Luego de la crisis de la convertibilidad, el gasto público primario de la Argentina creció de manera significativa: pasó de representar el 25% del PBI en 2004 a 44,2% (+19,2 p.p.1) en 2015. Y si bien desde el 2016 comenzó a descender -proceso interrumpido únicamente en 2020 por la pandemia-, aún se sitúa en niveles considerablemente elevados que rondaron el 38,9% del PBI en 2022. 

De hecho, en los últimos dos años, el descenso del gasto público sobre el PBI se fundamenta en buena medida por la aceleración inflacionaria que impactó temporalmente en desmedro de salarios y jubilaciones.

Los datos forman parte de un informe distribuido por IDEA en el Coloquio que la organización empresarial está llevando a cabo en el Hotel Sheraton de Mar del Plata y en el cual se asegura que, si se compara la situación actual frente a la de comienzos de los años ‘80, se observa una expansión generalizada en todos los niveles de Gobierno. 

La mayor parte del aumento -el 54%- se explica por las provincias, cuyas erogaciones crecieron un 123% (+8,9 p.p. del PBI), mientras que en el caso de la Nación el incremento fue del 5,5% y en municipios del 2,1%, y ambos explican el 33% y 13% respectivamente de la expansión total. 

Así, el gasto público consolidado pasó de 28,2% del PBI en el quinquenio 1980-1985 a 44,7% en 2016-2021, es decir una suba de 16,5 puntos porcentuales.

Adónde va el dinero

El documento de IDEA analiza el uso que el Estado le da a los fondos que recauda con los impuestos y sostiene que las partidas sociales explican el 65% del gasto total, sin muchas diferencias entre los distintos niveles de Gobierno. Asimismo, buena parte del gasto nacional es destinado a servicios económicos (14%), mientras que municipios y provincias lo requieren para el funcionamiento del Estado (25% y 22%, respectivamente).

Como consecuencia de la notable expansión de los últimos 30 años, la Argentina gasta muchísimo más que el resto de los países de América Latina: el gasto público total fue un 42,5% superior a la media regional en 2015-2019, y estuvo solo por detrás de Brasil. A su vez, el gasto provincial (17,3% del PBI) es el más alto de América Latina y triplica el promedio regional.

Empresarios Reclaman que el equilibrio, la eficiencia y la sostenibilidad del gasto público debe ser una prioridad absoluta para el próximo gobierno

"Las diferencias con nuestros vecinos no se limitan meramente a una cuestión de tamaño, sino también de usos: el gasto corriente (39,5% del PBI) y el pago de intereses (3,8% sobre el Producto) se encuentra muy por encima de la media regional (+13,3 p.p. y +1,5 p.p., respectivamente), mientras las erogaciones de capital (4,5% del PBI) están por debajo (-0,6 p.p.)", señala el informe.

Es decir que la enorme diferencia en el gasto corriente se explica por las partidas de subsidios y pensiones, sustancialmente más altas en la Argentina, en tanto el elevado nivel de gasto no se traduce necesariamente en mejores resultados en términos relativos cuando se compara con la región. 

En este sentido, los casos más paradigmáticos son la educación y la situación social. El gasto público en educación promedió el 5,3% del PBI en la Argentina durante los últimos años, cifra superior a la media regional (+0,4 p.p.) y solo por detrás de Brasil. Pese a esto, el país cayó sistemáticamente en el ranking de las pruebas PISA, y hoy se encuentra entre los de peores resultados de la región. 

En materia social, la Argentina destina casi 14 puntos del PBI a partidas sociales (+0,8 p.p. vs. el promedio de América Latina). Sin embargo, es el país que menos redujo la pobreza desde 2010, y el segundo peor en términos de reducción de la desigualdad, de acuerdo al documento donde se advierte que la falta de resultados se explica por la ineficiencia del gasto público argentino. Es decir, en cómo se distribuye el gasto entre las distintas funciones y en cómo se combinan los distintos insumos necesarios para la producción de servicios públicos.

Para IDEA, la Argentina no solo "gasta mucho y en forma ineficiente", sino que utiliza la política fiscal "a contramano" de lo que recomienda la teoría económica: aumenta el gasto cuando la actividad crece y lo ajusta cuando la actividad se contrae.  Se trata de un sesgo muy procíclico de la política económica que profundiza el ciclo económico en vez de suavizarlo. En este sentido, es uno de los países con peor desempeño a nivel mundial en términos de la utilización de la política fiscal como herramienta de estabilización del ciclo económico.

Desequilibrio fiscal agudizado

Ahora bien, para los empresarios el creciente gasto es un síntoma de la preocupante falta de disciplina fiscal: si se analizan los últimos 62 años, el Sector Público Nacional ha tenido superávit primario solo en 16, y superávit fiscal en 7 (11% de los años). "Esto es, sin lugar a dudas, una de las principales causas de la inestabilidad económica del país, algo que se ve reflejado en la dinámica inflacionaria: a medida que se agudizaron los desequilibrios fiscales, la inflación se aceleró; por el contrario, cuando esos desequilibrios se corrigieron, la inflación disminuyó", aporta el trabajo.

