Después de Transener: la lista de empresas del Estado que siguen en la mira del capital privado
La privatización de Transener marcó un antes y un después dentro del programa de desinversión del Estado que estableció el presidente Javier Milei casi desde el primer día en que desembarcó en la Casa Rosada.
No sólo por el tamaño de la compañía clave para el sistema de transporte de energía del país, sino porque fue una de las primeras operaciones que mostró que existe apetito privado por activos estratégicos argentinos en manos del Estado Nacional.
El paquete accionario estatal en Citelec, sociedad controlante de Transener, quedó en manos del grupo integrado por el Grupo Edison y Genneia, que ofertó alrededor de u$s356 millones.
La operación también había despertado interés de otros jugadores energéticos, entre ellos Central Puerto y Edenor, que analizaron la compra de una compañía considerada clave para el sistema eléctrico pero que ofertaron menos que lo que hizo la dupla del grupo de los hermanos Neuss y la empresa de energías renovables controlada por la familia Brito.
La señal para el mercado fue clara: los activos con ingresos regulados, posición dominante e infraestructura crítica son los que concentran mayor interés.
El resto del "mapa"
Ahora la discusión pasa por una gran cantidad de sociedades que todavía se encuentran bajo el paraguas del sector público.
El caso más cercano es la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los activos más importantes del programa del Gobierno.
Cabe aclarar que no se trata de una privatización sino de la extensión de un contrato de concesión para el uso de esa vía navegable que ya venció y que quedó encaminado para que el consorcio encabezado por Jan De Nul continúe operando el servicio.
La operación no tiene una valuación comparable a una venta de acciones porque se trata de una concesión de largo plazo.
Pero el mercado estima que mueve un negocio multimillonario asociado al mantenimiento del corredor, que concentra buena parte de las exportaciones argentinas.
Entre los jugadores que miraron el proceso estuvieron empresas internacionales de dragado como DEME, además de operadores vinculados a infraestructura portuaria pero, la preadjudicación del nuevo contrato recayó en el consorcio belga.
Rutas y autopistas
Otro ejemplo son las concesiones de miles de kilómetros de rutas nacionales organizadas bajo el esquema de la Red Federal de Concesiones para transferir corredores que estaban bajo administración estatal.
Se trata del esquema impulsado por el Gobierno para reemplazar el modelo anterior de concesiones viales y transferir al sector privado la operación, mantenimiento y explotación de corredores nacionales.
El objetivo oficial es que los concesionarios asuman la gestión con contratos de largo plazo, sin subsidios del Estado, bajo control de Dirección Nacional de Vialidad.
El programa está diseñado para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, que hoy incluyen corredores administrados por el Estado y por la empresa estatal Corredores Viales S.A..
La licitación fue dividida en etapas para ordenar el traspaso y hasta ahora se llevan adjudicados 2.600 kilómetros aproximadamente en dos procesos.
La Etapa I fue de 741 kilómetros, se convirtió en la primera adjudicación y corresponde al antiguo Corredor Vial 18, cuya concesión venció en abril de 2025.
Incluye uno de los corredores logísticos más importantes del país, vinculado al comercio del Mercosur como las rutas nacionales:
- Ruta Nacional 12
- Ruta Nacional 14
- Ruta Nacional 117
- Ruta Nacional 135
- Ruta Nacional A-015
- Ruta Nacional 174 (Puente Rosario-Victoria)
El Tramo Oriental fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A. y el Tramo Conexión a un grupo integrado por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A..
La Etapa II-A, corresponde a 1.871 kilómetros, e incluye también dos corredores, siendo el primero el Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur (1.325 km), que comprende:
- Autopista Ezeiza-Cañuelas
- Autopista Riccheri
- Autopista Jorge Newbery
- Ruta Nacional 3
- Ruta Nacional 205
- Ruta Nacional 226
Fue adjudicado a un consorcio de empresas integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco.
El Tramo Pampa (546 km), que incluye la Ruta Nacional 5 fue para la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.
