que pueda ocurrir en el Congreso en marzo de 2024.

"Muchos propietarios van a retirar los inmuebles del mercado de alquileres para directamente ponerlos a la venta. Otros, en cambio, apuntarán a poner los inmuebles en la oferta temporaria orientada al turismo", dijo a iProfesional Marta Liotto, titular del CPI.

Aluvión de contratos que vencen

"Son alrededor de 12.800 los contratos que vencen este mes. De ese total el 40 por ciento saldrá del mercado locativo. Estimamos que el 25 por ciento de esa cantidad de departamentos que ya no se volverán a alquilar con contratos extensos entrarán al segmento de los temporarios", agregó.

Los alquileres extensos escasean a la par que se incrementa la opción temporaria.

La directiva sostuvo que la porción restante se dividirá entre quienes directamente buscarán la venta del inmueble o el cambio de ley a partir del arribo de un nuevo gobierno luego de diciembre.

"Hoy estamos en una situación desesperante, con inquilinos que deben dejar los inmuebles en un contexto de oferta prácticamente inexistente", reconoció.

"Por supuesto que en este contexto los inquilinos la están pasando verdaderamente mal. En la mayoría de los casos están pidiendo prórrogas de al menos tres meses para hacerse de tiempo y conseguir una alternativa de mudanza", agregó.

Liotto comentó a la falta de unidades hay que sumar un incremento en las cotizaciones de los alquileres que sigue disparándose semanas tras semanas.

"Muchas familias no llegan con el dinero a los montos que se están pidiendo. Hoy un departamento de dos ambientes no baja de 120.000 pesos. Hay que pensar que el propietario aplica ese ajuste porque, dada la ley actual, sabe que no tendrá un ajuste sino hasta transcurrido un año", explicó la directiva.

Actualizaciones por fuera de la ley

El peso de la inflación, y la merma en la rentabilidad que evidencian los propietarios, viene multiplicando los casos de personas que alquilan a las que se les piden pagos adicionales –de "buena voluntad"– al margen de lo establecido por la normativa.

Propietarios aguardan por un nuevo Gobierno que derogue la ley actual.

Aunque con reservas, en el sector inmobiliario reconocen este "cambio de reglas" pero siempre ligado a un contexto de precios generales desatados y una pérdida del poder adquisitivo de la sociedad cada vez más a la vista.

En torno a organizaciones como Inquilinos Agrupados, al igual que en redes sociales, abundan los post y publicaciones que exponen casos de esa índole. Tampoco faltan las situaciones de inmuebles que se rentan bajo otra categoría para, justamente, sortear el único incremento anual que habilita la ley de alquileres.

Desde Reporte Inmobiliario su CEO, José Rozados, dijo a iProfesional que estas situaciones suceden a partir de una inflación que desactualiza rápidamente los incrementos fijados por la legislación.

"Se le plantea al inquilino, quien puede aceptar o no. Esto claro que no queda asentado en ningún lado", comentó. El experto señaló, también, que en el escenario actual las condiciones solicitadas a los inquilinos se ajustan a "un análisis de riesgo muy exhaustivo, no sólo de lo financiero y económico. También se piden antecedentes personales".