Además, el permanente desbalance fiscal de Nación (213% del PBI acumulado desde 1970) se tradujo en un incremento casi sin interrupciones de la deuda pública en los últimos 50 años: pasó de u$s4.000 millones en 1970 a u$s394.000 millones en 2022. 

El permanente desbalance fiscal de Nación se tradujo en un incremento casi sin interrupciones de la deuda pública

Y esto se dio pese a que la presión tributaria también aumentó considerablemente: la recaudación total pasó de representar el 14,1% del PBI en 1980-1984 a 29,6% en 2016-2021.

Traduciendo los datos del informe se puede sostener que el gasto público argentino aumentó casi sin interrupciones durante las últimas décadas, y su nivel actual es muy superior al de la media regional. 

Sin embargo, este incremento no se tradujo necesariamente en mejoras para la sociedad, destacándose el deterioro en materia social, educativa y de seguridad. 

"La Argentina gasta mucho y de manera muy ineficiente", advierten desde IDEA en su documento en el cual agregan que el país "ha mostrado una notable falta de disciplina fiscal, lo que se ve reflejado en déficit fiscal permanente y explica el importante crecimiento de la deuda pública y la inflación crónica". 

Cómo resolver el problema 

En un relevamiento realizado por IDEA y publicado bajo el nombre de "El país que queremos construir", más de 80 CEOs coincidieron en identificar el potencial de crecimiento que tiene la Argentina. 

Por eso, y sobre la base del diagnóstico compartido, la institución elaboró propuestas que se centran en tres dimensiones relevantes del gasto público nacional: el sistema previsional, los subsidios energéticos y las empresas públicas.

Según el documento las alternativas para mejorar el gasto público son:

1. Reordenar el sistema previsional de manera equitativa y sostenible. Esto, porque la dinámica demográfica marca que, de no modificarse el sistema previsional en forma integral, en pocos años su gasto asociado y el déficit aumentarán exponencialmente. Atendiendo a esta complejidad, esta reestructuración del sistema debe realizarse de una sola vez, de manera contundente, contemplando todas las dimensiones asociadas y procurando cumplir con principios de cobertura, suficiencia, equidad y sostenibilidad. En este sentido, junto al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), los empresarios plantean que una propuesta de reordenamiento del sistema previsional debe contemplar, en primer lugar, las vías de acceso al sistema. "Por eso, proponemos eliminar el requisito de años mínimos de aportes (que hoy encuentra la condición de 30 años) y unificar el acceso al régimen general y a pensiones no contributivas, terminando así con las distorsiones originadas por las moratorias", reclaman los hombres de negocios. 

2. Racionalizar y reducir los subsidios energéticos. Para IDEA, los subsidios económicos generan una creciente carga para el Estado y de sostener su dinámica continuarán afectando su sostenibilidad financiera. A modo de ejemplo, el documento señala que sólo en 2022, los subsidios a la energía representaron 2,4% del PBI superando los u$s12.000 millones. En este marco, desde IDEA, proponen reducir y eficientizar la implementación de subsidios, avanzar en la segmentación de dos categorías de consumidores según sus niveles de ingreso: los de mayores ingresos, que concentraría a un componente mayoritario de los usuarios, y donde se avanzaría a la tarifa plena generalizada de energía eléctrica y gas (hacia 2024, y los sectores de menos ingresos, que continuarían con tarifa social con incremento progresivo y significativo tanto en energía eléctrica como en gas natural. De esta forma, IDEA asegura que se podría reducir el impacto financiero negativo, acompañando las demandas de los consumidores con mayores niveles de vulnerabilidad. Ante este panorama, entre 2022 y 2027, los subsidios a la energía se podrían reducir en más de u$s9.600 millones (78%) en un escenario intermedio con los incrementos tarifarios propuestos, lo que implicaría una reducción de alrededor de 2% del PBI respecto al escenario actual.

3. Eficientizar el desempeño de las empresas públicas. Al respecto, los empresarios entienden que, en el escenario actual de las finanzas públicas, es sumamente necesario implementar acciones destinadas a las empresas públicas con el objetivo final de que puedan desempeñarse de manera económicamente sustentable y operativamente eficiente sin necesidad de contar con financiamiento preferencial del Estado.

Las propuestas contemplan mejorar el desempeño económico de las empresas  estatales, operando con presupuestos equilibrados, eliminando las asistencias financieras del Tesoro para cubrir déficits operativos. A la par, entienden que es necesario que las empresas públicas se desempeñen en un marco de competencia para no atentar contra la capacidad de empresas del sector privado.  Del mismo modo, plantean la creación de un holding administrador de las empresas de propiedad estatal que dejen de lado la dependencia directa de los ministerios para pasar a Jefatura de Gabinete.

De manera paralela, piden la incorporación de un capítulo especial a la Ley 26.831 que cree un Régimen de Transparencia y Responsabilidad en la Administración de Empresas Públicas, Entes Públicos y Fondos Fiduciarios bajo la órbita de la CNV, con normas de presentación de información financiera, hechos relevantes y responsabilidad de los administradores similares a los que rigen para el sector privado.

"Consideramos fundamental establecer estándares medibles para la aprobación y asignación en cargos de roles de dirección a través de normas de gobernanza y auditorías externas, con claras exigencias en relación con sus plazos de presentación y publicidad a partir del régimen establecido por la CNV", reclaman los empresarios.