El programa todavía tiene pendientes alrededor de 6.500 kilómetros divididos en nuevas etapas que incluyen las rutas nacionales 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188, 193, A-005 y A-008.
Los tramos son Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte
En el caso de la Etapa III, abarca cerca de 3.900 km, es la última fase y reúne ocho corredores que son Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.
Perfil del proceso
El sistema marca un cambio respecto al esquema anterior ya que el Estado deja de administrar directamente corredores completos y los privados pasan a encargarse del mantenimiento y operación con contratos previstos que tienen una duración de 20 años.
En este caso, el Gobierno busca que el sistema funcione con ingresos propios de los corredores y eliminar aportes estatales para sostener concesiones deficitarias.
El desafío central será si el nuevo esquema logra atraer inversiones suficientes para rutas que requieren fuertes mejoras de mantenimiento y seguridad, especialmente en corredores de alto tránsito productivo y exportador.
El atractivo está en contratos de largo plazo con ingresos por peaje y la posibilidad de ejecutar obras.
En este caso, el valor del negocio depende de cada corredor, pero el sector privado mira una red que requiere miles de millones de dólares en inversión acumulada.
La más "atractiva"
Pero, la que quizá pueda ser considerada como "la joya de la abuela" de esta etapa de privatizaciones y concesiones es la que corresponde a AySA.
La distribuidora estatal de agua potable operada por el Estado Nacional es uno de los activos más grandes que todavía están en discusión.
La empresa tiene una red de infraestructura sanitaria cuyo valor económico es difícil de calcular porque combina activos físicos, concesión natural y millones de usuarios.
En este caso, el gobierno nacional avanza con la venta del 90% del paquete accionario que está en su poder mediante una licitación pública nacional e internacional.
Si bien no existe un monto oficial de valuación, el monto que circula en el mercado se acerca a los u$s500 millones, cifra que surge de estimaciones oficiales y del objetivo fiscal de la operación, aunque el valor final va a depender de las ofertas que se presenten.
La empresa es prestadora del servicio de agua y cloacas en el AMBA, operando en la Capital Federal y 26 partidos del conurbano bonaerense, con alrededor de 3,8 millones de hogares abastecidos.
El argumento oficial es que la compañía llega al proceso con una situación financiera mejorada y que dejó de depender de asistencia permanente del Tesoro para gastos operativos; logró resultados positivos luego de años de déficit y avanzó en una recomposición tarifaria.
El punto clave para los potenciales compradores no será solamente el valor de sus activos físicos sino también por su capacidad de generar caja futura; nivel tarifario que pueda sostener; inversiones obligatorias; regulación del servicio y pasivos y necesidades de infraestructura.
Entre los grupos con experiencia que podrían analizar una operación aparecen compañías internacionales de agua e infraestructura, fondos especializados y operadores que ya participan en servicios públicos.
En términos de comparación con otras privatizaciones, la de AySA es una de las operaciones más relevantes del programa porque combina monopolio natural, enorme base de usuarios y una necesidad de inversión en infraestructura de largo plazo.
La apertura del primer sobre está prevista para el próximo 27 de agosto a las 10 horas, luego del cierre para presentar ofertas a las 9.59 de ese mismo día.
En esa instancia no se abren las ofertas económicas sino que se evalúan antecedentes técnicos, legales, patrimoniales y financieros de los postulantes.
Después vendrá la etapa de precalificación y finalmente la apertura de las ofertas económicas para elegir al comprador.
Por ahora no hay una lista oficial de oferentes porque las empresas deben presentarse formalmente en agosto.
Pero en el mercado se mencionan a la empresa estatal brasileña de saneamiento del Estado de San Pablo (SABESP); a otros grupos internacionales con experiencia en servicios públicos y a empresas locales que deberían participar mediante consorcios o asociados a operadores extranjeros para poder cumplir con los requisitos impuestos por el pliego.
La red ferroviaria más disputada
Otra de las empresas estatales que podría pasar a manos privadas durante lo que resta de este 2026 es el Belgrano Cargas, el activo que interesa al agro y la logística.
El ferrocarril de cargas es uno de los negocios con mayor potencial ya que tiene valor por su red y por la posibilidad de capturar una parte del transporte de granos, minerales y cargas industriales.
