Cargill frena su planta en Arribeños por un choque con camioneros y hay alerta en el campo
A tono con otros resortes de la economía que evidencian tensiones económicas y laborales, el agronegocio también viene volviéndose un nicho de conflictos a partir de lo que ocurre, por ejemplo, con la venta de insumos y maquinaria. Ahora, un frente de tormenta alcanza a uno de los actores más potentes del segmento agroexportador. Ocurre que la multinacional Cargill resolvió suspender las operaciones en su planta de acopio del partido de General Arenales, un establecimiento con más de 25 años de trayectoria en el noroeste bonaerense. La decisión, que afecta de manera directa la actividad comercial en Arribeños, paralizó la recepción de granos de forma indefinida y encendió las alarmas entre productores y proveedores locales. La medida pone en suspenso la continuidad de 20 puestos de trabajo directo y alrededor de 60 indirectos.
En concreto, el conflicto de fondo responde a un cruce gremial que redundó en una disputa de logística que escaló rápido. Un grupo de camioneros de la zona denunció que un intermediario vinculado a la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC) exigía un pago del 3% informal sobre el valor de cada flete para asignarles viajes.
"Se cortaron los viajes de un día para el otro porque no quisimos cubrir ese 3% en negro. Acá no hay ningún boicot ni venimos a romper nada: somos transportistas de Arribeños que vivimos del volante y nos dejaron a pie en la puerta de la balanza por no convalidar ese pago", declaró al respecto Cristian Cardoso, vocero de los choferes autoconvocados que mantienen un acampe frente al predio.
La parálisis de la planta de Arribeños genera un cimbronazo directo en la economía de General Arenales y distritos vecinos como Junín, Chacabuco y Rojas. Talleres mecánicos, gomerías, estaciones de servicio y comercios de cercanía sufren el freno brusco de la actividad.
La respuesta de Cargill y el cruce por la seguridad
Ante la escalada de las protestas, la cúpula de Cargill emitió un descargo para fijar su postura. La firma sostuvo que los manifestantes no son empleados directos sino prestadores independientes, y justificó el cese de tareas en la falta de condiciones operativas y de resguardo para su personal.
"Las operaciones se reanudarán una vez que existan las condiciones de seguridad indispensables para hacerlo. Las personas que llevan adelante el reclamo no son ni han sido empleados de Cargill, sino prestadores de servicios independientes", aclaró la firma.
"La asignación de cargas responde a criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco del derecho de libre contratación, y no configura una relación laboral con la compañía. En este sentido, el conflicto responde a diferencias entre actores del sector del transporte, ajenas a Cargill y a su operación", agregó.
Para luego concluir: "La compañía se vio obligada a tomar esta medida porque la seguridad es un valor fundamental e innegociable en todas sus operaciones. Ante la falta de garantías y condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de las actividades y de la circulación en las inmediaciones de la planta".
Por su parte, desde la conducción de la entidad de transporte rechazaron de plano las acusaciones sobre cobros irregulares. Su titular, Ramón Jatip, aseguró que no existen comisiones extraoficiales y afirmó que los choferes se desvincularon del esquema de envíos por decisión propia.
Para el productor agropecuario de la zona, perder un punto de entrega cercano impacta de lleno en la rentabilidad. Derivar los granos hacia terminales portuarias del Gran Rosario o Bahía Blanca encarecerá el flete terrestre hasta un 25%, en momentos donde los márgenes brutos de la cosecha vienen apretados.
La decisión de Cargill y el impacto económico en la zona
Sin la intermediación de la planta local, los acopiadores de la zona calculan que el desvío de cargas afectará el flujo de miles de toneladas de grano en pleno movimiento de campaña. Esto, afirman, generará sobrecarga en las rutas provinciales 65 y 50, con trayectos más largos hacia las terminales del Paraná.
El municipio de General Arenales optó por no intervenir directamente en el conflicto, al calificar la controversia como una disputa comercial entre partes privadas.
Sin embargo, ante la falta de una mesa de diálogo, los transportistas advirtieron que mantendrán la guardia en la puerta del establecimiento. Si las conversaciones no avanzan en las próximas horas, amenazan con extender las protestas a otras instalaciones de la multinacional en la región.