Ni control obrero ni expropiación: cada vez más trabajadores de Fate aceptan el despido
Mientras el gremio del SUTNA promete incrementar la presión sobre el conflicto que envuelve al cierre de Fate, la mayor parte del personal de la empresa de la familia Madanes Quintanilla busca otra salida.
Si bien el sindicato que lidera Alejandro Crespo, figura importante de la izquierda clasista, intenta prolongar la incertidumbre sobre el futuro de esta disputa, alrededor de 600 trabajadores de los 920 que tiene Fate en su plantilla, ya cerraron alguna clase de acuerdo de desvinculación de la que hasta mediados de febrero pasado era la única fabricante nacional de neumáticos.
Se trata de acuerdos individuales y desvinculaciones que están ocurriendo por debajo del radar del conflicto gremial y pese a la resistencia del SUTNA.
Estos acuerdos estarían comenzando a minar la estrategia de Crespo de prolongar lo más posible el conflicto laboral y social que se inició el martes 17 de febrero cuando las autoridades de Fate decidieron cerrar la planta ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando de manera definitiva.
Si bien la decisión es, por lo menos, cuestionable por haberse tomado sin previo aviso al personal de la empresa que se enteró muy temprano en la mañana de ese día, el cansancio por la prolongación de las discusiones y la falta de definiciones contribuyen para que la mayoría de los trabajadores pretenden finalizar su vínculo laboral.
Divorcio masivo entre los trabajadores y el gremio que los representa
En la actualidad y según pudo saber iProfesional, entre 200 y 250 operarios del establecimiento no habrían terminado de acordar una salida de Fate, pero esta cifra podría reducirse con el correr de los próximos días.
El dato muestra una especie de "divorcio" entre casi todo el personal de Fate con los referentes del gremio que supuestamente intenta revertir la decisión empresaria de cerrar de manera definitiva.
De hecho, el titular del SUTNA intenta trasladar la solución del conflicto a la Legislatura bonaerense para que se vote un proyecto de ley que permita provincializar las operaciones.
Es decir, para que el gobierno que encabeza Axel Kicillof se haga cargo de las operaciones de Fate que, en este caso, se transformaría en productora de neumáticos para transporte pesado o camiones.
Fuentes provinciales anticiparon a este medio que no existe "ninguna chance" de que esta iniciativa tenga un final como el que quiere el gremio, en especial porque entienden que si toman esta decisión con Fate, luego deberían hacer lo mismo con otro centenar de empresas bonaerenses que se encuentran en la misma situación.
Cabe recordar que el SUTNA denuncia un "lockout patronal", desde que la familia Madanes Quintanilla tomó la determinación de "bajar las persianas" de Fate.
Los motivos del cierre
Las razones que habría esgrimido el directorio de la tradicional empresa argentina se vinculan con la imposibilidad de competir con las importaciones provenientes de Asia y con el cansancio por los constantes enfrentamientos con la dirigencia gremial.
De hecho, la apertura comercial acelerada ha reconfigurado el mercado interno ya que en los últimos 24 meses, el neumático importado pasó de representar el 28% al 52% de las ventas en gomerías y centros de servicios.
Este escenario también marcó un cambio en la brecha de precios.
Un neumático rodado 14 o 15 fabricado en San Fernando llega al mostrador con un costo hasta un 40% superior a su equivalente importado, afectado por la carga impositiva y el costo logístico local.
En el caso de los neumáticos para el segmento de transporte pesado o de carga (camiones), China domina hoy el 70% de la reposición.
Fate, que históricamente lideraba este nicho con sus líneas FateCargo, vio caer sus despachos un 45% interanual en el último semestre.
La empresa sostiene que su fracaso no es producto de una falta de eficiencia propia, sino de una competencia desleal.
Sus ejecutivos denuncian que países asiáticos subsidian la energía y el caucho, permitiendo que el producto llegue al Puerto de Buenos Aires a precios que ni siquiera cubren la materia prima en Argentina.
Desvinculaciones en marcha
A pesar de todos estos argumentos, el sindicato contó con el respaldo unánime del personal de Fate para intentar revertir la decisión y refutar cada uno de los argumentos de la empresa.
Pero la "politización" de los reclamos y la necesidad de "seguir adelante" ante una decisión que no tendrá marcha atrás, acelera un proceso de desvinculación por mutuo acuerdo que amenaza con dejar al sindicato sin base de sustentación para su plan de lucha.
Otro de los motores de estos acuerdos es el fantasma de la reforma laboral de 2026 ya que con la implementación del nuevo sistema de Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas que habilitan las nuevas normativas, muchos trabajadores prefieren no estirar la definición.
En este sentido, la oferta de la empresa es la del pago del 100% de la indemnización que marca la ley en un solo pago (o un máximo de dos cuotas inmediatas) para quienes firmen el acuerdo de desvinculación voluntaria ahora.
Para el operario promedio de Fate, la otra alternativa es resistir meses en una planta parada, sin insumos ni stock, cobrando salarios de miseria (o directamente no cobrando, como ya ocurre durante estas semanas) mientras se dilucida si existe o no una expropiación provincial.
Salidas por goteo
Aunque en las asambleas del SUTNA el discurso de "Fate no se cierra" sigue siendo hegemónico, fuentes cercanas a la planta confirman que más del 65% de la nómina original de 920 trabajadores ya habría iniciado o concretado trámites de salida.
