SanCor: acreedores van a la Justicia para frenar el remate y denunciar intento de "desguace"
La crisis de SanCor sumó un nuevo capítulo con una ofensiva judicial, institucional y política encabezada por un grupo de acreedores que busca frenar el proceso de liquidación de los activos de la cooperativa.
El Consorcio de Acreedores de SanCor, integrado por acreedores laborales y comerciales, productores tamberos y asociados de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas (C.U.L.), anunció la presentación de acciones para detener el avance de la licitación y remate de las plantas industriales y del portafolio de marcas.
La herramienta principal fue una medida cautelar autónoma de prohibición de innovar presentada ante la Justicia de Rafaela, con la que buscan suspender el llamado a licitación forzada de las seis plantas industriales y las marcas de la compañía.
La presentación fue realizada dentro del proceso judicial que atraviesa SanCor luego de años de crisis financiera, concurso preventivo y posterior declaración de quiebra.
Cómo llegó la láctea a esta situación límite
La láctea llegó a esta instancia después de un prolongado deterioro financiero que afectó su capacidad productiva, su nivel de actividad y su relación con proveedores y trabajadores.
La cooperativa acumuló una deuda cercana a los u$s120 millones, con un pasivo compuesto por obligaciones comerciales, laborales, fiscales y compromisos con integrantes de la cadena productiva.
La quiebra abrió la etapa de realización de activos y puso bajo análisis el destino de una compañía que durante décadas fue una de las principales empresas lácteas argentinas, con presencia industrial en Santa Fe y Córdoba.
Ahora, el proceso judicial busca vender activos para atender los reclamos de los acreedores, pero un sector de ellos sostiene que esa salida puede terminar destruyendo valor y afectando la estructura productiva regional.
Qué buscan evitar los acreedores con la ofensiva judicial
El eje del reclamo del consorcio de acreedores es que la venta judicial no derive en una fragmentación de SanCor.
Desde el grupo sostienen que el remate de las plantas y marcas podría afectar la estructura productiva regional y reclaman que se analice una alternativa que permita mantener la empresa funcionando.
En el comunicado, calificaron la situación como una defensa de "la matriz económica regional" y anunciaron una serie de medidas legales e institucionales para frenar el proceso.
Además de la cautelar, el Consorcio presentó un recurso directo ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Rafaela.
El grupo cuestiona que el juez de primera instancia haya cerrado el tratamiento del plan alternativo de continuidad empresarial en la misma jornada en que se dictó la quiebra.
Según denunciaron, la decisión se tomó por una diferencia de apenas 14 minutos registrada en el sistema informático judicial.
Para los acreedores, ese episodio impidió discutir una salida distinta a la liquidación.
Quiénes integran el Consorcio que frena el remate
El frente que impulsa la ofensiva judicial reúne distintos sectores afectados por la crisis de SanCor.
Según el documento difundido, forman parte del Consorcio acreedores laborales y comerciales, productores tamberos y asociados de SanCor C.U.L.
La estrategia legal está encabezada por el estudio Regali & Asociados, con los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bergallo como representantes del espacio.
El planteo busca concentrar los reclamos de quienes quedaron afectados por la crisis y sostener una alternativa de reorganización.
Otro de los puntos incluidos en la presentación es el pedido de una investigación penal sobre los incendios que afectaron el núcleo operativo de la planta de Sunchales.
El Consorcio solicitó una investigación profunda y sostuvo que las hipótesis manejadas por las autoridades apuntan a que los siniestros podrían haber sido intencionales.
Los representantes legales plantearon que una eventual maniobra de ese tipo podría haber generado una pérdida de valor de los activos y perjudicado directamente a los acreedores.
La estrategia del Consorcio también incluyó un pedido de audiencia con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
El objetivo, según explicaron, es coordinar acciones del Estado provincial para defender las fuentes de trabajo y preservar la estructura productiva vinculada a SanCor.
El reclamo recibió respaldo de intendentes y concejos deliberantes de localidades vinculadas a la cooperativa, además de cámaras empresarias y sectores comerciales de la región.
De manera simultánea a la discusión judicial, se mantiene abierto el proceso de licitación de los activos.
El esquema contempla la venta de seis plantas industriales y el paquete de marcas de SanCor, con una base cercana a los u$s52 millones.
Los activos incluyen establecimientos ubicados en:
- Sunchales
- Gálvez
- Devoto
- La Carlota
- Balnearia
- San Guillermo
La discusión central pasa por si aparecerá un comprador dispuesto a tomar la operación completa o si finalmente los activos serán adquiridos por distintos jugadores.
La operación despertó interés dentro del negocio lácteo.
Entre los nombres que aparecen analizando la compra figuran el grupo Savencia, Adecoagro, la láctea Punta del Agua, Elcor y La Tarantela.
También se mencionaron inversores interesados en una propuesta integral que permita recuperar la operación.
El atractivo está en una marca histórica, capacidad industrial instalada y una red de productores, aunque el desafío es recuperar una compañía con una estructura financiera deteriorada.
Pero más allá de este proceso y a modo de salida al proceso de liquidación, el Consorcio impulsa el denominado Plan 51/49.
Se trata de una propuesta que plantea que el 51% de la empresa quede en manos de capital privado, con ingreso de inversores nacionales o extranjeros que aporten fondos frescos destinados a capital de trabajo y puesta en marcha de las plantas, mientras que el 49% restante quedaría en manos de un fideicomiso productivo integrado por trabajadores, tamberos y proveedores, quienes transformarían sus acreencias en participación accionaria.
"No estamos defendiendo solo una empresa; estamos defendiendo un ideal de país basado en el trabajo digno", señaló el Consorcio en un documento.
En el mismo informe advirtieron que "no vamos a permitir que tiren a la basura casi 100 años de historia productiva nacional por un tecnicismo informático".
La definición de SanCor se convirtió así en una disputa que excede la venta de activos: es la pelea por el futuro de una marca histórica, una red industrial y miles de actores que dependen de su continuidad.