Los "dueños" del subte también van por la privatización de AySA

Los resultados electorales del pasado 26 de octubre no solamente calmaron a los mercados financieros y despejaron el futuro inmediato del llamado "riesgo K", sino que parecen haber acelerado los tiempos del proceso de privatizaciones que el gobierno nacional viene encarando desde que Javier Milei desembarcó en la Casa Rosada.

Si bien hasta ahora, solamente se traspasó una sola empresa con capital estatal al sector privado, como es el caso de la metalúrgica mendocina IMPSA, la administración libertaria buscará, por lo menos, lanzar los pliegos para varias licitaciones que se encuentran en carpeta, antes de que finalice este 2025.

Uno de esos procesos es el vinculado a Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima.

Es decir, el de AySA que, a partir de la sanción de la Ley Bases, quedó sujeta a ser vendida de manera total o mayoritariamente y que, según las autoridades nacionales, responde a una decisión estratégica que busca reordenar y modernizar el esquema de prestación del servicio, bajo reglas claras, previsibles y con una nueva institucionalidad.

En el gobierno nacional suelen decir que el proceso está regido por los principios de transparencia, competencia y máxima concurrencia, garantizando condiciones equitativas para potenciales inversores y promoviendo un modelo de gestión profesional, con fuerte supervisión del Ente Regulador y una clara delimitación de roles entre el operador, el regulador y el Estado.

En este contexto, los funcionarios a cargo del proceso aseguran que la atracción de inversión privada no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para consolidar un servicio sustentable y ordenado, con capacidad de planificación, ejecución de obras y modernización operativa.

"Se busca revertir una situación crónica de ineficiencia operativa y dependencia financiera", agregan en los pasillos del Ministerio de Economía, donde deben dar el visto bueno para la publicación de los pliegos de bases y condiciones de la privatización en un plazo que algunos anticipan será antes de fines de diciembre próximo.

Años de déficit constante

La decisión es ceder la empresa que opera una de las cinco concesiones más grandes del mundo en términos de usuarios, con 11 millones de clientes, y cuyo servicio abarca la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia de Buenos Aires que integran el conurbano bonaerense.

Se trata de una sociedad estatal que, entre el 2006 y el 2023, fue asistida por el Tesoro Nacional, que volcó alrededor de u$s13.400 millones para sostener sus operaciones que, de todos modos, muestran un fuerte deterioro, en especial en la infraestructura de la empresa.

Además, su planta de personal creció un 90% en los últimos 17 años, pasando de los 4.050 empleados que tenía en el 2006, a los 7.708 del 2023, sin mejoras proporcionales en cobertura ni calidad de servicio.

En el Gobierno aseguran también que la productividad laboral cayó de 5.200 m3 a 3.800 m3 por empleado y que los costos operativos por m3 subieron un 80%, además de que la alta morosidad y cultura del "no pago" alcanzó el 16% cuando supo ser del 4%, profundizando el déficit financiero y la necesidad de mayores subsidios.

En el mismo sentido, el índice de pérdidas se mantiene, sin mostrar mejoras en casi 20 años, en el 42%, muy por encima de estándares internacionales y las decisiones políticas tomadas, en especial, por los gobiernos kirchneristas, afectaron la planificación técnica y la asignación eficiente de los recursos y profundizaron los problemas estructurales.

Plan de transición

A partir de este escenario, la administración libertaria "vende" la privatización de AySA como una oportunidad de modernización y profesionalización que permitiría incorporar capital y know‐how internacionales, tecnologías de punta, incentivos de eficiencia y un gobierno corporativo transparente, alineado con estándares globales.

En la actualidad, el 90% del capital de la sociedad pertenece al Estado nacional, mientras que el 10% restante corresponde al personal a través de un Programa de Participación Accionaria.

La administración libertaria vino tomando medidas para poder readecuar la estructura comercial y financiera de la sociedad a partir de la readecuación tarifaria y la puesta en marcha de un "Plan de Acción de Transición" que establece compromisos de prestación del servicio en función de los recursos disponibles, para lo que restaba del 2024 y para los ejercicios 2025 en curso y 2026.

El marco también obligó a las autoridades de AySA a enfocarse en la operación y el mantenimiento de los servicios dentro de las áreas actualmente servidas de agua potable y desagües cloacales a partir de dos grandes líneas de acción.

Por un lado, el proceso de revisión, análisis y priorización de proyectos de inversión de mejora y mantenimiento del servicio a partir de ciertas premisas ordenadoras que establecen criterios para establecer las prioridades.

Por otro lado, llevar a cabo un proceso de revisión de las obras de expansión del servicio que se encontraban con contrato vigente al inicio de la gestión y mantener gran parte de esas iniciativas por medio de su financiación y ejecución a cargo de otros actores gubernamentales.

