Ley de Etiquetado Frontal: el nuevo escenario que podría transformar la oferta en las góndolas
El Poder Ejecutivo ha movido sus fichas con rapidez y el proyecto de derogación de la Ley 27.642 de Etiquetado Frontal ingresó al Congreso en los últimos días de este mes de mayo, como parte de un paquete estratégico que incluye también el "Súper RIGI" y la "Ley de Lobby".
El oficialismo ha solicitado formalmente a las comisiones parlamentarias un "pronto tratamiento y sanción" de la iniciativa, buscando capitalizar el respaldo de sectores industriales y consolidar su agenda de desregulación económica.
La derogación de la legislación actual no presenta por el momento un sistema de reemplazo inmediato, lo que augura un debate parlamentario de alto voltaje.
Si bien los legisladores libertarios sostienen que la ley actual genera una "banalización" de la advertencia, al alcanzar al 85% de los productos de góndola, se espera una fuerte resistencia de la oposición y de organizaciones de salud pública que fueron actores clave en la sanción de la norma original en 2021.
Por estas horas, las comisiones de Industria y Comercio de Diputados se preparan para recibir a representantes de las cámaras alimenticias, que buscarán presionar para que el proyecto obtenga dictamen antes del receso invernal, en un clima legislativo que promete ser, como mínimo, tan polarizado como el de hace cinco años.
Contexto clave
Para los ejecutivos de las grandes alimenticias locales no se trata solo de un debate de salud pública, sino de una cuestión operativa y financiera de gran envergadura.
Si finalmente el Congreso avanza con la derogación de la norma actual, las empresas deberán recalibrar sus estrategias en tres áreas clave:
- Costos operativos y armonización regional: Uno de los argumentos centrales para el cambio es la falta de armonización con los estándares del Mercosur. Las empresas han tenido que producir envases "exclusivos para Argentina", lo cual eleva los costos logísticos y de manufactura
- Reformulación de productos: La posibilidad de cambiar los criterios de cálculo de los nutrientes (priorizando solo los "añadidos" frente a los intrínsecos) altera las reglas del juego. Muchas empresas que invirtieron fortunas en reformular sus productos podrían ver cómo esa ventaja competitiva se diluye frente a quienes mantuvieron sus fórmulas tradicionales
- Publicidad y marketing: La eliminación de las restricciones actuales permitiría reactivar el marketing dirigido a menores, prohibido actualmente para productos con octógonos, devolviendo a las marcas su capacidad de alcance total
Recuperar la competitividad
Al respecto, un directivo de una importante cámara del sector alimenticio sostuvo que "el problema nunca fue la información al consumidor, sino la extralimitación técnica de una norma que nos convirtió en una isla dentro del Mercosur".
Para este empresario, "hoy, un productor de lácteos argentino debe gestionar dos líneas paralelas, una para el mercado interno y otra para exportar a Brasil o Uruguay".
Por eso entiende que, si se armoniza la ley, no sólo se lograrán reducir los costos, sino que el país podrá recuperar la competitividad exportadora.
De todos modos, el alivio económico no será igual.
Por un lado, las multinacionales ven con buenos ojos la unificación de packaging regional, mientras que las PyMEs alimentarias esperan una reducción de la carga administrativa y las barreras técnicas que les impone el sistema actual de declaraciones juradas.
Por su parte, la industria de bebidas y golosinas celebra la posible eliminación de las leyendas precautorias sobre edulcorantes, las cuales consideran que estigmatizan productos sin distinción.
Eliminar el "escollo" estatal
En este sentido, el debate legislativo busca encontrar un punto de equilibrio entre la salud pública y la "libertad de industria".
Desde el oficialismo, la postura parece clara al respecto.
Según un legislador del partido libertario y miembro de la Comisión de Industria y Comercio, se revisará la normativa bajo una premisa clara: el Estado no puede ser un escollo para la producción.
"Nuestro objetivo es una norma moderna, que informe sin estigmatizar y, sobre todo, que elimine trabas absurdas que hoy encarecen el producto final en la góndola", aseguró.
Más allá de lo técnico, el mayor problema para el sector sigue siendo la inestabilidad regulatoria.
En este sentido, las empresas recuerdan que han realizado inversiones millonarias para adaptarse a los estándares actuales.
Por eso, la posibilidad de un giro de 180 grados genera un clima de cautela donde la inversión se paraliza a la espera de definiciones claras sobre los nuevos parámetros.
También tienen dudas sobre si será el principio del fin para los octógonos negros o si se trata de una simple adecuación técnica para mejorar la competitividad exportadora.
Tensión técnica
De todos modos, algunos expertos en este sector aseguran que el punto más crítico para la industria no es la etiqueta en sí, sino lo que la norma obligó a hacer con las fórmulas.
Muchas empresas invirtieron años y millones de dólares en I D para desarrollar fórmulas con un equilibrio específico de sabor, textura y vida útil.
La Ley de Etiquetado actuó como una "penalización" visual sobre estas fórmulas, haciendo que productos considerados premium o incluso equilibrados fueran percibidos por el consumidor como "dañinos" debido al octógono.
