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Privatización de Transener: las razones ocultas detrás del desinterés externo por la "joya" de la red eléctrica

A pesar del ordenamiento de tarifas y balances en azul, las multinacionales le dieron la espalda a la venta de la sociedad por una serie de motivos
14/04/2026 - 13:35hs
Privatización de Transener: las razones ocultas detrás del desinterés externo por la "joya" de la red eléctrica

Se puede decir que la privatización de Transener se está concretando "a media máquina", si se recuerda que el proceso no logró la atención de gigantes internacionales que parecen haberle soltado la mano a una de las operaciones en el sector energético de mayor impacto para el gobierno del presidente Javier Milei.

Es que, a pesar del saneamiento de sus balances y la actualización tarifaria, la venta de la mayor transportadora de energía del país no logró seducir a los capitales extranjeros por varios motivos entre los que los analistas destacan el "cerco" de los pliegos, el fantasma de los juicios cruzados y un riesgo país que todavía pesa a la hora de tomar decisiones de largo plazo.

El escenario contrasta con la mirada que había en el seno del Ministerio de Economía, donde se apostaba a que la venta de las acciones que el Estado posee en la sociedad controlante de Transener fuera la "joya de la corona".

Es que se trata de la principal empresa de transmisión de energía eléctrica de la Argentina, que ofrece servicios de operación y mantenimiento, ingeniería, ensayos y puesta en servicio de líneas y estaciones transformadoras para obras nuevas o ampliaciones del sistema de 500 kV.

Es además considerada como la pieza clave del sistema eléctrico argentino, en donde opera casi 15.000 kilómetros de líneas de alta tensión y transporta el 85% de la energía eléctrica del país.

Actualmente, gestiona 57 estaciones transformadoras de alta tensión distribuidas en casi todo el territorio nacional y su subsidiara, Transba, tiene a su cargo otros 6.228 km de líneas en la Provincia de Buenos Aires, enfocada en la distribución troncal.

Cómo se reparte el control de la empresa

Su capital accionario presenta una estructura mixta y se divide principalmente en dos grandes bloques como son el paquete de control y las acciones que cotizan en bolsa.

La Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), es la accionista mayoritaria, con el 52,65%, además de poseer el 100% de las Acciones Clase A (que otorgan el control político de la compañía).

A la vez, esta sociedad se encuentra integrada por Pampa Energía (50%) y la empresa estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), con el 50% restante.

El proceso licitatorio lanzado en diciembre de 2025 busca vender ese porcentaje de Citelec que representa indirectamente cerca del 26,3% del capital total de Transener.

El resto se distribuye entre el sector público y el mercado de capitales, con el ANSES - FGS con el 19,57% de ese total y otro 27,78% que flota en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA).

De acuerdo al cronograma oficial, este martes 14 de abril se recibieron las ofertas para la compra de las acciones del Estado en Citelec.

Quiénes presentaron ofertas para quedarse con Transener

El objetivo del Ministerio de Economía era inaugurar el 2026 con un flujo fresco de divisas y una señal de confianza total de los mercados globales.

Sin embargo, tras la apertura de los sobres técnicos, quedó claro que el escenario es más doméstico de lo esperado.

Los grandes operadores internacionales —aquellos que gestionan redes en Europa o Brasil— brillaron por su ausencia, dejando la disputa en manos de los "candidatos de siempre": los holdings locales que ya conocen los fundamentos del sistema regulado argentino.

Las propuestas conocidas fueron:

  • Una asociación entre Genneia, del empresario Jorge Brito, y el Grupo Edison, liderado por Juan y Patricio Neuss. El grupo lleva a cabo una estrategia de expansión en el sector de servicios públicos y estructuró una oferta que podría incluir socios locales para fortalecer el músculo financiero
  • Los dueños de Central Puerto, considerada la mayor generadora de electricidad del país y que está liderada por Guillermo Reca y la familia Miguens-Bemberg. Con un balance sólido y liquidez tras sus últimas colocaciones de deuda, la empresa busca integración vertical
  • El grupo que opera ​Edenor, bajo una sociedad controlada por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti. El grupo que controla la mayor distribuidora eléctrica del país también manifestó su interés, buscando la integración vertical del negocio eléctrico

Con un balance sólido y liquidez tras sus últimas colocaciones de deuda, Central Puerto busca integración vertical, al punto que hace unos días concretó la compra de Patagonia Energy para posicionarse en el negocio hidrocarburífero de Vaca Muerta.

Su estrategia de expansión también la llevó a la compra de activos forestales y la central térmica Brigadier López. Su desembarco en Transener consolidaría su posición como el jugador más diversificado del mapa energético argentino.

Si bien la integración entre distribución y transporte tiene restricciones regulatorias, la conformación de un consorcio de inversión independiente les permitiría al grupo de Edenor ganar terreno en el eslabón de alta tensión, aprovechando su know-how en la gestión de servicios regulados.

