Cómo es el plan para dotar a las FF.AA. de Inteligencia Artificial y ciberseguridad

En un movimiento estratégico que busca sortear las rigideces del Presupuesto Nacional y la falta de financiamiento externo, el Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei oficializó la puesta en marcha de un plan de adecuación y reequipamiento militar.

Lo hizo este lunes, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 314/2026 que fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación.

La medida no solo representa un giro en la política de Defensa, sino que establece un mecanismo de financiamiento creativo, si se tiene en cuenta que las Fuerzas Armadas se capitalizarán directamente con ingresos derivados de las privatizaciones, concesiones y la venta de inmuebles del Estado Nacional.

Entre otras cosas, el decreto establece que el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, recibirá un flujo de fondos extraordinarios que no dependerá de las partidas votadas en el Congreso ni reemplazará al actual Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).

En los considerandos, el decreto señala que los cambios en materia de tecnología militar, en particular la irrupción de la inteligencia artificial y el uso de armas robotizadas, "demandan de nuevas capacidades y medios para las Fuerzas Armadas".

Ciberespacio estratégico

Detalla también que el escenario internacional, en el que existen múltiples conflictos geopolíticos latentes, presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo y exige un proceso continuo de modernización del equipamiento y de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

"En particular, el ciberespacio se ha constituido en un ámbito estratégico de creciente relevancia para la Defensa Nacional, en el cual se desarrollan acciones que pueden afectar infraestructuras críticas, sistemas de comunicaciones, redes de comando y control y activos de valor estratégico".

En ese sentido, se hace incapié en la necesidad de incorporar y actualizar el equipamiento, tecnologías y capacidades específicas que permitan prevenir, detectar, mitigar y responder eficazmente a ataques y operaciones que puedan comprometer la seguridad nacional.

Asimismo, el decreto recuerda que las Fuerzas Armadas son empleadas ante situaciones de emergencia y catástrofes naturales, tales como inundaciones, incendios forestales y otras contingencias, "poniendo a disposición capacidades logísticas de transporte, sanidad, comunicaciones e ingeniería, lo cual demanda que cuenten con medios adecuados, modernos, operativos y en condiciones óptimas".

Se advierte también que el estado actual del equipamiento de las Fuerzas Armadas exige acciones urgentes para evitar que la degradación afecte seriamente la capacidad de defensa de la Nación.

"En este sentido, las Fuerzas Armadas requieren de equipamiento adecuado para capacitar, entrenar y adiestrar a su personal", agrega el decreto presidencial.

El origen de los fondos

El nuevo esquema se nutrirá de varias fuentes de financiamiento como el traspaso al sector privado de inmuebles oficiales que viene llevando a cabo la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En este caso, la cartera de Defensa recibirá el 10% de lo recaudado por la venta, locación o concesión de bienes administrados por el organismo oficial.

Ese dinero deberá ser destinado al financiamiento de programas de reequipamiento, modernización, infraestructura estratégica y recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional, garantizando en todo momento la preservación del equilibrio fiscal.

Otra fuente de recaudación será la venta de activos propios de las Fuerzas Armadas. En este caso, el porcentaje que retornará a la jurisdicción sube drásticamente al 70%.

Asimismo, se destinará otro 10% para ese fondo, que será aportado por lo recaudado por el Gobierno Nacional en la privatización de empresas públicas, a partir de lo dictado en el artículo 7° de la Ley N° 27.742.

En este caso, lo recaudado servirá para promover al reequipamiento, modernización y recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional.

"La señalada asignación de los recursos obtenidos por la enajenación y/o administración de bienes del Estado Nacional y por los citados procesos de privatización contribuirá a la recuperación de la Defensa Nacional y al desarrollo de nuevas capacidades, a través de la adquisición de medios, coadyuvando a la imperiosa modernización de las Fuerzas Armadas", detalla el decreto.

Empresas en la mira

Bajo este nuevo esquema, tres empresas del área de Defensa se posicionan como las principales generadoras de fondos para el reequipamiento militar.

