La decisión del Gobierno de sacar a subasta el espectro de 5G viene generando un fuerte rechazo entre las operadoras locales de telecomunicaciones que advierten que se trata de un plan que presenta obstáculos complejos que comprometen su viabilidad.

También aseguran que la gestión del presidente Alberto Fernández intenta hacer un uso político de una medida necesaria; califican a la medida como una "desprolijidad" con precios que escapan de cualquier parámetro a nivel mundial.

Además, cuestionan el otorgamiento de espectro a ARSAT por entender que se trata de una clara búsqueda de reflotar "negocios espurios" que se solventan con el dinero de los impuestos y del Fondo de Servicio Universal (FSU), al mismo tiempo que terminan en la nada.

Claro, Personal y Movistar reclaman por condiciones de la licitación 5G

Esto se debe a que el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dispuso en la medida adjudicarle a la empresa estatal 100 Megahertz (MHz), para que brinde servicios de quinta generación (5G) de telefonía celular, en el marco del anuncio de la subasta de otros 300 MHz del espectro radioeléctrico que se usarán para brindar servicios de 5G.

De acuerdo al cronograma oficial, el próximo 29 de septiembre los operadores deberían presentar sus intenciones de participar de la subasta, que recién se realizaría en noviembre, aunque hasta ahora no habría intenciones de parte de las empresas de hacerlo si no se modifica la norma.

Así surge de un relevamiento hecho por iProfesional entre las grandes empresas del sector y varias compañías medianas y pequeñas que, en su mayoría, reclaman que se revise la medida. Por caso, Movistar; Telecom y Claro emitieron hace unos días un comunicado conjunto donde detallan los problemas que consideran tiene la subasta.

Las tres grandes operadoras del sector reclaman al Gobierno que revise la subasta de 5G o podrían no participar.

En cuanto al precio asignado a cada uno de los Bloques de 100 Mhz de la banda de 3.5Ghz, lo consideran "muy elevado" respecto de la situación macroeconómica del país, de los clientes y del sector.

Ocurre que el valor base establecido por el Enacom es de u$s350 millones, pero aclarando que será el mercado el que estipule su costo real mediante el procedimiento de puja que efectuarán los licenciatarios habilitados a participar.

"A título de referencia, el precio base fijado por el ENACOM supera en un 300% al de igual banda establecido por Brasil, que tiene una situación económica completamente distinta y es uno de los mejores ejemplos de subasta de espectro 5G en la región", sostienen las tres operadoras.

En lo que respecta a la asignación a ARSAT de un bloque de 100 Mhz a título gratuito hablan de "una contradicción y distorsión económica anticompetitiva e irregular" y de un "hecho de enorme inseguridad jurídica".

Por otra parte, cuestionan la imposición de planes y regulaciones de precios y sostienen que se trata de un "claro remedo del DNU 690/2020, cuyos efectos fueron negativos, distorsivos y recesivos para el país".

Licitación 5G: concurso viciado

Por estos motivos, las empresas entienden que para atender en forma eficiente al crecimiento de las redes móviles actuales, se debe optar por un procedimiento competitivo oneroso y hacer uso de la asignación del espectro 4G, que se encuentra sin utilizar desde hace más de siete años.

Para otras empresas de telecomunicaciones, la licitación 5G está sobre regulada por el Gobierno.

"Las Operadoras Móviles de Argentina, Claro, Personal y Movistar, queremos invertir y competir, queremos colaborar con el desarrollo del país y queremos desplegar el 5G, que es un paso muy importante que Argentina tiene que dar y darlo bien", aseguran las empresas en el comunicado. Sin embargo, advierten sobre la necesidad de revisar las condiciones, dado que en este escenario es imposible el despliegue de 5G y será, en consecuencia, difícil la presentación al concurso.

Por su parte, entre las operadoras medianas y pequeñas también existe gran malestar por entender que el Gobierno pretende hacer un uso político de la subasta. Advierten que Alberto Fernández ha desaprovechado cuatro años de gestión "que ha modificado normas que fueron guías a nivel internacional, como la totalidad del DNU 764/2000 que desreguló".

Ahora, al contrario de seguir las iniciativas de actores como Brasil, que trabajó dos años un proceso licitatorio basado en inversiones con los operadores y que garantiza el 5G en siete años para todo el país, agregan que "realiza este engendro que combina tarifas, que no pudo meter con el DNU 690/2020, con negocios oscuros a partir de dejarle frecuencias a ARSAT".

En este sentido, recuerdan que la operadora estatal ya tiene frecuencias, que están retenidas y nunca fueron usadas, lo cual significa falta de conectividad para los argentinos en 4G.

Para otras operadoras, se trata de una "expresión" regulatoria

En otras empresas, califican a la subasta como "una desprolijidad", señalan nuevamente que los precios escapan a cualquier parámetro a nivel mundial y cuestionan que se realice la licitación sin haber aumentado la cantidad de espectro en general que puede tener cada operador.

"Nos dijeron que reformulaban la tenencia de espectro milimétrico como forma de pago para las bandas medias, y nos quitaron frecuencias adquiridas arriba de los 10 GHz para luego hacer semejante barbaridad", detallan en una de las compañías del sector. En otra empresa, consideran a la subasta como "la peor expresión de políticas regulatorias que hemos visto, concordante con la incapacidad de los actores a cargo".

También existe malestar por la banda cedida a Arsat y por entender que el Gobierno pretende hacer un uso político de la subasta.

En otra compañía agregaron que cederle espectro a Arsat, en asociación con privados, "que sin invertir hacen uso de la infraestructura del Estado brindando servicios les da ganancia sin generar riesgos ni beneficios comunes".

Por eso entienden que se trata de una "terrible distorsión regulatoria que una empresa que hoy tiene espectro, y no lo ha usado, sea beneficiaria a título gratuito de 100 MHz más y que pueda acreditarse el espectro que no tenga oferta de parte de los operadores que sí invertimos."