La ausencia que sorprende en el proceso de venta

La ausencia más notable en este grupo de interesados es la de Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin, y que ya posee la mitad de las acciones de Cietelec.

En el mercado se daba por descontado que el grupo que acaba de quedarse con la mayoría accionaria de Loma Negra, también iba a jugar este partido, intentando ser el único dueño de Citelec.

De hecho, para poder destrabar la operación, el gobierno nacional tuvo que destrabar un conflicto que se había generado con este grupo por la potestad que tenía para ejercer su derecho de preferencia o defender su posición ante la llegada de un socio nuevo que no sea de su agrado.

​Más allá de las ofertas, el Gobierno fijó un piso de u$s206,2 millones por las acciones oficiales en Citelec y anticipó que cualquier oferta por debajo de ese número será rechazada de cuajo.

​Para sentarse a la mesa, las empresas debieron presentar una garantía de mantenimiento de oferta de u$s20,6 millones (el 10% del precio base).

Por qué los gigantes internacionales le dijeron que no a la operación

Este escenario parece no haber terminado de seducir a grandes jugadores del sector energético mundial como la china State Grid o la española Iberdrola, pero finalmente ninguna de las dos formalizó una propuesta propia, confirmando la tesis de que el capital extranjero todavía ve con recelo los compromisos de inversión de largo plazo en infraestructura regulada.

​Ahora se espera que la adjudicación final a un grupo local se lleve a cabo antes del 21 de abril, ya que el Gobierno quiere cerrar el proceso rápido para inyectar esos dólares al Tesoro y completar el retiro del Estado de las empresas operativas de energía.

En el mercado las preguntas y los interrogantes son muchos. ¿Qué falló en el "roadshow" oficial?; ¿por qué una empresa que reportó ganancias récord en 2025 y tiene un monopolio natural en el transporte de alta tensión no despertó el interés de firmas como State Grid, Iberdrola o Enel?, son algunas.

En este sentido, se especula que uno de los principales frenos fue el diseño del proceso de venta.

El Estado subastó el 50% de Citelec, pero el otro 50% está en manos de Pampa Energía.

​Si bien Mindlin cedió derechos de "primera preferencia" para no trabar el proceso, la realidad es que cualquier jugador internacional teme entrar como "socio minoritario" o en una paridad forzada con un gigante local que tiene el control operativo y el know-how político del día a día.

Para una multinacional, compartir el mando en un país con antecedentes de inseguridad jurídica es un riesgo que el compliance de sus casas matrices no suele autorizar.

​También existe cierto temor a la estabilidad tarifaria, a pesar de que las autoridades nacionales implementaron una actualización tarifaria mensual basada en IPC e IPIM.

Los inversores extranjeros miran la película completa y la historia argentina reciente muestra que los cuadros tarifarios son lo primero que se congela cuando la inflación se acelera o el humor social cruza la línea roja.

​"El inversor internacional no busca rentabilidad extraordinaria hoy, busca previsibilidad a 20 años. Y en Argentina, la sostenibilidad de las tarifas todavía se firma con lápiz", explica un consultor senior del sector energético.

​Otro factor dudoso es el de la infraestructura que amenaza de saturación de una red como la de ​Transener que opera más de 12.400 kilómetros de líneas, pero en un sistema que está al límite.

La falta de inversión en expansión durante la última década significa que el nuevo dueño no solo debe gestionar la red existente, sino enfrentar un plan de obras de emergencia para evitar apagones masivos como los sufridos a inicios de este año.

Qué espera el Gobierno con la venta de Transener

​Otro motivo se vincula a una obligación impuesta en los pliegos sobre condiciones de patrimonio neto que debe ser como mínimo u$s500 millones, y de restricciones para revender la participación por tres años.

Estas obligaciones terminaron de ahuyentar a los fondos de inversión que buscan salidas rápidas (exit strategy) y dejó solo a operadores estratégicos que, por ahora, prefieren mirar desde la tribuna.

De todos modos, en la Casa Rosada entienden que su venta, que sería anunciada a mitad de mayo próximo, no es solo una cuestión de eficiencia operativa, sino de caja política y económica.

El ingreso de divisas previsto para este mes de abril será clave para robustecer las reservas del Banco Central (BCRA) tras un verano de fuerte acumulación.

Además de Transener, el Gobierno ya tiene en la mira otros activos de Enarsa y la venta de la participación de YPF en Metrogas, consolidando un giro de 180 grados en la política energética argentina hacia un modelo de gestión netamente privada.

De hecho, el mercado sigue de cerca el proceso, entendiendo que el éxito de esta licitación será el termómetro para el resto de las empresas públicas que integran la lista de "sujetos a privatización".