Correo Argentino, en la mira: el plan de Adorni para desactivar el frente sindical
Si bien su paso por el Congreso Nacional para brindar su informe de gestión y responder a las acusaciones que pesan en su contra por corrupción no fue del todo negativo, Manuel Adorni debe enfrentar ahora otro foco de conflicto vinculado a su cargo como Jefe de Gabinete de la Nación.
Se trata de una profunda crisis que viene sufriendo el Correo Oficial de la República Argentina (Correo Argentino), que depende de su área y en donde el funcionario ubicó a varios de sus colaboradores más estrechos en cargos claves y con sueldos que se encuentran bajo la lupa.
A partir de este "círculo de confianza", Adorni consolidó su influencia en el directorio de la empresa postal estatal con nombres de su entorno íntimo y salarios que superan los $6 millones por mes y que se encuentran incluso por encima de la remuneración presidencial.
Lo hizo aprovechando el proceso de reestructuración del Estado y bajo la estricta consigna de "no hay plata", que también viene usando para consolidar un esquema de poder propio en áreas estratégicas.
La avanzada de Adorni en la empresa postal no es casual sino que se trata de una estructura que busca garantizar lealtad operativa en un organismo que maneja una logística crítica a nivel nacional.
Entre los nombres más relevantes que han tomado posesión en el directorio se encuentra Aimé Ayelén Vázquez.
Los alfiles
Considerada la "mano derecha" del ministro coordinador, se desempeña como titular de la Unidad Gabinete de Asesores y ahora suma su rol en la conducción del Correo.
También se destaca Federico Sicilia, con pasado en la gestión de Modernización de CABA, quien integra la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura y es uno de los hombres de confianza para el control administrativo de la entidad.
Otro funcionario nombrado es Ian Lionel Vignale, quien personifica la polifuncionalidad del equipo de Adorni, manteniendo cargos simultáneos en el Correo y en la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU).
Uno de los puntos que genera mayor fricción en la opinión pública y en los pasillos de la política es la brecha salarial.
Según datos que han trascendido desde el propio organismo, los miembros del directorio del Correo Argentino perciben remuneraciones mensuales que rondan los $6 millones por mes, aunque desde el entorno de Adorni defienden estas cifras argumentando la responsabilidad civil y penal que conlleva la firma en una empresa de tal magnitud.
Denuncias de vaciamiento
Este modelo de gestión enfrenta hoy dos desafíos simultáneos.
Por un lado, la falta de coherencia discursiva en un contexto de ajuste fiscal severo, donde el nombramiento de "tropa propia" con sueldos de privilegio en empresas deficitarias o en proceso de saneamiento genera ruido interno en la propia coalición de gobierno.
Por otro, el fuerte conflicto interno que está asomando cada vez con más fuerza en la empresa estatal por la continuidad de los despidos masivos en dependencias de todo el país y que ocurren como parte del ambicioso plan de reestructuración impulsado por el gobierno nacional.
Para el sector gremial, se trata de un "vaciamiento" que pone en riesgo el servicio postal básico, mientras que para el Poder Ejecutivo, es un paso inevitable hacia la eficiencia operativa o una futura privatización.
Desde el inicio de la gestión, el Correo Argentino ha sido una de las empresas públicas marcadas como "prioritarias" para el recorte de gastos.
La estrategia se ha desplegado en tres frentes, siendo el primero la reducción de personal mediante programas de retiro voluntario y despidos directos.
En los últimos días, varios medios de diferentes provincias han informado sobre despidos masivos que el gremio contabiliza en alrededor de 900 casos a nivel nacional.
Es más, desde el desembarco libertario en la empresa, la plantilla se ha reducido significativamente y se estima que más de 3.000 empleados han dejado la compañía en el último año.
Nueva ola de despidos
En este sentido, Alberto Cejas, secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, advirtió sobre la decisión empresaria "de empezar a mandar telegramas de despido".
Dijo además que un salario de un trabajador con cinco años de antigüedad está en los $700.000 "cifra que no alcanza en absoluto para nada".
