Alimentos vencidos: investigan red de distribución que involucraría a una multinacional

Una investigación judicial por presunta adulteración y comercialización de alimentos vencidos puso bajo la lupa a una parte de la cadena de abastecimiento alimentario.

El caso vio la luz luego de que la Policía Federal Argentina secuestró 14,56 toneladas de productos que, según las primeras actuaciones, habrían sido destinados a la venta pese a encontrarse vencidos o con modificaciones en sus etiquetas.

La causa comenzó a partir de una investigación sobre una distribuidora ubicada en Los Cardales, provincia de Buenos Aires, y derivó en allanamientos en otros domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y Pacheco.

Entre los productos decomisados se mencionan:

• Carnes
• Embutidos
• Lácteos
• Pescados envasados al vacío
• Bebidas

Según la investigación, parte de la mercadería habría tenido fechas de vencimiento adulteradas o etiquetas modificadas.

La causa quedó vinculada al delito de "envenenamiento o adulteración de aguas, medicamentos o alimentos", con intervención del Juzgado Federal de Campana, la Policía Federal Argentina y organismos sanitarios como SENASA.

La pesquisa busca determinar ahora cómo funcionaba la operatoria investigada y cuál era el destino final de los productos encontrados.

Uno de los puntos centrales será establecer si se trató de una maniobra limitada a una distribuidora o si existía una red de circulación más amplia de mercadería cuya comercialización no correspondía.

Dos empresas en la mira

La investigación analiza especialmente la trazabilidad de los alimentos; quién los almacenaba; cómo eran manipulados; qué controles tenían y si llegaron efectivamente a canales de venta o provisión a terceros.

En ese marco, de acuerdo a la denuncia, comenzó a aparecer el nombre de Blancaluna, una compañía vinculada al negocio de alimentación institucional y relacionada comercial u operativamente con Aramark.

Se trata de una multinacional de origen estadounidense especializada en servicios de alimentación y gestión de instalaciones.

Aramark tiene presencia internacional dedicada a servicios de alimentación y gestión de instalaciones.

Su negocio se concentra en contratos de gran escala para empresas, industrias, universidades, hospitales y organizaciones que tercerizan la provisión gastronómica.

En Argentina participa de un mercado donde los proveedores compiten por contratos de alimentación corporativa e institucional, un segmento donde la capacidad operativa, la logística y los sistemas de control son parte central de la propuesta de valor.

La compañía atravesó en los últimos años distintos conflictos y reclamos vinculados a algunos de sus contratos de prestación de servicios, según registros periodísticos de la época.

Uno de los antecedentes se relacionó con servicios de alimentación vinculados al sector minero en Salta, donde surgieron reclamos alrededor de contratos de catering, participación de proveedores locales y la aplicación de normas provinciales vinculadas al compre local.

También hubo cuestionamientos vinculados a servicios gastronómicos para grandes compañías industriales.

Entre ellos apareció el caso de una automotriz con una planta en la localidad bonaerense de Zárate, donde trabajadores denunciaron episodios vinculados a una presunta intoxicación alimentaria tras consumir alimentos del servicio de comedor.

El episodio generó reclamos y volvió a poner bajo análisis los controles aplicados en servicios tercerizados de alimentación.

Estos antecedentes forman parte del contexto empresarial en el que ahora aparece la investigación por los alimentos secuestrados, aunque no determinan por sí mismos responsabilidades en la causa actual.

De acuerdo con información difundida en el marco de la investigación, una persona vinculada a la conducción de la empresa habría sido alcanzada por medidas judiciales.

La causa continúa abierta y será la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes.

La posible conexión con Blancaluna y Aramark suma una dimensión empresarial al expediente porque ambas compañías participan de un mercado donde la seguridad alimentaria y los controles de calidad son factores centrales.

Es decir, el de la alimentación institucional para empresas, establecimientos educativos, centros de salud y otras organizaciones.

Problema de trazabilidad

El interrogante que ahora analizan los investigadores es si los alimentos presuntamente vencidos o adulterados pudieron haber ingresado a esos circuitos de provisión.

Si esa hipótesis llegara a confirmarse, el caso podría superar una maniobra de comercialización irregular para transformarse en una investigación con impacto sobre servicios alimentarios destinados a ámbitos de alta sensibilidad.

El punto de mayor preocupación dentro del sector es que, en este tipo de operaciones, un problema de trazabilidad no afecta solamente al producto individual sino a toda la cadena: proveedores, distribuidores, operadores gastronómicos y las instituciones que contratan esos servicios.

Para compañías que participan del negocio institucional, la confianza del cliente depende de la capacidad de garantizar controles sobre origen, almacenamiento, vencimiento y condiciones de cada alimento.

Ahora la Justicia deberá establecer quiénes participaron de la operatoria investigada, cuál era el destino final de la mercadería secuestrada y si los productos llegaron efectivamente a consumidores o instituciones.