El derrumbe de SanCor: apelan la quiebra y ATILRA despliega casi 180 guardias en plantas de la láctea
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La decisión de la cúpula de SanCor de promover y obtener de la Justicia la condición de quiebra de la compañía lejos está de clarificar el destino de la lechera. Ocurre que un grupo de extrabajadores, proveedores y productores ligados a la firma decidió apelar la quiebra dictada por los tribunales de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Expusieron que, en tanto SanCor mantiene su status de unión de cooperativas, sólo sus socios pueden definir si piden o no la quiebra de la firma. Y que esa posibilidad recién se pondrá en discusión durante la asamblea extraordinaria que se celebrará el jueves de esta semana. Ese mismo grupo impulsa, además, un plan de salvataje que apunta a garantizar la continuidad de SanCor y sus activos. Mientras tanto, la Justicia pidió un listado de trabajadores para la custodia de las seis plantas de la lechera y el gremio ATILRA desplegó 178 operarios.
La medida de establecer guardias en los activos de la láctea fue establecida por Marcelo Gelcich, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Rafaela. El magistrado dispuso la elaboración de una nómina de trabajadores "fundamentales" para el mantenimiento de las instalaciones de SanCor.
De acuerdos a fuentes especializadas como Bichos de Campo, "el listado de personal indispensable para sostener la continuidad mínima de las plantas en actividad y garantizar el mantenimiento, llegó luego de las visitas raudas del juez y los síndicos en cada una de las localidades".
Ponen a afiliados de ATILRA a vigilar los activos de SanCor
"De los 178 trabajadores, 154 pertenecen a producción y 24 a soporte administrativo y técnico. La planta de Sunchales concentra 101 empleados, a pesar de ser una de las plantas de menor actividad en los últimos meses, pero la que más interés representa en las intenciones del gremio, además de tener en cuenta que allí son casi siete decenas de personas las que cuentan con condición de delegado gremial", se indicó.
La misma fuente subrayó que "en todas las plantas se le dio prevalencia a la continuidad en el cobro de salarios y actividad a quienes se los conoce internamente como "asambleístas", que son aquellos trabajadores que formaron parte estructural de los bloqueos a SanCor que se iniciaron en octubre de 2023 y en casos como Sunchales se extendieron por diez meses".
En paralelo a esa situación, el abogado Aldo Regali, ligado al grupo que busca frenar la quiebra de SanCor, declaró que la apelación cuestiona la resolución de Gelcich, quien definió el nuevo status de la firma antes de que se la opción se discutiera en la asamblea de asociados.
"El Consejo (de administración) sólo puede administrar, pero no puede disponer. No puede pedir la quiebra sin el aval de los asociados", remarcó. Según Regali, la decisión es "una aberración absoluta" en tanto choca de frente con lo dispuesto para las cooperativas en la Argentina. El abogado sostuvo que la última palabra respecto de lo que viene para SanCor se definirá este 30 de abril.
El grupo que se opone a la quiebra de SanCor propone un plan de salvataje que apunta a evitar la liquidación definitiva de la lechera. "La propuesta incluye la creación de una sociedad anónima, el canje de deuda por acciones para los acreedores y la conformación de un fideicomiso destinado a garantizar el pago a los productores", indicó el medio santafesino Conclusión.
La quiebra establecida por la Justicia
Establecida la semana pasada, la quiebra fue dictada por el juez del caso, Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de los Tribunales de Rafaela.
El magistrado fijó que la lechera mantendrá parte de su estructura operativa para evitar un "perjuicio" a 914 empleados. También estableció que los activos de la unión de cooperativas entrarán en fase de venta.
El núcleo del proceso de liquidación será la venta de las unidades productivas (plantas industriales) de manera conjunta o separada.
La intención inicial es encontrar comprador a las plantas que la compañía aún posee en Sunchales, Gálvez y San Guillermo (Santa Fe), y Devoto, Balnearia y La Carlota (Córdoba). Tras la decisión judicial, el gremio ATILRA se postuló como el primer interesado en ejercer el control administrativo y operativo de la firma.