Tras la decisión tomada en julio de prorrogar parcialmente las concesiones, el Gobierno volvió a dejar en claro que la estatización de los complejos hidroeléctricos de la Patagonia es un objetivo a cumplir en el corto plazo. A tono con esto, el Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa incluyó el retorno a las usinas al control estatal en el proyecto de ley de presupuesto que acaba de llegar al Congreso. Al mismo tiempo, el oficialismo expuso su intención de crear una nueva empresa estatal para la administración de estas centrales y, en simultáneo, omitió todo detalle respecto de cuál será la injerencia de las provincias donde se ubican las hidroeléctricas.

La propuesta de estatización abarca a 22 contratos que comenzaron a vencer en el mes de agosto –tres resultaron prorrogados– y que terminarán de concluir en el transcurso del año 2024.

Durante la primera semana de julio, el mismo Massa tomó la decisión de extender por 120 días más los acuerdos que concluyeron el 11 de agosto. Dicha decisión tomó por sorpresa a todo el ámbito energético en tanto Nación venía de establecer que ENARSA e IMPSA participarían en la evaluación de las centrales que, se preveía, debían volver a control estatal en agosto.

El aplazamiento fue asumido como un intento preelectoral de Massa por bajar el nivel de conflicto con Río Negro y Neuquén, que reclaman una participación directa en el proceso de estatización de estas usinas.

Ambas provincias expusieron en múltiples oportunidades sus intenciones de asumir el control de estas instalaciones con vistas a acceder a un negocio de explotación estimado en 800 millones de dólares anuales. En la vereda de enfrente, el oficialismo argumentó en reiteradas ocasiones que, en tanto las represas "las pagó Nación en su momento", corresponde que la explotación de cada complejo regrese a ese actor.

Ahora, el oficialismo dispuso en el proyecto de ley de presupuesto el retorno de las represas precisamente a la órbita nacional, aspecto que sería tratado para su aprobación una vez concluidas las próximas elecciones.

El apartado que refiere a la estatización en el proyecto de ley de presupuesto.

Se creará una empresa para administrar las represas

En el artículo 78 de su propuesta, el Gobierno fijo, además, que a "la finalización de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional, la administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados oportunamente en concesión será asumida por ENERGÍAS HIDROELÉCTRICAS S.A.U., dependiente de ENERGÍA ARGENTINA S.A. (EASA)…".

"(Esto), con el objetivo de asegurar la plena operatividad de las centrales, la continuidad de los servicios y el correcto funcionamiento de las instalaciones, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por las obligaciones asumidas por los actuales concesionarios", se indicó en el texto oficial.

Energías Hidroeléctricas, la empresa que Economía propone para manejar las centrales, señala el proyecto de ley, incluso "podrá comercializar la energía eléctrica producida por éstas" y tendrá "plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones".

Contará, también, con la potestad para la "realización de actividades complementarias que resulten necesarias tales como estudios, proyectos, construcciones, renovaciones y ampliaciones de los bienes revertidos al Estado Nacional".

Este año, los contratos con hidroeléctricas que vencen corresponden a Alicurá (1.000 megavatios), actualmente operada por la empresa AES Argentina, El Chocón (1.200) y Arroyito (120), a cargo de la firma Enel Generación, Planicie Banderita (450), operada por Oroazul Energy, y Piedra del Águila (1.400), bajo control de Central Puerto.

Ya en 2024 vencerán las concesiones de Río Hondo y Los Quiroga, operadas hasta ahora por Apuaye.