Transporte eléctrico: definen cómo se harán y quienes pagarán las obras prioritarias en AMBA, Cuyo y la Patagonia

Siete meses después de haber definido como "prioritaria y urgente" la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica, el Gobierno de Javier Milei resolvió que las nuevas de líneas de transmisión se lleven a cabo bajo el esquema de "concesión de obra pública" y que los costos de construcción, operación y mantenimiento queden a cargo de los usuarios de las regiones que se resulten beneficiadas.

Con esta movida, la administración libertaria busca dejar atrás la parálisis e indefinición que arrastró en los dos primeros años de gestión sobre las demoradas e imprescindibles inversiones que requiere el sistema nacional de transporte eléctrico para poder acompañar el crecimiento de la demanda y morigerar los cortes de luz en los períodos estacionales de mayor consumo residencial.

Con la adopción del mecanismo legal de "concesión de obra pública" a empresas privadas --que recuperarán lo invertido mediante el cobro de un canon por la construcción y una remuneración mensual por la operación de las nuevas líneas--, se deja definitivamente de lado el modelo de los "planes federales" a cargo del Estado que se vinieron utilizando en los últimos 25 años para expandir las redes de transmisión eléctrica con fondos públicos.

El listado de las primeras líneas de ampliación del sistema transporte eléctrico que el Gobierno tiene en carpeta para licitar en los próximos meses está compuesto por las siguientes obras:

• Sistema AMBA I, destinado a mejorar la capacidad de abastecimiento en la región metropolitana donde se concentra el 40 % del consumo eléctrico nacional.
• Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, un corredor que permitirá la evacuación de mayor generación renovable y convencional de las regiones de Cuyo y Comahue.
• Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, planificada para apuntalar y ampliar la conexión eléctrica entre las provincias de la Patagonia y el resto del país.

La inversión para las obras

La inversión para las obras previstas en la región del AMBA rondaría en torno de los u$s 1.100 millones. En tanto, las otras dos líneas en juego demandarían una financiación adicional que oscila entre u$s 600 y u$s 800 millones. Por medio del decreto 921/25, el Poder Ejecutivo determinó que las nuevas líneas de transporte eléctrico "serán llevadas a cabo bajo el régimen de concesión de obra pública, a título gratuito y mediante el procedimiento de licitación pública nacional e internacional". El artículo 2 del decreto delegó en la Secretaría de Energía –que conduce María Tettamanti, bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo—las siguientes tareas y obligaciones:

• Aprobar los pliegos de bases y condiciones, el modelo del contrato de concesión y la documentación necesaria para iniciar el proceso licitatorio.
• Efectuar los llamados a licitación y organizar la comisión evaluadora de ofertas.
• Calificar a los oferentes, adjudicar las obras a las propuestas más convenientes y suscribir los contratos de concesión.

En los fundamentos de la norma, el Gobierno destacó que desde el inicio de su gestión "se ha propuesto optimizar los servicios y funciones que corresponden al Estado Nacional con el fin de reducir el gasto público y, adicionalmente, posibilitar la inversión privada en obras tales como las ampliaciones del sistema de transmisión de energía eléctrica".

Agregó que "el modelo concesional provee las bases para que el sector privado construya, opere y mantenga las obras de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica y permite, además, el desarrollo de estructuras de inversión y financiamiento privados sin comprometer recursos públicos de manera directa". 

En cuanto a las supuestas bondades que presenta el esquema de "concesión de obra pública", el decreto señaló que permite otorgar "garantías a los concesionarios en términos de la remuneración, variación de las condiciones contractuales, el mantenimiento del equilibrio de la ecuación económico-financiera, así como previsión a los financistas, mitigando riesgos inherentes a la terminación anticipada". Si bien no se precisaron las fechas de los llamados a licitación, fuentes del sector estiman que las primeras convocatorias podrían salir a la calle a partir de febrero con el fin de poder seleccionar a las empresas ganadoras a mediados de 2026.

Los lineamientos principales del nuevo esquema de financiación privada y repago con aumentos tarifarios habían sido fijados a fines de mayo en la resolución 715/25 de la cartera de Economía. Esa norma estableció que los costos de "construcción" de las nuevas líneas podrán ser solventados con el pago de una tarifa específica por parte de los usuarios del servicio público de transporte de energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que se definan como beneficiarios de las obras. También estipuló que "la remuneración por la operación y mantenimiento" que pagará mensualmente el Organismo Encargo del Despacho (OED) provendrá de una "tarifa de ampliación del transporte eléctrico que será aplicada a los usuarios finales alcanzados por la mejora del servicio que aporten las obras.

Solución demorada para el AMBA

De las tres obras que saldrán a licitación en la primera etapa, la correspondiente a la región metropolitana, donde prestan el servicio de distribución Edenor y Edesur, es por lejos la más importante y prioritaria.

Planificado hace más de una década, el proyecto AMBA I comprende un combo de 11 ítems entre los cuales sobresalen la construcción de la Estación Transformadora (ET) Plomer; la ampliación de las ET existentes en Luján, Mercedes, Zappalorto e Isidro Casanova; y el tendido de 500 km. de líneas de alta tensión en 500, 220 y 132 kV para unir las nuevas instalaciones con Vivoratá en la zona de Mar del Plata. Las obras apuntan a asegurar el abastecimiento en las zonas densamente pobladas del Norte y Oeste del Gran Buenos Aires y limitar los riesgos de fallas en las subestaciones de Ezeiza y General Rodríguez que están funcionando al límite técnico.

Durante la gestión de Alberto Fernández se había firmado un convenio con la compañía asiática China Electric Power Equipment and Technology (CET) para "el diseño de ingeniería, suministro y construcción del AMBA I". El acuerdo preveía una "inversión estratégica de US$ 1.100 millones" que iba a ser financiada por el Banco of China Limited y el ICBC, en el marco de la cooperación vigente entre Argentina y China".

La opción china quedó descartada con el desembarco de Milei en la Casa Rosada. Transener—controlada por Pampa Energía y la estatal Enarsa—puso el proyecto otra vez en camino cuando propuso insertarlo dentro del plan de inversiones de la RTQ.

Tras desechar esa variante, las autoridades de Energía habían armado a fines del año pasado un esquema para financiar las obras con un recargo tarifario que iba a implicar un aumento entre 1% y 3% en las facturas finales del servicio eléctrico. Esa alternativa no fue convalidada por Caputo. Ahora y tras un año de dilaciones y diferencias internas, la administración mileísta se apresta a poner en marcha la licitación de las obras que ya deberían haberse terminado y habilitado hace varios años.