El rol del Banco Mundial

Además, se concretó un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional (CFI), considerado el brazo financiero del Banco Mundial para que asista a las autoridades de la compañía en la gestión de las diversas líneas de trabajo necesarias para prepararla para su venta.

Si bien todavía no se dieron a conocer detalles de los pliegos de bases y condiciones, se estima que el plazo de concesión sería de 30 años, tal como se estableció para otras licitaciones en la llamada Ley Bases.

En cuanto al monto de la concesión, se presupone que no será una cifra muy alta teniendo en cuenta que el grupo que se quede con AySA deberá hacerse cargo de un multimillonario plan de inversiones ya armado por el Gobierno para los próximos cuatro años, además de inyectar fondos propios para mejorar la infraestructura y los servicios de la compañía.

En este contexto, la lista de candidatos a participar de la licitación de AySA es cada vez más creciente y abarca a empresarios locales y varios grupos extranjeros.

Lista de candidatos

El más nombrado es Mauricio Filiberti, conocido como el "señor del cloro" y socio en partes iguales de Edenor con José Luis Manzano y Daniel Vila.

Es también el dueño del grupo Transclor, petroquímica que abastece de productos como el policloruro de aluminio para la purificación del agua, que posee su principal planta en la localidad bonaerense de Pilar y que está abocada a la producción de Cloro-Soda.

También se menciona al grupo francés Veolia, fundado en 1853 y que opera a nivel mundial en la gestión de recursos como el agua, los residuos y la energía.

Se dedica a diseñar e implementar soluciones para la gestión de estos recursos, promoviendo la economía circular y la sostenibilidad y en el 2024 facturó 44.700 millones de euros.

Además, se habla de dos compañías brasileñas y en las últimas horas se sumó a la lista el Grupo Roggio, que ya opera en el mismo negocio si se tiene en cuenta que es concesionario de Aguas Cordobesas, la concesionaria del servicio de agua potable para la ciudad de Córdoba, y que adquirió en diciembre de 2006, luego de que los grupos Suez y Aguas de Barcelona se retiraran del negocio.

El grupo Roggio, a través de su área de Agua y Saneamiento, se encarga de la gestión de la que es considerada la segunda concesionaria del servicio de agua potable del país, precisamente detrás de AySA, además de que en los últimos años vino trabajando en una gran cantidad de obras de saneamiento, acueductos, incluso para la empresa estatal que ahora busca adquirir.

En los últimos meses, el holding cordobés se muestra activo y participa de casi todos los procesos de obra pública nacionales y provinciales que se anuncian en varios rubros como los de saneamiento; ferrocarriles y rutas, entre otros.

De hecho, acaba de quedar afuera de la licitación del primer tramo para desarrollar la nueva "Red Federal de Concesiones" que promueve el Ministerio de Economía correspondiente a 741 kilómetros que integran la Etapa I del nuevo entramado de autopistas que el gobierno del presidente Javier Milei quiere entregar en concesión.

De igual modo, el grupo quiere presentarse a varios procesos licitatorios convocados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vinculados a obras de infraestructura para la red de subterráneos y para la construcción del llamado Anillo de Pampa", un túnel de doble mano que unirá la zona del Bajo Belgrano con el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.

En la actualidad, el Grupo Roggio El Grupo Roggio opera en varios sectores, incluyendo ingeniería y construcción, gestión de residuos, transporte (urbano y ferroviario), agua y saneamiento, tecnología, y entretenimientos y turismo.

A través de sus diversas empresas, se dedica a proyectos de infraestructura, servicios de transporte como la operación de subtes, la recolección de residuos, el suministro de agua potable, desarrollo de software y gestión de casinos y apuestas online.

El holding viene priorizando los proyectos públicos con financiación de organismos internacionales y, especialmente, los proyectos con clientes privados y en el exterior a través de su controlada BRH con la cual también quiere crecer en otros países latinoamericanos en donde ya opera como Perú.

Para el caso de la actividad de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, donde está a cargo de las líneas de subte y del Premetro por un plazo de 12 años y con la posibilidad de extenderlo por tres años adicionales, se encuentra llevando a cabo un proyecto "innovador y ambicioso", que cuenta con la asistencia técnica de la DB Deustche Bahn E&C, empresa líder en digitalización y nuevas tecnologías aplicadas al transporte.

En el corto plazo, el contrato se continúa prestando bajo ciertas cláusulas transitorias aplicables al programa operativo derivadas del impacto de cambios en los hábitos de transporte de los usuarios a partir de la pandemia de Covid-19.

Por su parte, Metrovías, que continúa brindando el servicio relacionado con la operación de la Línea Urquiza, prorrogada hasta septiembre próximo o hasta que se vuelva a adjudicar la operación, buscará sostener estándares altos de calidad y aplicar mejoras en la eficiencia de la operación.