Privatización de AySA: Caputo impone exigencias que complican a los grupos locales

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El Gobierno de Javier Milei dio el paso definitivo para la que será la primera gran privatización de una empresa de servicios públicos desde que los libertarios desembarcaron en la Casa Rosada.

Con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, este viernes 15 de mayo se publicaron en el Boletín Oficial de la Nación los pliegos para la venta del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Sin embargo, las condiciones de los pliegos parecen diseñadas para que los "players" locales miren la contienda desde la tribuna o, en el mejor de los casos, como socios minoritarios.

Esto se debe a varias razones y condicionamientos que figuran en los anexos del documento, donde el pliego define la figura del "Operador Estratégico", al que se le exige no solo un respaldo financiero robusto para cubrir un plan de inversiones a 30 años, sino una capacidad técnica probada en sistemas de saneamiento de escala metropolitana que pocos grupos en Argentina ostentan de manera independiente.

Este reclamo es uno de los tantos que funcionan como un "cerrojo" para los grupos locales, además de los que definen la Capacidad Técnica y Financiera del "Operador Estratégico".

Exigencias profundas

En este sentido, el pliego establece que, en caso de consorcios, al menos uno de los integrantes debe acreditar la condición de Operador Estratégico.

Se exige acreditar la operación de sistemas de agua y saneamiento que sirvan a poblaciones equivalentes a las del área de concesión de AySA (más de 10-12 millones de habitantes).

En este sentido, ninguna empresa privada argentina opera hoy un sistema de esa escala.

Las compañías locales (como las que operan en provincias) manejan escalas mucho menores.

Esto obliga al interesado local a ir "colgado" de un socio internacional que retenga el control operativo.

El pliego también exige un Patrimonio Neto que suele rondar el 50% o 100% del valor base de la empresa (estimado en u$s500 millones).

Dada la crisis de balances en Argentina y la dificultad de acceso al crédito de largo plazo, pocos grupos locales pueden inmovilizar esas garantías o mostrar un balance consolidado que compita con el de una multinacional grado de inversión.

Financiar inversiones

En cuanto al artículo de "Antecedentes en Mercados de Capitales", a menudo se incluyen cláusulas que premian o exigen que el oferente tenga experiencia en la emisión de deuda internacional o cotización en bolsas de primer nivel.

La compilación en el pliego surge de comprender que el Gobierno busca que el nuevo dueño de AySA pueda financiar el plan de inversiones (capex) sin recurrir al mercado local, que es pequeño.

Este reclamo margina a grupos medianos que, aunque tengan liquidez en pesos, no tienen "track record" emitiendo bonos en Wall Street o Londres.

En los anexos se habla además de Incompatibilidades o Conflictos de Interés con el objetivo de limitar que el operador sea al mismo tiempo el principal contratista de las obras de expansión.

Muchos grupos argentinos (Techint, Sacde, Pampa, etc.) tienen su ADN en la construcción e ingeniería.

Si el pliego les prohíbe ser "juez y parte" (operador y constructor), el negocio pierde atractivo para ellos, ya que el margen de la operación de agua es regulado y bajo, mientras que el negocio real está en la obra pública/privada.

Costo financiero

En cuanto a la exigencia de "Garantía de Mantenimiento de Oferta" en dólares, la complicación para los interesados locales pasa porque el depósito de garantía suele pedirse en billetes líquidos o mediante cartas de crédito de bancos internacionales con calificación mínima de "A".

El costo financiero de conseguir estos avales para una empresa argentina (con el riesgo país actual) es infinitamente superior al de una empresa brasileña o española, lo que encarece la oferta local antes de empezar.

Es decir, el pliego está redactado bajo una lógica de "Seguridad de Operación" sobre "Fomento Nacional": al poner la vara en los 10 millones de usuarios atendidos y exigir espaldas financieras globales, el Gobierno se asegura que quien venga no "aprenda en el camino", pero a costa de convertir a los empresarios argentinos en simples gestores locales de socios extranjeros.

Cronograma y competencia

Fuentes del mercado aseguran que las exigencias de "antecedentes operativos" en ciudades de alta densidad poblacional actúan como un filtro natural.

Si bien nombres como Mauricio Filiberti (Transclor) o el grupo Edison Energía (familia Neuss junto a Newsan y Havanna) han mostrado interés, la normativa obliga a que el control operativo recaiga en firmas con experiencia internacional directa.

Tras haber logrado AySA un superávit operativo histórico de $237.000 millones en el 2025, el Gobierno busca una valuación que ronde los u$s500 millones.

Por eso, el requisito de garantías y el compromiso de no depender de subsidios del Tesoro elevan la vara de solvencia a niveles que hoy estresan cualquier balance corporativo local.

