Las idas y vueltas en torno a la vigencia o no del artículo del DNU que deroga la Ley de Tierras quedaron desactivadas tras una última decisión judicial que dejó sin efecto la cautelar que bloqueaba lo dispuesto por la gestión Milei. El rechazo a esa presentación reavivó la apuesta oficial por el arribo de capitales foráneos y su posicionamiento en el territorio nacional. Precisamente, la quita de límites a la cantidad de tierras que puede comprar un extranjero volvió a encender el interés por la adquisición de campos y lotes en zonas estratégicas de la Argentina. Desde el segmento de las inmobiliarias rurales reconocen "interés manifiesto de los inversores", además de señalar que en determinadas áreas la tierra del país cotiza hasta un 50% por debajo de los valores vigentes en otras naciones de la región.

Según datos de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), el ritmo de las últimas semanas viene siendo de "un aumento de consultas, luego mayor cantidad de pedidos concretos de inversores, mayores visitas, pedidos firmes y claros por parte de los inversores, una corta/mediana negociación y finalmente una operación concretada".

"Estamos ante un mercado activo, con oferta y demanda equilibrada, levemente con una mayor demanda y poca oferta para campos agrícolas de muy buena calidad, como siempre ocurre y ocurrirá, y cierto equilibrio para campos mixtos y una mayor oferta o sobreoferta para campos ganaderos", afirmó la entidad.

"Sudamérica, con todos los problemas que tiene, sigue siendo una alternativa viable y dentro de Sudamérica, Argentina parece seguir siendo la ‘niña bonita’, no tanto por carecer de problemas sino más bien por su riqueza en recursos, tanto agrológicos, como humanos, lo que brinda condiciones necesarias para poder recuperarse", agregó.

La Justicia volvió a activar la derogación

De acuerdo a la CAIR, los precios de lotes y campos mantienen, con matices, una tendencia a la baja prácticamente desde el año 2013. "El costo de oportunidad es beneficioso si lo comparamos con los valores de otros países", señala la organización.

Los intentos por acentuar la venta de tierras a extranjeros recibieron un espaldarazo hace 10 días cuando el juez federal Alberto Recondo dejó sin efecto la medida cautelar que suspendió la derogación de la Ley de Tierras establecida en el DNU 2023/70 a raíz un pedido del Centro de ExCombatientes de Islas Malvinas La Plata (CECIM).

La derogación permite la compra indiscriminada de tierras por parte de extranjeros.

El magistrado no le dio a esa entidad "legitimación" para solicitar la anulación de ese tramo de la medida del Gobierno de Javier Milei.

"La calidad alegada es insuficiente para constituir al Centro peticionante en la condición de parte legitimada, por lo que corresponde el rechazo de la presente acción", indicó Recondo en su texto, luego de citar un caso de la Corte Suprema denominado causa "Cerámica San Lorenzo".

"Me veo obligado a señalar que no surge que el Centro actor se encuentre facultado para actuar en juicio en representación de la comunidad toda; tampoco ello surge de las atribuciones otorgadas a la Comisión Directiva, Presidente y Vicepresidente del mismo", argumentó.

Los cambios que fijó la derogación vía DNU

La decisión del presidente Javier Milei y su equipo acabó con el límite de 15 por ciento que, en términos de posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel municipal, provincial y nacional, fijaba la ley 26.737.

Otro aspecto relevante que establecía la normativa: "En ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30%) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales".

Por último, la norma impedía a los extranjeros controlar más de 1.000 hectáreas en puntos como la Zona Núcleo, el corazón del agronegocio en la Argentina. Con el cambio de régimen, esa área también puede volverse propiedad de inversionistas o capital trasnacionales.