Una es Fabricaciones Militares (FMSE), recientemente transformada en Sociedad Anónima, y que es considerada como la "joya" de la corona por su capacidad instalada y sus activos territoriales.

Posee plantas estratégicas en Río Tercero, Villa María, Fray Luis Beltrán y Jáchal. Produce desde municiones y explosivos hasta insumos químicos para la minería.

El atractivo para el sector privado proviene de su vinculación con el sector minero.

Es decir, un posible inversor no solo compra una fábrica de armas, sino un proveedor clave de explosivos civiles para un sector en auge.

Al ser una Sociedad Anónima, su venta total o parcial inyectaría divisas directas al plan de adecuación militar, eliminando a la vez un déficit operativo que el Gobierno busca cerrar este 2026.

Otra empresa de Defensa con el mismo destino es Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte), uno de los astilleros más grandes de Sudamérica y pieza fundamental de la logística naval.

En la actualidad, opera el "Syncrolift", una plataforma de elevación de buques única en la región.

Sin embargo, sufre de incumplimientos en contratos con la Armada que han deteriorado su balance.

En este caso, el interés del mercado pasaría por el sector de servicios petroleros offshore y la flota pesquera internacional son los principales interesados.

Una privatización o concesión de esta sociedad estatal permitiría modernizar el astillero para captar reparaciones de grandes buques que hoy se desvían a puertos de Uruguay o Brasil.

Si bien el 10% de su venta bruta iría al fondo de Defensa, el mayor beneficio sería la eficiencia ya que la Armada pasaría de ser "dueña de un astillero deficitario" a ser un "cliente exigente" con fondos para pagar reparaciones rápidas.

La tercera empresa que podría cerrar este círculo es FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones).

Ubicada en Córdoba, es el centro de la industria aeronáutica nacional, pero atraviesa una crisis de sostenibilidad aguda.

Acumula una deuda que ronda los $70.000 millones y una dependencia casi total de los aportes del Tesoro Nacional.

Actualmente, mantiene gran parte de su personal bajo esquemas de suspensiones rotativas.

El Gobierno busca atraer a gigantes globales (como Embraer o contratistas de Estados Unidos) para transformar a FAdeA en un centro regional de mantenimiento (MRO) para aviones comerciales y militares, aprovechando su infraestructura de hangares y pista propia.

Estructura inviable

De todos modos, cabe destacar que estas empresas ya no son vistas solo como "unidades de producción", sino como fuentes de liquidez inmediata.

Por eso, en los considerandos de la norma, el Ejecutivo justifica la urgencia de este DNU señalando que la estructura actual es inviable y que la mayor parte del presupuesto militar se consume en gastos de personal y funcionamiento, dejando un margen nulo para la inversión en material bélico.

Con este nuevo flujo, el Estado Mayor Conjunto (EMCO) tiene un plazo de 90 días corridos para presentar un listado de requerimientos urgentes.

El foco no solo estará en "fierros" tradicionales, sino en una modernización de salto tecnológico para la incorporación de sistemas con Inteligencia Artificial y armas robotizadas.

Habrá búsqueda de refuerzo de las capacidades de seguridad digital y protección de datos estratégicos; recuperación de bases operativas y unidades logísticas en todo el país; adquisición de aeronaves y buques para control del espacio marítimo y soberano.

Para los analistas militares, la medida busca blindar el plan de reequipamiento —que ya incluye hitos como la compra de los F-16 y helicópteros italianos— frente a la volatilidad económica.

Al atar el presupuesto de Defensa al éxito del plan de privatizaciones, el Gobierno genera un incentivo adicional para acelerar la salida de activos estatales del dominio público.

Recursos complementarios

Por otro lado, el uso de un DNU evita el debate legislativo sobre la asignación específica de fondos, una herramienta que el oficialismo considera "vital" ante las "amenazas modernas y la degradación del equipamiento actual", que califican como crítica para la seguridad nacional.

