El Gobierno rechaza un fallo de la Justicia bonaerense y mantiene la venta de AySA
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El Gobierno mantiene el cronograma para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y el próximo 15 de septiembre recibirá y abrirá las propuestas técnicas de los grupos interesados, pese a una medida cautelar tomada por la Justicia bonaerense que fue interpretada como una freno al proceso.
Según la postura del Ministerio de Economía, la resolución judicial no ordenó suspender la licitación ni cancelar la convocatoria ni postergar la recepción de las ofertas, sino que obliga a los ejecutivos de AySA a preservar las condiciones relacionadas con la calidad del agua, la salud pública, el ambiente y la adecuada prestación del servicio hasta que se realice una evaluación integral del nuevo esquema contractual.
Con ese criterio, la cartera que comanda el ministro Luis Caputo mantiene vigente el calendario establecido por la Resolución 1386/2026, que trasladó la apertura originalmente prevista para el 27 de agosto hasta el 15 de septiembre.
Cabe aclarar que ese día no se conocerán el comprador ni el precio de la operación ya que la licitación fue organizada como un procedimiento de etapa múltiple bajo el cual la primera instancia estará destinada a revisar la documentación legal, técnica, financiera y patrimonial de los participantes.
Solamente las empresas y los consorcios que superen esa evaluación pasarán a la etapa siguiente en la que se abrirán las propuestas económicas, se compararán los precios y continuará el procedimiento administrativo hasta la adjudicación.
Venta de AySA: una fecha que no se mueve por el fallo
La reprogramación del plazo para cumplir con la primera etapa de la venta del 90% del paquete accionario de AySA en manos del Estado Nacional se debió a que varios de los potenciales interesados solicitaron una extensión para completar la documentación y terminar de estructurar sus propuestas.
A partir de esos reclamos, el Ministerio de Economía aceptó los pedidos y prorrogó la apertura hasta el 15 de septiembre próximo, tal como quedó establecido en la Resolución 1386/2026 en donde las autoridades sostuvieron que el cambio buscaba favorecer una mayor participación y competencia.
Las consultas al pliego pudieron presentarse hasta el 1° de septiembre pasado y ahora, los interesados deberán cargar sus propuestas en la plataforma CONTRAT.AR, donde se realizará la apertura de la primera etapa.
Si bien el pliego no estableció un precio base público, en el mercado circula una posible valuación cercana a u$s500 millones por el paquete estatal, monto mencionado también en estimaciones oficiales sobre los ingresos que podría generar la operación.
De todos modos, el precio definitivo dependerá de las ofertas económicas que queden habilitadas después de la precalificación.
Una cautelar que apunta al servicio
En el caso de la medida cautelar conocida este 8 de septiembre, fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, integrada por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez.
El tribunal rechazó por unanimidad la apelación de AySA en contra de la decisión y confirmó la cautelar que había concedido el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata el 16 de junio pasado.
La acción fue promovida por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, en representación de los habitantes de los 26 municipios bonaerenses donde la empresa brinda los servicios de agua potable y saneamiento.
La medida establece que AySA debe abstenerse de realizar "cualquier acción que, directa o indirectamente, implique modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar las obligaciones asumidas por la concesionaria respecto del acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio".
De acuerdo a la medida judicial, la restricción debe permanecer vigente hasta que se efectúe una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional que garantice la tutela de los derechos comprendidos en la demanda.
De todos modos, el fallo no resolvió definitivamente si el nuevo contrato produjo una reducción de las obligaciones de AySA ya que el tribunal confirmó la medida preventiva mientras continúa el expediente principal.
Dos posiciones sobre un mismo contrato
En este sentido, el directorio de AySA pidió que la cautelar fuera revocada mediante la presentación de una apelación en la cual sostuvo que el nuevo régimen contiene mecanismos para garantizar el acceso al servicio, preservar el recurso hídrico, atender situaciones de vulnerabilidad y mantener la intervención de los organismos reguladores.
La empresa afirmó que la resolución de primera instancia se había apoyado en referencias generales a una posible regresión ambiental, flexibilización de obligaciones y riesgos futuros, sin identificar una obra incumplida, un vertido contaminante determinado, una sanción desatendida o un informe regulatorio adverso.
También defendió la necesidad de asegurar la sustentabilidad económica y operativa del servicio y planteó que ese elemento debía formar parte del análisis judicial.
En cambio, Lorenzino sostuvo que la evolución del marco regulatorio y contractual había disminuido los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios, además de cuestionar la flexibilización de compromisos, la postergación de obras críticas y el tratamiento de los pasivos ambientales.
La Cámara bonaerense consideró que, en esta instancia preliminar, existían elementos suficientes para mantener la cautelar.
Los jueces fundamentaron su decisión en los principios preventivo y precautorio establecidos en la legislación ambiental y en la protección del acceso al agua potable como derecho fundamental.
Cuáles son los planes bajo revisión
Para resolver la apelación, la Cámara analizó los instrumentos que regularon el funcionamiento de AySA antes y después del comienzo del proceso de privatización.
El recorrido incluyó el Instrumento de Vinculación firmado en 2010; el Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento aprobado en 2023; el Plan de Transición 2024-2026 y el nuevo contrato de concesión aprobado por el Ministerio de Economía.
En el caso del plan de mejoras tenía como objetivo asegurar el mantenimiento, la mejora del estado y el funcionamiento de los sistemas utilizados para prestar el servicio y contemplaba obras, niveles de rendimiento, administración y cumplimiento de las normas regulatorias.