Además, recordó el fuerte achique previo llevado a cabo en el 2025 "cuando la empresa se despojó de 7.000 empleados de una planta de 18.000, lo que recargó el trabajo en los que quedaron".
Del mismo modo, Rafael Tropa, secretario general de Sitraco (Sindicato de Trabajadores del Correo Oficial) de Neuquén y Río Negro, confirmó que la situación ya impacta directamente en la zona.
Según explicó a medios periodísticos de la zona, los telegramas replican el mismo argumento en todo el país y acusan a los trabajadores de generar perjuicios en el servicio postal, algo que el gremio rechaza de plano.
"Son cesantías totalmente infundadas", aseguró al diario La Mañana de Cipolletti, al que también explicó que las notificaciones se enmarcan en una estrategia que se replica a nivel nacional, con telegramas que invocan presuntas "injurias laborales graves" vinculadas a medidas gremiales anteriores.
Detalló que los despidos se apoyan en acusaciones de supuestos perjuicios al servicio, en particular por una presunta retención de correspondencia durante una jornada de protesta realizada el pasado 7 de abril.
"Hablan de un daño y un perjuicio basándose en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero en ningún momento acá en el Valle hubo retención de correspondencia", remarcó al mismo medio.
Por su parte, en el medio Mundo Gremial se asegura que desde el gremio que encabeza Alberto Cejas, señalan que el trasfondo de estos despidos es un intento de disciplinar el legítimo reclamo por una recomposición de ingresos.
Los trabajadores agregan que perciben "salarios de indigencia" y denuncian el cinismo de los directivos mientras ajustan la plantilla, hablando de alcanzar un supuesto "punto de equilibrio" y mejoras en la productividad.
Paro y movilización
Más allá de la urgencia por las reincorporaciones, FOECYT mantiene firme su la exigencia del pago de un bono extraordinario de $840.000, distribuido en cuatro cuotas, para intentar frenar la licuación del poder adquisitivo del sector.
Asimismo, rechazan cualquier imposición unilateral de la empresa y demandan la reapertura inmediata de las paritarias.
Con plantas paralizadas y el envío de telegramas aún en curso, el sindicato advirtió que no habrá tregua, que no se van a resignar puestos de trabajo y que van a luchar por la reincorporación de todos y cada uno de los afectados.
Ante este panorama, los trabajadores avanzaron con medidas de fuerza. Se resolvió un paro total de actividades por 48 horas los días 4 y 5 de mayo, sin concurrencia a los lugares de trabajo.
Desde la empresa, enviaron a la prensa un comunicado en el cual advierten que no van a permitir "que grupos minoritarios atenten contra el derecho de los ciudadanos a recibir sus envíos".
El documento, que no lleva la firma de ningún ejecutivo o miembro del Directorio, agrega que tampoco se va a tolerar "que se tome como rehenes a miles de personas que esperan paquetes, documentación y bienes esenciales".
A diferencia de las cifras gremiales, desde el Correo Argentino se asegura que las desvinculaciones dispuestas llegan a alrededor de 250 sobre una dotación de casi 11.000 trabajadores, y se explica que "responden a medidas individuales, justificadas y ajustadas a derecho frente a incumplimientos graves de obligaciones laborales".
El informe también señala que, actualmente, más del 90% de la operación de Correo Argentino funciona con normalidad en todo el país y que la afectación responde a medidas de retención de tareas que se sostienen desde hace más de 25 días por parte de un sector que representa a menos del 20% de los trabajadores.
"En la empresa conviven más de 93 sindicatos y 4 federaciones. Solo una de ellas impulsa acciones que perjudican directamente a la sociedad, reteniendo envíos e interrumpiendo el servicio", se agrega.
Del mismo modo, se reafirma el compromiso de garantizar el acceso al servicio "que los ciudadanos merecen, sosteniendo los estándares de cumplimiento que lo posicionan como una empresa líder".
