IMPSA reactiva en Venezuela un contrato millonario de la era Chávez

La historia comenzó durante los años de expansión internacional de IMPSA, cuando la empresa fundada por la familia Pescarmona se convirtió en uno de los principales proveedores de equipamiento hidroeléctrico de América Latina.

En aquellos años, Venezuela era uno de los mercados estratégicos de la compañía y uno de sus mayores clientes.

Más de una década después, aquel contrato que prometía convertirse en uno de los mayores negocios de la ingeniería argentina, terminó transformándose en un símbolo de la crisis energética venezolana y también de las dificultades financieras que llevaron a IMPSA al borde del colapso.

Ahora, ambas historias vuelven a cruzarse.

La empresa confirmó que avanza en la renegociación de un acuerdo con la estatal venezolana Corpoelec para completar obras vinculadas a las centrales hidroeléctricas Tocoma y Macagua.

Se trata de dos proyectos considerados estratégicos para el sistema eléctrico del país caribeño que ya no se encuentra bajo el paraguas político del chavismo puro y que es "custodiado" por el gobierno de los Estados Unidos.

Según reveló el presidente de IMPSA, Jorge Salcedo, las negociaciones técnicas y financieras se encuentran prácticamente cerradas y permitirían incorporar hasta 672 megavatios de generación eléctrica.

De la era Kirchner-Chávez

El acuerdo original fue firmado durante el período de mayor acercamiento político y comercial entre Argentina y Venezuela.

En aquellos años, bajo las presidencias de Néstor Kirchner y Hugo Chávez primero, y luego de Cristina Kirchner y el propio Chávez, las empresas argentinas lograron una fuerte inserción en Venezuela impulsadas por la afinidad política entre ambos gobiernos.

En aquel contexto, IMPSA fue una de las principales beneficiadas por ese proceso.

La compañía obtuvo contratos para suministrar turbinas y equipamiento electromecánico para la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, conocida como Tocoma, un megaproyecto concebido para aportar 2.160 MW al sistema eléctrico venezolano y convertirse en la última gran represa sobre el río Caroní.

El proyecto contemplaba la provisión de 10 turbinas Kaplan de gran porte, además de servicios de ingeniería, montaje y puesta en marcha.

El inicio del fin

Pero la historia no terminó como estaba prevista y Venezuela terminó siendo parte de la debacle de IMPSA.

La crisis económica de ese país, la caída de los precios del petróleo y las crecientes dificultades financieras del gobierno chavista comenzaron a afectar los pagos comprometidos con proveedores internacionales.

IMPSA acumuló acreencias millonarias por proyectos ejecutados o parcialmente ejecutados en Venezuela.

Durante años, la empresa intentó cobrar compromisos pendientes mientras continuaba fabricando equipamiento para contratos que nunca pudieron completarse.

La situación se transformó en uno de los factores que agravaron el deterioro financiero de la compañía mendocina.

Aunque la crisis de IMPSA tuvo múltiples causas, como el fuerte endeudamiento en dólares, proyectos demorados en distintos mercados y problemas financieros internacionales, los incumplimientos venezolanos se convirtieron en una de las principales fuentes de tensión sobre su flujo de fondos.

La empresa terminó entrando en un proceso de reestructuración de deuda que derivó en un default corporativo, la pérdida del control por parte de la familia Pescarmona y posteriormente en la reconfiguración accionaria impulsada por acreedores, organismos multilaterales y el Estado argentino.

Acuerdo trunco

Años más tarde, la compañía volvería a atravesar otra etapa crítica que culminó con su privatización y la venta del paquete accionario al fondo estadounidense Industrial Acquisition Fund (IAF).

La intención del grupo es reflotar un acuerdo que, a pesar de no haberse concretado, mantuvo gran parte de los equipos que fueron efectivamente fabricados.

Durante años permanecieron almacenados en Mendoza, donde se encuentra la planta de IMPSA, a la espera de una solución financiera y regulatoria que permitiera concretar la entrega.

La imposibilidad de exportarlos respondió tanto a los problemas de pago venezolanos como a las sanciones internacionales impuestas sobre Caracas.

El resurgir del acuerdo fue anunciado por la propia empresa y tiene vinculación a una licencia otorgada este año por autoridades estadounidenses abrió nuevamente la posibilidad de avanzar con la operación.

IMPSA trabaja ahora en una adenda contractual con Corpoelec para concretar la exportación e instalación de las turbinas y del equipamiento asociado.

Dos obras clave

La renegociación involucra dos proyectos estratégicos.

Por un lado, la puesta en funcionamiento de dos unidades generadoras de Tocoma, una represa cuya construcción quedó inconclusa y que se transformó en uno de los mayores símbolos de las dificultades del sector eléctrico venezolano.

Por otro, la rehabilitación de tres unidades de la central Macagua, otro complejo hidroeléctrico fundamental para la generación eléctrica del país.

El objetivo es sumar hasta 672 MW adicionales a una red eléctrica que durante años sufrió apagones, restricciones operativas y falta de inversiones.

Sin alineamiento político

El contrato nació en el marco de una relación privilegiada entre los gobiernos kirchneristas y el chavismo.

La renegociación, en cambio, se desarrolla bajo un contexto completamente distinto.

IMPSA ya no es una empresa controlada por la familia Pescarmona ni por el Estado argentino. Tampoco depende de acuerdos políticos bilaterales.

La compañía está hoy en manos de capitales estadounidenses y busca cerrar una operación sustentada en criterios financieros y comerciales.

Paradójicamente, la reapertura de la negociación fue posible gracias a autorizaciones regulatorias provenientes de Estados Unidos, algo impensado cuando el contrato fue firmado originalmente.

Apuesta fuerte

La importancia estratégica del proyecto para IMPSA excede ampliamente el monto puntual del negocio.

Para la nueva conducción de la compañía, recuperar contratos históricos representa una oportunidad para monetizar activos que llevan años inmovilizados y generar ingresos sin necesidad de iniciar desde cero un proceso de fabricación.

Además, el acuerdo permitiría liberar equipamiento ya construido, recuperar capital de trabajo y fortalecer la posición de la empresa en el mercado hidroeléctrico latinoamericano.

En un contexto donde la compañía intenta consolidar su relanzamiento tras años de crisis, la concreción del contrato venezolano aparece como una de las oportunidades más relevantes de su cartera internacional.

Por eso, más que una simple renegociación comercial, el entendimiento con Corpoelec representa un intento de cerrar uno de los capítulos más complejos de la historia reciente de IMPSA.

El de un negocio que nació en la época dorada de la expansión regional, sobrevivió al colapso venezolano, atravesó el default de la empresa y hoy busca convertirse en una de las primeras grandes victorias de su nueva etapa corporativa.