Denuncian a Petroquímica Río Tercero por presunto vaciamiento y "estafa procesal"
Cuatro exempleados de la empresa Petroquímica Río Tercero S.A. (PR3) presentaron una denuncia penal contra Verónica Vara, dueña y directora del Grupo Piero. La acción judicial fue impulsada por el abogado patrocinante de los denunciantes, el penalista riotercerense Carlos Ríos, quien precisó que la acusación es por los presuntos delitos de administración fraudulenta, vaciamiento de empresa y tentativa de estafa procesal.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 43, con intervención de la Fiscalía N.º 24, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presentación se realizó en ese fuero debido a que la empresa tiene domicilio legal en esa jurisdicción.
La situación de la empresa
Petroquímica Río Tercero es una de las tres industrias más grandes de la ciudad y desde hace más de un año mantiene un conflicto con el gremio y con empleados despedidos. Desde julio pasado la firma interrumpió totalmente su producción, con las plantas paralizadas mientras continúa el litigio entre la empresa y el sindicato de los químicos.
Según detalla la denuncia, PR3 integra un grupo empresario de capitales nacionales controlado por una misma persona, Verónica Vara, quien además se desempeña como presidenta del directorio.
La presentación judicial sostiene que el concurso preventivo de PR3 "no fue la consecuencia de una crisis económica inevitable", sino el resultado de decisiones deliberadas adoptadas dentro del grupo económico. De acuerdo con el escrito, se trató de una reestructuración orientada a beneficiar al resto de las empresas del grupo —entre ellas Piero, Suavestar y Canon—, trasladando el costo del ajuste a trabajadores y acreedores de Petroquímica Río Tercero.
En ese marco, se solicita a la Justicia que determine si la insolvencia de la firma es real o presuntamente provocada, con el objetivo de que los costos recaigan sobre terceros. Desde 1981 y hasta 2024, la planta de PR3 tuvo como producto central el TDI (diisocianato de tolueno), un insumo clave para la industria colchonera y de autopartes, que abastecía principalmente a empresas del mismo grupo. En 2024, en un contexto económico y de competitividad adverso, la compañía cerró esa unidad productiva y comenzó a importar TDI desde China, argumentando razones de costos.
La denuncia afirma que, a partir de esa decisión, la empresa fue "progresivamente desactivada, privada de ingresos y conducida a la insolvencia". En octubre de 2024, la firma despidió a unos 120 trabajadores de un total de 375 al cerrar la unidad de TDI. En julio de 2025 cesanteó a otros 124 empleados y, pocos días después, se presentó en concurso preventivo.
Según el escrito, los balances utilizados para esa presentación estaban certificados con anterioridad a los despidos, lo que, de acuerdo con la denuncia, demostraría que la insolvencia fue planificada. Esa maniobra habría permitido ahorrar más de $9.000 millones en indemnizaciones y alrededor de $1.500 millones en salarios, al ingresar al concurso con gran parte del personal desvinculado.
Cuestionamientos al esquema aplicado
La denuncia describe esta operatoria como un mecanismo para reducir el pasivo exigible y transferir el costo del ajuste a los trabajadores y acreedores. También sostiene que el concurso fue utilizado como un instrumento de blindaje del grupo económico, concentrando el quebranto en una sola sociedad mientras el resto continuó operando.
Es decir, el concurso habría sido coronamiento de una estrategia de vaciamiento intragrupo, mediante la cual el Grupo Piero habría protegido sus negocios y trasladado el quebranto a la planta de Río Tercero.
Además, se cuestiona que en la presentación concursal se habría omitido información relevante. En la denuncia penal se consigna que reorganizar y optimizar el grupo empresario no está mal, como tampoco dejar de producir si no es rentable. "Lo que resulta claramente antijurídico -manifiestan- es trasladar a terceros la carga de este beneficio, elaborando un plan para eludir las obligaciones que ello implica".
La causa, recientemente ingresada, aguarda ahora la respuesta de los abogados de la empresa. Mientras tanto, la firma mantiene algunas unidades productivas menores en Río Tercero, aunque inactivas desde julio, en un conflicto que continúa abierto.
El escrito describe esa operatoria como un crédito automático a costa de los empleados, diseñado para reducir el pasivo exigible y transferir el costo del ajuste a los trabajadores y acreedores.