Colapsa conocida marca de leche: no pudo vender sus plantas, tiene 4.000 cheques rechazados y 700 empleados no cobran
Hubo un momento, en las últimas semanas, en que parecía que el interminable conflicto de Lácteos Verónica podía empezar a tener un desenlace. Las conversaciones estaban avanzadas, había posibilidades de conseguir compradores y existía, al menos en apariencia, una ventana para que dos de las tres plantas de la empresa retomaran actividad bajo una nueva conducción.
Esa ventana se cerró. La venta se cayó. Y la razón, según coinciden distintas fuentes del sector, es la misma que viene trabando cualquier solución desde el comienzo de la crisis: la familia Espiñeira, dueños de la fábrica, no logra ponerse de acuerdo entre sus propios miembros para tomar una decisión.
La empresa, fundada en 1923 y que supo procesar más de un millón de litros de leche diarios en sus mejores tiempos, acumula hoy cinco meses de parálisis en sus plantas de Clason, Lehmann y Suardi, en la provincia de Santa Fe. Adeuda más de tres meses completos de salarios a sus cerca de 700 empleados, y suma casi 4.000 cheques emitidos sin fondos.
En ese contexto, la posibilidad de que al menos una parte del negocio pudiera transferirse y reactivarse representaba la alternativa más tangible que había surgido en mucho tiempo. Pero no prosperó.
La caída de la venta
Hace algunas semanas, en una de las reuniones virtuales promovidas desde la Legislatura santafesina, miembros de la familia Espiñeira dieron una señal que pareció concreta por primera vez en mucho tiempo: manifestaron la intención de ceder el control de las plantas de Suardi y de Lehmann, conservando únicamente la de Clason bajo la sociedad actual. Con esa definición sobre la mesa, se dejó abierta la negociación con dos grupos de inversores distintos, uno para cada establecimiento. Por un momento, el horizonte pareció despejarse.
Lo que siguió fue un proceso que avanzó con más sustancia que cualquier conversación anterior. Hubo charlas con acreedores, acuerdos iniciales y una fecha concreta para formalizar el traspaso, que incluía también una solución para los trabajadores: este miércoles. Pero los Espiñeira no llegaron al encuentro en el momento acordado. Primero demoraron. Después, a último momento, anunciaron que bajaban de la negociación.
Para quienes habían puesto horas y expectativas en construir esa salida, el golpe fue doble: no solo se frustraba la operación más avanzada que había existido desde el inicio de la crisis, sino que el modo en que se cayó —sin explicaciones, sobre el filo de la firma— fue leído como una muestra más de la falta de voluntad de los propietarios para resolver un conflicto que ya tiene consecuencias sociales gravísimas en tres localidades de Santa Fe.
Adecoagro en escena, y la historia que quedó en la nada
El nombre que circuló con fuerza en los últimos meses como posible interesado en hacerse con activos de Verónica fue el de Adecoagro, la compañía agropecuaria que opera en Argentina, Brasil y Uruguay y que viene de protagonizar una de las operaciones más importantes del sector con la compra de Profertil por u$s1.200 millones.
En noviembre del año pasado, uno de los dueños de Lácteos Verónica, Alejandro Espiñeira, visitó la planta de Clason junto a empresarios de esa firma. El movimiento encendió todas las especulaciones. Los productores tamberos que le reclamaban deudas a la empresa aprovecharon la visita para plantarse frente a la fábrica y exigir respuestas cara a cara. La lectura generalizada era que Adecoagro iba a tener una mirada más amplia sobre el negocio, con vistas a una posible compra o al menos a un acuerdo de producción a fasón que permitiera mantener encendidas las calderas.
Lo que siguió a esa visita fue un período de relativa actividad, sostenido sobre contratos de fasón —es decir, Verónica procesaba leche de terceros usando su infraestructura— que permitió ir pagando salarios en cuotas semanales. Pero ese esquema tenía fecha de vencimiento. Cuando el acuerdo transitorio llegó a su fin, a comienzos de enero de 2026, la empresa dejó de recibir materia prima y el 16 de febrero detuvo la producción de manera completa. Desde entonces, las plantas están apagadas.
Ahora se confirma que las negociaciones de venta, que habían vuelto a tomar cuerpo en las últimas semanas con conversaciones más avanzadas sobre la compra de dos de las tres plantas, se cayeron definitivamente. La razón no tiene que ver con la viabilidad económica del negocio ni con la posición del comprador. Tiene que ver con los vendedores.