Entre los interesados potenciales aparecen operadores ferroviarios internacionales, compañías logísticas, grandes usuarios del sistema y empresas vinculadas al comercio exterior.
El activo no vale solamente por las vías sino que el atractivo está en el ahorro logístico que puede generar para exportadores.
La inversión necesaria, sin embargo, es el principal condicionante.
En el sector de energía se destaca Enarsa, sociedad estatal que concentra algunos de los negocios energéticos más relevantes del Estado.
A diferencia de Transener, no es una empresa con un único activo vendible ya que reúne participación en generación, infraestructura energética y contratos estratégicos.
Por eso una alternativa que analizan especialistas es separar negocios teniendo en cuenta que el mayor valor está en activos vinculados al gas y la energía.
En este caso, los potenciales interesados serían grandes jugadores energéticos locales e internacionales pero se advierte que una valuación global es compleja porque depende de qué activos finalmente queden incluidos.
Energía y aeronáutica
En el mismo sentido, se prepara la venta de Nucleoeléctrica, el activo nuclear que vale más por tecnología que por caja y que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
El valor estratégico está en la capacidad instalada y el conocimiento técnico acumulado y entre los posibles interesados aparecen compañías energéticas internacionales con experiencia nuclear.
Teniendo en cuenta que una privatización completa es más compleja por cuestiones regulatorias y de seguridad, el Gobierno podría evaluar esquemas de asociación antes que una venta tradicional.
En rubro aeronáutico y con la eventual venta de Aerolíneas Argentinas aún sin definirse, aparece Intercargo que tiene un activo concreto: la prestación de servicios de rampa.
El interés aparece por el crecimiento esperado del mercado aerocomercial y por la posibilidad de abrir competencia y entre los jugadores que podrían mirar el negocio están operadores aeroportuarios, empresas de servicios aeronáuticos y compañías internacionales especializadas.
La valuación depende del volumen de operaciones y contratos con aerolíneas, pero está claro que será menor a las restantes teniendo en cuenta que el gobierno nacional abrió la competencia a jugadores nacionales e internacionales, con lo cual le quitó el mote de operador monopólico a Intercargo.
Carbón y mercado postal
De manera paralela a esta operación, se están llevando a cabo las negociaciones para la venta de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, considerado uno de los casos más difíciles.
Tiene reservas de carbón e infraestructura minera, pero arrastra años de déficit y su valor está condicionado por la posibilidad de convertirlo en un proyecto energético o minero rentable.
Los posibles interesados serían grupos mineros, energéticos o compañías con capacidad de inversión, aunque el negocio requiere una fuerte reestructuración.
En cuanto al Correo Argentino, la caída del envío de cartas obligó a pensar el negocio alrededor de la logística, paquetes y comercio electrónico.
Un operador privado miraría la red de distribución, depósitos y presencia territorial por lo cual la valuación de esta sociedad estatal dependería de la capacidad de reconversión.
La lista se completa con Casa de Moneda y Tandanor y se tiene en cuenta que, en el primero de los casos, enfrenta el cambio tecnológico y la caída del negocio tradicional de impresión de billetes.
Su valor está en capacidades industriales, seguridad documental y producción especializada mientras que Tandanor, en cambio, tiene un perfil más industrial: reparación naval y mantenimiento.
En ambos casos, el desafío es encontrar inversores que vean un negocio productivo y no solamente activos estatales.
La cuenta del programa
Hasta ahora, la operación más relevante en términos de ingreso directo fue Transener, con una cifra cercana a los u$s356 millones.
El potencial futuro es mucho mayor, pero depende de cómo se estructuren las operaciones.
Los activos más atractivos para inversores son energía, infraestructura y logística. Los más complejos son aquellos donde el Estado todavía debe resolver regulación, tarifas o reconversión.
La privatización de Transener mostró que el capital privado puede volver a mirar la Argentina.
El próximo desafío del Gobierno será demostrar que puede repetir ese esquema en negocios mucho más grandes y sensibles.