El proceso, que se gestionará a través de la plataforma CONTRAT.AR, ya tiene fechas marcadas en rojo, teniendo en cuenta que las consultas al pliego se podrán hacer hasta el 12 de agosto próximo, mientras que la presentación de ofertas fue establecida para el 27 de agosto a las 09:59 hs, siendo que ese mismo día se abrirán los sobres con las propuestas.

Los "elegidos" de Brasil

A partir de este avance, el interés internacional ya empezó a asomar, especialmente desde Brasil.

Firmas que han protagonizado procesos de privatización de agua en el país vecino (como el caso de Sabesp o Aegea) están en el radar oficial.

Para el Palacio de Hacienda, el ingreso de una firma extranjera no solo garantiza el "know-how", sino que asegura el ingreso de divisas frescas, un punto crítico en el esquema macroeconómico actual.

De todos modos, cabe aclarar que el interés extranjero no es generalizado, sino que proviene de mercados específicos que ya conocen la región o que tienen una agresiva política de expansión internacional.

En el mercado se identifican algunos candidatos que Palacio de Hacienda tiene bajo el radar, en especial de los grupos brasileños.

El país vecino ha vivido un proceso de privatizaciones masivas de agua en los últimos tres años, lo que generó "campeones regionales" con mucha liquidez y conocimiento de la normativa sudamericana.

En este sentido, se menciona a Aegea Saneamento como uno de los principales candidatos.

Se trata del mayor operador privado de Brasil, que tiene el respaldo de fondos como GIC (Singapur) e Itaúsa.

Ya han analizado activos en la región y la escala de AySA (AMBA) es similar a las concesiones que operan en Río de Janeiro.

Otro grupo brasileño que suena es Sabesp (Cia. de Saneamento do Estado de São Paulo).

Ahora, como empresa privada, busca internacionalizarse para diversificar sus ingresos fuera de Brasil. Es el espejo más cercano a AySA por tamaño y complejidad técnica.

Se nombra también a Equatorial Energia que, aunque su fuerte es el sector eléctrico, recientemente entraron con fuerza en el sector de saneamiento en Brasil y buscan expandir su cartera de servicios públicos (utilities) en el Cono Sur.

La mirada en Europa y Asia

En el caso de gigantes europeos, las miradas se posan en empresas de Francia y España, que han sido históricamente los operadores de agua en Argentina.

Aunque la salida del grupo francés Suez en 2006 dejó una herida judicial, el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) podría actuar como el bálsamo necesario.

Por eso se vuelve a mencionar a esta sociedad ya que, tras su reestructuración global, se han vuelto más selectivos, pero AySA sigue siendo una "joya" técnica por su red de infraestructura.

Podrían volver, pero solo bajo un esquema de blindaje legal absoluto (vía CIADI o leyes locales muy fuertes).

En el caso de Veolia, también de Francia, se trata del mayor grupo de servicios ambientales del mundo.

Tienen una presencia muy fuerte en América Latina y su perfil encaja perfecto con la exigencia de "Operador Estratégico" que pide el pliego.

Por el lado de España, se menciona a Aguas de Valencia / Global Omnium, que viene mostrando interés en expandirse en América Latina.

Son más pequeños que los franceses, pero muy eficientes tecnológicamente.

El capital asiático y los fondos de infraestructura también se mencionan en los pasillos del Ministerio de Economía.

Sobresale CK Infrastructure (Hong Kong), famoso por comprar redes de servicios públicos estables en todo el mundo (especialmente en UK y Australia). Si el Gobierno garantiza un flujo de tarifas dolarizado o indexado, este tipo de fondos "value" podrían ofertar.

Otro nombre que se escucha es el de Mitsubishi Corp (Japón), que posee una división de infraestructura de agua muy activa y ya ha participado en proyectos de plantas desalinizadoras y tratamiento en la región. Suelen entrar asociados a un operador local.

En cuanto a fondos de Inversión, pica en punta Brookfield Asset Management (Canadá), que ya tiene fuertes inversiones en Argentina (en energía).

Su modelo es comprar empresas de infraestructura estratégicas, sanearlas financieramente y operarlas a largo plazo. Tienen la espalda para el Patrimonio Neto que exige el pliego.

Esquema de alianzas

Entre las consultoras que asesoran a estos grupos, se comenta que lo más probable no sea un desembarco 100% extranjero solitario, sino mediante consorcios mixtos.

En este sentido, se podría establecer un socio técnico/financiero extranjero que aporta la "chapa" de operador, los antecedentes de población servida y el acceso al crédito internacional, mientras que el socio local aporta el manejo de la relación con el sindicato (SGBATOS, liderado por José Luis Lingeri), la logística de cobranza en el territorio y la relación política con los municipios del conurbano.

Pero también se sostiene que el interés de los grupos brasileños es el más concreto porque ven en AySA una oportunidad de "arbitraje": comprar barato un activo que, bien gestionado, tiene un flujo de caja en una moneda que ellos consideran subvaluada a largo plazo.