El nudo que nadie puede desatar: la familia Espiñeira
Desde el inicio del conflicto, se distingue como el principal obstáculo para encontrarle una salida a Lácteos Verónica no a la falta de interesados ni a la imposibilidad de estructurar un acuerdo, sino las diferencias internas dentro de la familia propietaria. Los Espiñeira no logran acordar entre sí qué hacer con la empresa: si venderla completa, transferir activos por partes, ir a concurso de acreedores o avanzar hacia la quiebra. Esa indefinición crónica es la que, una y otra vez, hace naufragar las conversaciones.
En las reuniones que se realizaron en las últimas semanas con intervención del gobierno de Santa Fe, los propios Gonzalo y Alejandro Espiñeira se sentaron a la mesa por primera vez en mucho tiempo. Los funcionarios provinciales celebraron ese gesto como una señal de disposición al diálogo. Sin embargo, la reunión no derivó en ningún compromiso concreto. Los representantes de la empresa aseguraron que estaban "trabajando en distintas opciones para garantizar la continuidad de la firma", pero sin precisar cuáles ni en qué plazos.
El ministro Puccini fue explícito al evaluar el caso desde la TodoLáctea 2026: el diagnóstico sobre Verónica, dijo, "genera mayor inquietud por la falta de respuestas de los propietarios". Y subrayó que no se trata de una crisis generalizada del sector: Santa Fe tiene más de cien empresas lácteas procesadoras que están administradas correctamente y enfrentan el contexto sin colapsar.
Una empresa con historia y números que generan preguntas
La trayectoria de Lácteos Verónica hace todavía más difícil comprender el derrumbe. Fundada hace más de un siglo, la firma fue durante décadas una de las referencias del sector lechero santafesino. En su pico de actividad llegó a recibir cerca de 700 mil litros de leche por día en sus plantas del interior de Santa Fe. Producía quesos, manteca, leche en polvo. Exportaba a Argelia, a mercados de África y Medio Oriente. Entre enero de 2020 y abril de 2025, las ventas al exterior sumaron más de u$s102 millones.
Esos números alimentan una de las preguntas que más circulan entre trabajadores, productores y legisladores que siguen el conflicto: si la empresa exportó cien millones de dólares en cinco años, ¿cómo llegó a un estado de insolvencia que no puede pagar salarios? Los registros disponibles no muestran una deuda bancaria significativa que explique el boquete.
Lo que sí se sabe es que la producción cayó de esos 700 mil litros diarios de los mejores tiempos a menos de 200 mil litros antes del colapso final, y que desde febrero de este año no ingresa leche a ninguna de las tres plantas. La caída, en cualquier caso, fue progresiva: los primeros signos de deterioro en los pagos se remontan a 2023, y la situación se fue agravando de manera sostenida a lo largo de 2024 y 2025 con pagos fragmentados, cheques rechazados y deudas acumuladas con proveedores y tamberos.
Cerca de 150 productores que abastecían de leche cruda a la empresa se nuclearon para reclamar una deuda que algunos estimaron cercana a los u$s20 millones. Son tamberos de la cuenca lechera santafesina que durante meses siguieron remitiendo su producción mientras esperaban cobrar, hasta que la cadena de pagos se rompió del todo.
Cinco meses de silencio y 700 familias en el aire
El denominador común de todo este período es el silencio de los dueños. La familia Espiñeira no responde consultas periodísticas. No emite comunicados. No da conferencias de prensa. En las instancias de negociación en que participó, lo hizo con formulaciones genéricas sobre "distintas opciones" que no se traducen en compromisos. Ese hermetismo es el que volvió a frustrar la negociación más concreta que había surgido en meses.
Para los trabajadores, el tiempo que pasa no es neutral. Más de 700 personas llevan cinco meses sin cobrar regularmente. Desde febrero, los depósitos directamente se interrumpieron o llegaron en montos irrisorios —$20 mil, $17 mil, $21 mil— que los propios empleados describieron como una burla frente a la gravedad de la situación. Muchos recurrieron a trabajos informales, asistencia familiar o endeudamiento para cubrir gastos básicos. La obra social dejó de estar disponible en muchos casos.
Las calderas de Clason y Suardi llevan casi un año sin encenderse. La planta de Lehmann, que fue la última en apagarse, quedó paralizada desde fines de enero. No hay materia prima, no hay producción, no hay señales de reactivación inmediata.
En marzo, la empresa logró frenar un pedido de quiebra en la Justicia al cancelar una deuda de poco más de $23 millones ante un reclamo de la firma Envases Food Solutions, que le reclamaba el cobro de facturas respaldadas con cheques rechazados.
El pago fue suficiente para desactivar ese proceso judicial puntual, pero el acreedor mismo advirtió que el problema excede ese caso: hay múltiples incumplimientos, una cadena de pagos rota en múltiples frentes y un deterioro que no es coyuntural sino estructural.