En ese marco, el Directorio anticipa que se adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad operativa, incluyendo la desvinculación de quienes atenten contra su normal funcionamiento.
Asimismo, la empresa destaca que mantiene vigentes los acuerdos paritarios celebrados el 19 de marzo pasado, con incrementos salariales que se están cumpliendo en tiempo y forma.
"Correo Argentino atraviesa una etapa de consolidación, con resultados superavitarios en los últimos dos años, y continuará trabajando para mejorar sus servicios frente a quienes buscan obstaculizar ese proceso", se asegura.
Pero más allá de estas posturas encontradas, seguramente, la crisis del Correo Argentino se mantenga luego de esta jornada de lucha sindical, teniendo en cuenta que el plan de los funcionarios que nombró Adorni en la sociedad estatal siga con el cierre de oficinas en localidades del interior profundo, donde el Correo suele ser la única presencia estatal y logística.
Conflicto interminable
También se mantendría la tercerización de ciertos tramos logísticos para competir con operadores privados como Andreani u OCA con un trasfondo que deja ver que podría existir un cambio de estatus legal de la empresa.
Aunque el Correo Argentino fue inicialmente incluido en la lista de empresas "privatizables" de la Ley Bases, las negociaciones políticas modificaron su destino.
Sin embargo, el Gobierno mantiene la premisa de "déficit cero" y actualmente, el escenario se divide en dos posibilidades que maneja el mercado siendo una mantener la titularidad estatal pero entregar la operación a manos privadas y la otra la venta de activos inmobiliarios.
En este sentido, el Correo posee una infraestructura valiosa en centros urbanos que podría ser rematada para paliar el pasivo de la firma y que a las empresas privadas del sector podrían interesar a partir del reciente Decreto 1005/2024 que eliminó la exclusividad del Correo Oficial para ciertos servicios y facilitó la entrada de nuevos competidores.
Privatización en suspenso
Esto se interpreta como el paso previo a que un operador privado tome el control del servicio oficial en un mercado ya liberado.
Es más, operadores logísticos nacionales e internacionales ya están mirando con atención la capilaridad de la red del Correo, especialmente su infraestructura de depósitos, que es clave para el negocio del e-commerce.
Empresas como Andreani y OCA son las que más tienen para ganar o perder. Para estos operadores, la concesión del Correo Argentino representa:
- Eliminar competencia oficial
- Quedarse con el flujo que hoy maneja el Estado
- Sumar los centros de distribución y depósitos en el interior del país, donde hoy el sector privado tiene costos más altos por falta de red propia
En este esquema también aparece la figura de Marcos Galperin, quien si bien ha sido crítico de la ineficiencia estatal, su interés no sería comprar la empresa, sino fragmentar sus activos.
Su empresa, Mercado Libre, ya opera centros logísticos propios, pero la red de sucursales físicas del Correo le serviría como puntos de retiro (pick-up points) masivos en zonas donde hoy dependen de terceros.
De todos modos, muchos analistas ven que el verdadero "oro" no está en las cartas, sino en los ladrillos.
Es más, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tiene identificados edificios emblemáticos y depósitos del Correo en centros urbanos que valen millones de dólares.
Por eso, grupos desarrolladores urbanos (como IRSA o consultoras de Real Estate) están interesados en la privatización de la sociedad si se incluye la venta de inmuebles en zonas estratégicas de CABA y grandes capitales provinciales.
Mientras tanto, para el usuario final y las empresas de e-commerce, el conflicto se traduce en incertidumbre.
Con un Correo Oficial operando a media máquina, el flujo de envíos se desplaza hacia el sector privado, que ya está ajustando sus tarifas ante el aumento de la demanda estacional y los costos de transporte.
En las próximas semanas, la clave estará en la mesa de negociación paritaria.
Si no hay un acuerdo que frene la sangría de puestos de trabajo, los gremios amenazan con profundizar las medidas de fuerza, lo que podría paralizar el sistema postal en vísperas de fechas comerciales clave.