En este sentido, el decreto especifica que estos recursos son "complementarios" al FONDEF, lo que en la práctica dota al Ministerio de Defensa de una billetera propia con fondos dolarizados provenientes de las ventas de activos, una novedad absoluta en la gestión de recursos militares de las últimas décadas.

El Decreto 314/2026 demuestra además que el Gobierno Nacional no lleva a cabo una asignación de fondos, sino una reingeniería de la cartera de activos del Estado.

Un punto técnico novedoso del plan es la inclusión de la infraestructura digital ya que el decreto habilita el uso de estos fondos para la adquisición de licencias perpetuas de software de defensa, servidores de alta capacidad y sistemas de encriptación cuántica.

Es decir, se considera "activo de defensa" no solo al hardware (aviones, tanques), sino a la infraestructura crítica que protege datos estratégicos del Estado.

Técnicamente, el Estado Mayor Conjunto (EMCO) debe realizar un Inventario de Capacidades Críticas (ICC).

No se trata de una lista de deseos, sino de un análisis técnico-económico de qué activos tienen el costo de mantenimiento más bajo en relación con su poder disuasorio.

Este enfoque de "Costo-Beneficio por Kilómetro/Hora de Vuelo" será el que defina si los fondos van a la Fuerza Aérea, la Armada o el Ejército.

Esquema disruptivo

Para los expertos, esta arquitectura financiera busca que Defensa deje de ser una "jurisdicción de gasto" y pase a ser una de "gestión de activos".

De todos modos, la pregunta que se hacen los analistas se basa en saber si será suficiente este esquema para modernizar unas Fuerzas Armadas con décadas de desinversión.

La respuesta corta es que el esquema es disruptivo, pero enfrenta tres desafíos estructurales que determinarán si es una solución real o solo un paliativo.

Décadas de desinversión han generado una brecha tecnológica y operativa que se estima en miles de millones de dólares. Los expertos identifican:

• El volumen vs. la brecha de desinversión: Si bien la venta de inmuebles (vía AABE) y un porcentaje de las privatizaciones inyectará fondos frescos, estos dependen de la velocidad y el éxito de las licitaciones. En este caso, el riesgo surge de saber si el flujo de fondos será por goteo y no una "ola", lo que obligaría a priorizar solo parches urgentes en lugar de una modernización integral
• La trampa del mantenimiento (Costos Operativos): Comprar equipamiento (como los F-16 o los nuevos vehículos blindados) es solo el primer paso. El verdadero desafío económico es el sostenimiento ya que el material moderno requiere una cadena logística costosa y dolarizada. Si el Decreto 314/2026 solo se enfoca en la adquisición y no garantiza partidas presupuestarias anuales para el combustible y mantenimiento, Argentina corre el riesgo de tener "museos modernos" con máquinas de última generación que no pueden salir de los hangares por falta de presupuesto operativo
• La dependencia del Ciclo Económico: Este plan ata la suerte de las Fuerzas Armadas al éxito de la agenda de privatizaciones del Gobierno. Para los analistas, un mercado ávido por activos estatales argentinos genera un superávit de fondos que permite compras plurianuales de gran escala. Por eso se advierte que si las privatizaciones se frenan por amparos judiciales o falta de interés inversor, el plan de reequipamiento quedará desfinanciado antes de completar su primer ciclo de 90 días

Por eso, para los expertos, este mecanismo es una herramienta de transición necesaria pero no suficiente por sí sola.

Permite recuperar capacidades básicas que se habían perdido totalmente (como la interceptación supersónica o el control del Mar Argentino), pero para una modernización total se requeriría que trascienda una gestión de gobierno (planes a 10-15 años), y que permita que el presupuesto ordinario de Defensa vuelva a niveles regionales (cercanos al 1% o 1.2% del PBI).

En definitiva, el Decreto 314 es considerado como un mecanismo de oxígeno financiero inédito, pero su éxito final dependerá de que el Estado logre vender bien sus activos y, sobre todo, de que la macroeconomía se estabilice para poder sostener lo que se compre.