Adjudican millonaria y polémica licitación para alimentar aspirantes a guardiacárceles
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El 16 de agosto pasado, se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la adjudicación de una licitación convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el objeto de resolver la adquisición de desayunos, almuerzos, meriendas y cenas con destino a la Escuela de Suboficiales "Juan Carlos García Basalo" del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Se trata de un instituto educativo, cuya misión es la formación de los futuros recursos humanos que se incorporarán a la carrera de suboficial en los escalafones auxiliar, cuerpo general y profesional del sistema carcelario nacional.
De hecho, el pasado viernes finalizaron los cursos que habitualmente duran entre cuatro y cinco meses y se recibieron alrededor de 100 aspirantes o cursantes.
En la norma se daba cuenta de la aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares del llamado; de la presentación a la licitación de las empresas FoodRush Gastronomía y Dasem y de un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que, luego de un profundo análisis de la documentación y de la comparación de las ofertas presentadas, recomendó la adjudicación a FoodRush "por encontrarse inscripta y con sus datos actualizados en el Sistema COMPR.AR y por resultar conveniente en materia económica" y de desestimar la propuesta de Dasem.
Vieja conocida. el Gobierno eligió la oferta más cara
La empresa no es desconocida en el ambiente carcelario federal, ya que ofrece el mismo servicio en las cárceles de Mendoza; La Pampa y otras del sur del país y en el documento oficial además se justificaba la adjudicación a pesar de que su oferta fue un 10% más cara que el precio testigo establecido en los pliegos e informado por la SIGEN, de acuerdo a lo previsto en la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias.
Tras haber tomado intervención la Dirección de Auditoría Contable y la Auditoría General, que dependen de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, el ministerio a cargo de Martín Soria y la jefatura de Gabinete de ministros que preside Agustín Rossi decidieron de todos modos adjudicar el proceso a FoodRush para que provea desayunos, almuerzos, meriendas y cenas a los suboficiales de la escuela del SPF.
El precio establecido que la empresa cobrará será algo mayor a los $471 millones, gasto que será atendido por las partidas de Justicia.
Se trata de un valor diario de $5.770 o de $173.100 por mes por cada alumno que, en el mercado consideran como un "pago exorbitante" por un servicio de alimentación de este tipo que estableció la Licitación Pública 31-0021-LPU2 que cubre una ración completa, desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Para el mercado, se trata de un valor "exhorbitante"
Esta cifra, se encuentra un 75% por encima de los precios que, por ejemplo, está abonando el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para alimentar a una población similar en la Escuela de Policía Juan Vucetich.
De hecho, comparando servicios similares y valores actuales, se nota que el valor establecido en esta licitación está muy por encima de lo que pagan otros organismos del Estado.
Además, se trata de un gasto que supera en más del doble lo que el Gobierno destina para el pago de los haberes de un jubilado en Argentina, solo para alimentar a los alumnos de la escuela Basalo. De igual forma, no es el único negocio que FoodRush tiene con el gobierno nacional en el marco del sistema carcelario.
En el 2020, el Servicio Penitenciario Federal dio también el visto bueno para la adjudicación de la licitación del servicio de viandas para personal penitenciario e internos del penal de la ciudad mendocina de Luján de Cuyo.
En ese momento, la convocatoria oficial era para garantizar 215.000 raciones anuales de desayuno, almuerzo, merienda y cena y recibió la oferta de cuatro empresas de las que fue seleccionada Foodrush Gastronomía S.A., que presupuestó $151.8 millones.
Si bien la adjudicataria no presentó la oferta más elevada, su presentación estaba casi $60 millones por encima de la más económica.
Y como en el caso de la escuela Basalo, la Sigen había advertido que la oferta se encontraba un 43% arriba de los precios de referencia de alimentos establecidos en Precios Mayoristas y del Mercado Central. Sin embargo, el dictamen oficial consideró a la oferta "lógica y conveniente" y señaló que las observaciones de la Sigen no contemplaban la evolución de la inflación para ese año que calcularon entre el 35,9% y el 44,5%.
FoodRush Gastronomía es una empresa de los hermanos Alejandro y Darío Affonso. El primero es el apoderado y vocero de una UTE compuesta por F.R. Inversiones y Dialal S.R.L., en calidad de titular de esa última empresa que en el 2018 se quedó con la concesión de Uso y Explotación del Cerro Montaña Glaciar Martial, en Tierra del Fuego, en un episodio envuelto en denuncias por presuntas irregularidades.
La empresa Arakur S.A., que competía por la concesión del centro invernal, hizo una presentación ante el Tribunal de Cuentas fueguino denunciando que FR Inversiones contaba con "un patrimonio neto negativo" y que Dialal SRL tenía un saldo bancario "girado en descubierto", por lo que aseguraban que la UTE poseía una "orfandad de capacidad económica y financiera" para "llevar a cabo efectivamente los futuros compromisos".
No es el único caso de sospechas. También en 2018, la ONG Bajo la Lupa, que dirige Margarita Stolbizer, denunció que el gobierno de Cambiemos había contratado consultorías por unos $175 millones "sin que las mismas se encuentren justificadas de manera suficiente".
Entre los casos que mencionaba la exdiputada, estaba el de Dialal SRL, que fue contratada por el entonces ministro de Producción, Dante Sica, para desarrollar el Programa de Mentoría de emprendedores de esa cartera por un monto de casi $50 millones.
La ONG de Stolbizer precisó entonces que esa empresa figuraba inscripta como proveedora de "servicios minoristas de agencia de viajes, no encontrándose fundamento para la adjudicación de casi $50 millones".