El Plan de Transición 2024-2026 estableció obligaciones para ese período, mientras que el nuevo contrato de concesión, perfeccionado el 7 de mayo pasado, dispuso que AySA debía cumplir los compromisos incluidos en ese programa.
La Cámara examinó especialmente el tratamiento de los pasivos ambientales y, según el fallo, en esta etapa del expediente el nuevo contrato no abordaría ampliamente las obligaciones de la concesionaria en esa materia.
El documento contempla los pasivos, entre otros puntos, como una posible causal para solicitar una revisión tarifaria extraordinaria cuando provoquen mayores costos o demoras y no sean atribuibles a AySA.
A partir de esos elementos, los jueces resolvieron conservar la protección hasta que se complete la evaluación ambiental, sanitaria e institucional. También aplicaron el criterio in dubio pro natura, según el cual las decisiones adoptadas frente a una duda deben favorecer la protección del ambiente.
La discusión pasa al fuero federal
Si bien la Cámara confirmó la cautelar, también ratificó que la Justicia provincial no es competente para resolver el fondo de la demanda y determinó que el caso requiere interpretar normas federales, entre ellas la Ley 26.221, que establece el Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en el área metropolitana de Buenos Aires, precisamente a cargo de AySA.
También ordenó analizar el marco regulatorio del servicio, el contrato de concesión y las disposiciones nacionales que autorizaron la privatización, además de tener en cuenta que AySA continúa controlada por el Estado nacional.
El expediente deberá regresar al Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata y, desde allí, será remitido a la Cámara Federal de esa ciudad para sortear el juzgado que continuará el proceso.
Una venta organizada por etapas
La Ley Bases 27.742 incluyó a AySA entre las empresas sujetas a privatización al punto que, en julio de 2025, autorizó la transferencia de las acciones pertenecientes al Estado nacional, representativas del 90% del capital mientras que el 10% restante se encuentra en poder de trabajadores y extrabajadores incorporados al Programa de Propiedad Participada (PPP).
El Poder Ejecutivo también modificó el marco regulatorio mediante el Decreto 493/2025 que adecuó las reglas aplicables a la empresa antes de la venta y mantuvo al Ministerio de Economía como representante del Estado concedente.
En abril pasado, la cartera que conduce Luis Caputo aprobó el modelo del nuevo contrato de concesión y luego convocó la licitación pública nacional e internacional para transferir el paquete accionario estatal.
El procedimiento exige que los candidatos acrediten capacidad legal, respaldo patrimonial y experiencia técnica, además de demostrar antecedentes continuos durante, como mínimo, cinco de los últimos 10 años en la gestión de servicios de agua potable y desagües cloacales.
La experiencia debe corresponder a un centro urbano de al menos 1,5 millones de habitantes y 500.000 usuarios atendidos y los participantes pueden presentarse individualmente o integrados en consorcios.
El mapa de potenciales compradores
Entre los interesados mencionados durante el proceso aparecen el Grupo Roggio y el empresario Mauricio Filiberti, que mantuvieron conversaciones para estructurar propuestas con operadores internacionales.
En el caso de Roggio ,controla Aguas Cordobesas, posee antecedentes en infraestructura, construcción y servicios públicos y también opera el subte de la Ciudad de Buenos Aires mediante Emova y el ferrocarril Urquiza a través de Metrovías.
Con respecto a Filiberti, controla Transclor, proveedor de cloro de AySA, y participa junto con Daniel Vila y José Luis Manzano en el capital accionario de Edenor.
Entre los potenciales candidatos internacionales fueron mencionadas Sabesp, operadora del servicio de agua y saneamiento de San Pablo, y Aegea Saneamento, controlante de Águas do Rio, en Río de Janeiro.
Las dos compañías brasileñas gestionan redes que atienden a millones de habitantes, aunque también aparecen como competidores Aguas Andinas, prestadora del servicio en Santiago de Chile vinculada con el grupo francés Veolia; la constructora argentina JCR, y la compañía israelí Mekorot.
Una red para atender a millones de personas
En la actualidad, AySA presta los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano. Su área alcanza a alrededor de 14 millones de habitantes.
La sociedad fue creada en 2006 después de que el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato de Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez.
El Decreto 304/2006 constituyó AySA para hacerse cargo de la prestación en el área regulada, con el 90% del capital en manos del Estado nacional y el 10% reservado para el programa de participación de los trabajadores.
Cuando comenzó la actual administración nacional del presidente Javier Milei, la compañía tenía cerca de 7.800 empleados.
Desde entonces se instrumentaron retiros voluntarios que redujeron la dotación en aproximadamente 1.500 puestos.
La actual conducción también informó que la morosidad descendió desde el 16% hasta cerca del 11% y estableció como referencia un nivel próximo al 4%.
Inversiones para tres décadas
El nuevo contrato de concesión tiene una vigencia de 30 años y contempla la posibilidad de una extensión adicional de hasta 10 años.
El esquema incorpora planes de acción quinquenales, revisiones tarifarias, metas de mantenimiento y expansión, auditorías y sanciones por incumplimientos.
La supervisión quedará a cargo del Ente Regulador de Agua y Saneamiento y de la Agencia de Planificación y las inversiones previstas ascienden a u$s1.940 millones durante los primeros cinco años, u$s2.030 millones en el segundo quinquenio y u$s15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
Entre las metas difundidas se encuentran la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación, en cada ciclo, de 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de cloacas.
