Fate, en la encrucijada: entre el cierre definitivo, la "invasión" china y el fantasma de la estatización

Tras 80 años de historia, la mayor fabricante de neumáticos del país cerró sus puertas a mediados de febrero pasado.

La determinación de los dueños de Fate parece no tener retorno y la empresa, con planta productiva ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando, se encamina a convertirse en un recuerdo de lo que alguna vez fue la principal fabricante local de neumáticos.

Mientras el SUTNA, el gremio que agrupa a la mayoría de sus operarios, presiona por una ley de ocupación temporal en la Legislatura bonaerense, crece el número de operarios que aceptan el retiro voluntario.

De hecho, hasta la semana pasada, esa cifra se ubicaba en torno a 600 de los 920 trabajadores de la empresa de la familia Madanes Quintanilla.

Para muchos trabajadores, la incertidumbre de una pelea de largo aliento choca contra la necesidad de liquidez en un contexto donde el desempleo ha vuelto a encabezar las preocupaciones sociales en las encuestas.

Fate, en un limbo jurídico

Más allá de este número, que anticipa el final del conflicto, la situación de Fate ha dejado de ser una disputa sectorial para convertirse en el caso testigo del nuevo paradigma industrial argentino.

A un mes del anuncio oficial de su cierre, la planta de San Fernando permanece en un limbo jurídico y social que mantiene en vilo no solo a sus trabajadores, sino a toda la cadena automotriz.

Desde el directorio de la empresa, la postura es de una firmeza absoluta: "La persiana se bajó y no se vuelve a abrir", aseguran sus ejecutivos, quienes argumentan que la combinación de tres factores tornó inviable la operación.

El primero refiere a la apertura de importaciones, o el ingreso masivo de cubiertas provenientes de Asia (principalmente China) con precios que, según denuncian, están subsidiados y llegan al puerto de Buenos Aires por debajo del costo de la materia prima local.

​El segundo factor hace mención a los costos estructurales, como el de la presión impositiva y de la logística, que impiden competir en mercados de exportación.

El tercer argumento apunta directamente a la conflictividad gremial, a partir de la histórica tensión con el SUTNA, que según la firma, terminó por "ahuyentar" a clientes internacionales y paralizar la productividad.

Las siglas identifican al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, encabezado por Alejandro Crespo, que ha trasladado la batalla al plano político.

Para los gremios, la producción de neumáticos es viable

Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por Nación el pasado 18 de marzo, el gremio impulsa en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de Ley de Ocupación Temporánea.

Desde el gremio defienden el argumento asegurando que "la planta es viable" y denunciando que el cierre es una decisión política para disciplinar a los trabajadores y relocalizar inversiones".

La propuesta, que ya se encuentra en poder de representantes del kirchnerismo en el Congreso bonaerense, apunta a que el Estado provincial que lidera Axel Kicillof, intervenga para garantizar la continuidad de la producción.

Para defender la postura, la norma alega que el neumático es un insumo estratégico para el transporte nacional.

Desde el Gobierno nacional toman distancia de esta postura y varios de sus funcionarios ya advirtieron que cualquier intento de expropiación o intervención será judicializado por atentar contra la propiedad privada.

Importaciones y aranceles: sin marcha atrás

"No hay rescate para la ineficiencia", suelen sostener en los despachos cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo.

Allí, la respuesta ha sido quirúrgica y alineada con el plan macroeconómico. No ha habido promesas de subsidios ni de marcha atrás con la baja de aranceles.

Economía sostiene que la baja de aranceles al neumático (que pasó del 35% al 16% en septiembre de 2025) es innegociable.

Para el Palacio de Hacienda, el costo del neumático local era un "impuesto oculto" a la logística y al transporte que debía ser eliminado para bajar la inflación de costos.

El Ministerio ha dejado trascender que el caso de Fate es el resultado de décadas de una "industria protegida que no invirtió en competitividad".

Consideran que el mercado debe depurarse y que las empresas deben adaptarse a los precios internacionales o reconvertirse.

Y ante el avance del proyecto de "Ocupación Temporánea" en la Legislatura bonaerense reiteran que cualquier intento de intervención o expropiación será considerado un atentado a la propiedad privada.

Desde el Palacio de Hacienda se advierte que esto afectaría la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones en otros sectores como el RIGI.

Iniciativa gremial

Además, las autoridades nacionales han aplicado multas a la empresa por el incumplimiento del pago de haberes durante el periodo de conflicto, bajo el argumento de que las normas de mediación oficial y el carácter alimentario del salario están por encima de la situación financiera de la firma.

Pero mientras el gobierno libertario del presidente Javier Milei se desentiende de la continuidad de la producción local, el Ministerio de Trabajo bonaerense ha intentado frenar el cierre con conciliaciones propias (como la dictada el pasado 18 de marzo), generando un conflicto de jurisdicciones.

Si bien no avanzaron más allá de esa medida, tampoco intentan desarticular la iniciativa del SUTNA, que en estas últimas semanas avanzó en gestiones para el tratamiento del proyecto que habilita la ocupación temporal de la planta de FATE, a fin de garantizar la producción y los puestos de trabajo.

De hecho, mañana miércoles 25 de marzo, representantes del sindicato y varios legisladores bonaerenses acordaron mantener una nueva reunión para intentar avanzar con la iniciativa.

La idea es que el Estado provincial pueda intervenir la fábrica durante un período determinado, sin modificar la titularidad de la empresa, asegurando así que los trabajadores despedidos puedan reincorporarse y que la producción de cubiertas continúe.

El SUTNA considera que la propuesta cuenta con apoyo parlamentario inicial para generar un consenso político que proteja tanto el empleo como la producción estratégica de la planta.

Bajo este escenario de conflicto, legisladores kirchneristas ya analizan la propuesta, mientras que el SUTNA mantiene la presión sobre los distintos bloques para garantizar que se cumpla el objetivo principal: preservar las fuentes laborales y evitar la paralización de la planta.