Este "goteo" se da principalmente entre operarios con antigüedad intermedia que ven en la indemnización actual un capital para iniciar emprendimientos propios o comprar un vehículo de logística, ante el temor de que la empresa entre en una quiebra formal que licue sus activos.
También abonan a esta teoría desde el personal técnico calificado, en sectores de mantenimiento y especialistas que ya están siendo captados por otras industrias de la zona norte que buscan mano de obra con experiencia en procesos continuos.
La falta de pago de salarios de estas últimas semanas en las cuales la planta se mantuvo tomada, es otro argumento que impulsa al personal de Fate a, por lo menos, cobrar las indemnizaciones ya prometidas.
A pesar de estar bajo el régimen de conciliación, que obliga a retrotraer las condiciones laborales, los trabajadores denunciaron que la quincena no fue depositada.
Esta situación derivó en una multa impuesta por el gobierno nacional a Fate, al considerar que el incumplimiento del pago de haberes (de carácter alimentario) viola las normas de la mediación oficial.
Denuncian "rendiciones"
En tanto, para Crespo, estos acuerdos son parte de una "emboscada económica".
El gremialista sostiene que la empresa utiliza el hambre y la falta de pago de la última quincena como un método de extorsión.
"No son acuerdos voluntarios, son rendiciones por necesidad", aseguran desde la seccional San Fernando.
Sin embargo, legalmente, cada firma ante el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral) debilita la posición del sindicato para exigir la reapertura.
Si la mayoría de los trabajadores acepta la indemnización, el argumento de "defender la fuente de trabajo" pierde su sujeto social.
En tanto, los que todavía resisten apuestan todo a la "salida política" con el proyecto de ley de Ocupación Temporánea como la última esperanza.
Proyecto sin futuro
El objetivo es declarar a Fate de "utilidad pública" o garantizar su continuidad productiva bajo control estatal o cooperativo.
En concreto, el debate es si la planta debería ser gestionada por los trabajadores (bajo el modelo de fábrica recuperada) o si la Provincia debe buscar un socio inversor nacional para una administración mixta.
La ley incluiría una cláusula de prohibición de remate de maquinaria por 24 meses, impidiendo que Fate traslade su tecnología fuera del país o la venda como chatarra para pagar indemnizaciones.
El argumento se basa en que Fate es la única productora de cubiertas radiales para transporte pesado (camiones y ómnibus) en el país.
Sin embargo, esta iniciativa, que no es defendida por la administración Kicillof, tiene un obstáculo técnico.
Para que la fábrica produzca, se necesitan insumos (caucho importado) y energía, algo que una cooperativa o un estado provincial con arcas exhaustas difícilmente puedan garantizar sin la estructura corporativa.
Además, desde el Ejecutivo Nacional advierten que cualquier intento de expropiación será judicializado por "atentar contra la propiedad privada" y podría derivar en un conflicto de competencias constitucionales.
Conciliación "inútil"
En el medio, la estrategia de Madanes Quintanilla parece estar funcionando a medida que el desgaste económico le gana a la combatividad ideológica.
A este ritmo, para cuando la Legislatura bonaerense logre sesionar el proyecto de expropiación, es probable que la "fábrica" sea solo un cascarón de cemento con una plantilla reducida a su mínima expresión.
Mientras tanto, el gobierno bonaerense extendió por 15 días la conciliación obligatoria, solamente para estirar lo que en el sector se califica como la "crónica de un cierre anunciado".
En el medio, se acumulan las denuncias por falta de pago de salarios, multas oficiales y un conflicto en Fate ha dejado de ser una disputa salarial para convertirse en el emblema de la crisis industrial de este 2026.
Ya hace un mes de que la familia Madanes Quintanilla anunció el cierre definitivo de la planta, alegando una inviabilidad económica insostenible frente a la apertura de importaciones.
A nivel gobierno nacional, esta semana marcó un punto de inflexión ya que la conciliación obligatoria dictada originalmente por la Secretaría de Trabajo de la Nación (bajo la órbita de Capital Humano) llegó a su fin tras varias prórrogas sin que las partes cedan un milímetro.
La empresa sigue ratificando que "se liquida todo y se baja la persiana", fundamentando el cese en la pérdida de competitividad frente al neumático chino (que creció un 12% en el último año) y una conflictividad gremial histórica que, según fuentes de la firma, "hizo perder clientes internacionales".
Semana clave
Para el SUTNA, se trata de una "emboscada económica" para forzar a los 920 operarios a aceptar las indemnizaciones y abandonar la planta.
De hecho, el gremio se escuda en un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Isidro para mantener la toma de la planta.
Ese tribunal revocó la orden de desalojo que pesaba sobre el predio, argumentando que la permanencia de los trabajadores en la fábrica se encuadra en un conflicto laboral y no en un delito penal (usurpación).
"La justicia ratificó que reclamar por el puesto de trabajo en una fábrica cerrada intempestivamente es un derecho legítimo", celebraron desde el sindicato.
La próxima semana será clave: se espera una movilización masiva a La Plata coincidiendo con la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense, mientras el Ministerio de Trabajo provincial intenta sentar a los directivos de Fate en una mesa de la que ya avisaron que no quieren participar.