Existe además una tensión técnica ya que, si el nuevo proyecto oficialista cambia el criterio de medición (de nutrientes totales a nutrientes añadidos), el impacto sobre las patentes será disruptivo. Las empresas que reformularon sus productos para "sacar" los sellos bajo la ley vigente hoy tendrían una ventaja competitiva artificial.
La derogación obligaría a las compañías a reevaluar si mantienen la fórmula "saludable" (más cara) o si vuelven a la fórmula original (más rentable/tradicional), ya que el octógono ya no sería un factor de exclusión en la góndola.
Un punto adicional latente es la exigencia de declarar ingredientes de forma que, según las cámaras, podría exponer detalles de procesos productivos o "secretos de marca".
Terminar con la duplicación
Por eso, cualquier cambio legislativo que simplifique esta declaración es visto por la industria como una recuperación de su capacidad de gestionar la propiedad intelectual sin interferencia estatal excesiva.
Las cámaras industriales (como las que agrupan a empresas de alimentación, AmCham y sectores Pyme) han mantenido una postura unificada basada en la competitividad y la armonización regional.
El argumento central es que el perfil de nutrientes de la OPS (utilizado en Argentina) no coincide con los estándares del Mercosur.
Esto obliga a las empresas a tener líneas de producción duplicadas: una para el mercado interno argentino y otra para exportación (Brasil, Uruguay, Paraguay).
Para las Pymes, este "costo argentino" es, en muchos casos, prohibitivo y argumentan que "si todo tiene sello, nada tiene sello".
Aseguran que el sistema actual es un "monocultivo de advertencias" que no permite distinguir entre un producto ultraprocesado con exceso de sodio y un producto lácteo natural que simplemente contiene grasas intrínsecas, degradando la calidad percibida de toda la oferta alimenticia.
Desde el sector empresario se sostiene además que la regulación alimentaria debe ser definida por autoridades sanitarias locales basadas en hábitos y costumbres argentinas, y no por un modelo internacional (OPS) que consideran "rígido y desconectado de la realidad local".
Por eso, si se concreta la derogación o flexibilización de la ley actual, las más beneficiadas serán las empresas que han mantenido estrategias de doble vía con inversión en reformulación técnica y presión política sostenida.
La presión de los grandes
Grandes alimenticias con portafolios diversificados como Danone, Arcor, Mastellone o Molinos Río de la Plata han sido las más activas en la "carrera por el sello cero".
Fueron las que más debieron invertir para adaptarse a "la dictadura de los octógonos" y reformular sus productos estrella (yogures, galletitas, panificados).
Si la ley se deroga, el valor de esa inversión se desdibuja pero recuperan libertad operativa y ya no tendrán que mantener líneas de producción diferenciadas (packaging con y sin sellos) para el mercado interno versus exportación a países del Mercosur que tienen normativas menos rígidas.
Este posible nuevo escenario les traerá un alivio económico, gracias a una drástica reducción de costos logísticos y de inventarios al unificar el diseño del packaging para toda la región.
Otro sector beneficiado será el de la industria de "snack, dulces y bebidas azucaradas", donde la restricción de marketing fue el golpe más duro que debieron soportar a partir de la prohibición de usar personajes, dibujos animados, o promociones en entornos escolares.
La eliminación de la ley les devuelve la posibilidad de reactivar el marketing agresivo dirigido a niños y adolescentes, un segmento vital para la rotación de sus inventarios.
El beneficio para las PyMEs
El factor de los edulcorantes es otro que, con la eliminación de la norma actual, tendrá un nuevo sentido.
La ley actual obliga a poner una leyenda precautoria ("Contiene edulcorantes, no recomendable en niños") sin importar la cantidad, lo cual afectó duramente a empresas de bebidas gaseosas y productos "light".
La derogación elimina esta "estigmatización" que el sector considera arbitraria y desproporcionada.
En el caso de las PyMEs alimentarias regionales, el discurso gubernamental las pone como las principales víctimas de la norma actual.
Muchas sufrieron el costo de adaptar etiquetas a medida y la complejidad burocrática del sistema de declaraciones juradas.
La derogación elimina una barrera de entrada y de costos fijos que muchas veces se traducía en menores márgenes frente a las multinacionales.
Al eliminarse la obligatoriedad de los sellos, una PyME que no tiene presupuesto para una reformulación compleja (quitar azúcar/sodio mediante procesos industriales caros) vuelve a competir en "igualdad de condiciones" visuales con las grandes marcas que sí pudieron invertir en quitar los sellos.
¿Nuevos envases?
En el mismo sentido, la industria del Packaging y Diseño verán sus estrategias productivas y comerciales también beneficiadas.
Paradójicamente, la derogación de la norma podría generar una nueva ola de trabajo.
Las empresas deberán rediseñar toda su línea de productos nuevamente, eliminar los octógonos de sus artes finales y posiblemente armar campañas de "relanzamiento" de marca para recuperar la percepción de calidad que los octógonos negros pudieron haber afectado.
Pero, más allá de lo que dicte la ley y de las opiniones del sector, las empresas deberán evaluar si el consumidor argentino, tras años de convivir con los sellos negros, sigue valorando la información nutricional frontal como un diferencial de marca.