Vuelven a decretar la quiebra de la cadena de hamburguesas de entraña Deniro
Puntos importantes
Deniro volvió a ser declarada en quiebra apenas siete meses después de haber depositado $21,4 millones para revertir una sentencia anterior y recuperar la administración de la empresa.
La nueva medida fue dispuesta el 3 de septiembre pasado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 27, a cargo de la jueza María Virginia Villarroel, y fue publicada este lunes 14 de septiembre en la segunda sección del Boletín Oficial de la Nación.
Según el nuevo edicto judicial, la causa tramita bajo el expediente COM 6081/2026, caratulado "Deniro Hamburguesas S.A.S. s/Quiebra" y el fallo alcanza a la sociedad identificada con el CUIT 30-71611944-7.
Se trata del mismo número consignado en el proceso anterior contra Deniro Hamburguesería S.A.S., la empresa impulsada por Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis que llegó a operar alrededor de 30 establecimientos mediante una combinación de locales propios y franquicias.
La diferencia entre las denominaciones utilizadas en los edictos ("Deniro Hamburguesas" en el actual y "Deniro Hamburguesería" en el anterior), no modifica la identidad de la sociedad alcanzada, debido a que ambos documentos consignan el mismo CUIT.
Por eso no se trata de una continuación de la quiebra decretada en noviembre de 2025, cuya sentencia fue revocada después de que la compañía depositara el monto exigido por el tribunal.
La resolución actual corresponde a una nueva causa, con otro número de expediente, una nueva designación de sindicatura y diferentes plazos para la presentación de los acreedores.
La existencia del expediente COM 6081/2026 puede comprobarse mediante el sistema público de consulta de causas del Poder Judicial, aunque cabe aclarar que las actuaciones completas no se encuentran reproducidas en el edicto difundido por el Boletín Oficial.
El patrimonio vuelve a quedar intervenido
En esta causa, la jueza Villarroel designó como síndica a Ana Ximena Ausa, quien tendrá a su cargo la recepción y el análisis de los créditos reclamados contra la empresa.
Los acreedores tendrán tiempo hasta el próximo 23 de noviembre para presentar sus solicitudes de verificación y los documentos destinados a justificar las deudas.
El trámite podrá realizarse en soporte papel, con dos copias, en el domicilio constituido por la sindicatura, o por vía digital mediante el correo electrónico indicado en el aviso judicial.
Una vez finalizada esa etapa, la síndica deberá presentar el informe individual el 10 de febrero de 2027 en el que tendrá que analizar cada reclamo y formular una recomendación sobre su incorporación al pasivo de la quiebra.
En el caso del informe general, deberá ser entregado el 17 de marzo de 2027 y permitirá reunir la información sobre la composición patrimonial de la sociedad, sus activos, sus obligaciones y los restantes elementos exigidos por la Ley de Concursos y Quiebras.
La magistrada también intimó a Deniro y a terceros a poner a disposición de la sindicatura todos los bienes pertenecientes a la sociedad con el objetivo de permitir que la funcionaria tome posesión inmediata y segura de esos activos.
La declaración de quiebra impide además que terceros efectúen pagos directamente a la empresa, al mismo tiempo que las operaciones realizadas al margen del expediente serán consideradas ineficaces frente al proceso.
Deniro también deberá constituir domicilio dentro de la jurisdicción en el plazo de 48 horas fijado por el tribunal y, en caso contrario, las notificaciones se tendrán por realizadas en los estrados del juzgado.
Estas medidas vuelven a colocar el patrimonio de la sociedad bajo el régimen de la quiebra y abren una nueva etapa para verificar los créditos reclamados por sus acreedores.
El primer derrumbe judicial
La nueva sentencia se conoce siete meses después del rescate con el que Deniro había conseguido dejar atrás su primera declaración de quiebra.
El antecedente se remonta al 25 de noviembre de 2025, cuando el mismo Juzgado Comercial N° 27 declaró la quiebra de Deniro Hamburguesería S.A.S. a pedido de un acreedor.
La decisión fue difundida mediante el primer edicto de quiebra publicado por el Boletín Oficial el 3 de diciembre de 2025 y en esa causa fue designado como síndico Juan Manuel Ausa y se abrió un período de verificación de créditos que debía extenderse hasta marzo pasado.
El tribunal también había ordenado que la sociedad pusiera sus bienes a disposición del síndico y había prohibido que terceros realizaran pagos directamente a la empresa.
La caída judicial fue revelada por iProfesional en la primera investigación sobre la quiebra, con una nota que reconstruyó la expansión de la empresa, sus conflictos comerciales y las actuaciones iniciadas contra la sociedad.
Posteriormente, la Justicia dispuso una prohibición de salida del país para Sánchez y Siderakis mientras se desarrollaba el procedimiento.
La maniobra que permitió un corto rescate
Frente a aquella resolución, Nicolás Sánchez, en su condición de socio gerente, solicitó la revocación de la quiebra mediante el mecanismo previsto en el artículo 96 de la Ley de Concursos y Quiebras.
La presentación fue detallada por iProfesional en la nota sobre el pedido de Deniro para recuperar la administración de la empresa y en donde se explicó que ese artículo jurídico permite que una sociedad declarada en quiebra a pedido de un acreedor revierta la sentencia mediante el depósito del capital reclamado, sus intereses y una suma adicional destinada a cubrir los gastos del proceso.
El planteo de Deniro consistió en depositar el crédito que había originado aquella causa sin que eso implicara reconocer su legitimidad, exigibilidad o extensión.
La empresa realizó varios pagos hasta completar, el 12 de febrero pasado, un depósito de aproximadamente $21,4 millones que incluía el capital reclamado, los accesorios y una previsión para afrontar las costas judiciales.
A partir de ese desembolso, la jueza Villarroel consideró que las sumas depositadas resultaban suficientes para desvirtuar el estado de cesación de pagos atribuido a la compañía.
De ese modo, la compañía recuperó la administración y disposición de sus bienes y su representante legal aseguró que el objetivo era normalizar la situación y retomar progresivamente la actividad gastronómica.
Sin embargo, siete meses después, la declaración dictada dentro del expediente COM 6081/2026 volvió a ubicar a la misma sociedad bajo el régimen de la quiebra.
Una expansión sostenida por franquicias
Antes de que los conflictos llegaran a los tribunales, Deniro había construido su crecimiento alrededor de un producto que buscaba trasladar los sabores de la parrilla argentina al negocio de las hamburguesas: un medallón elaborado con entraña.
La marca comenzó con un pequeño establecimiento en el barrio porteño de Belgrano y posteriormente avanzó sobre otras zonas como Saavedra, Almagro, Caballito y La Paternal.
Su estrategia consistía en instalarse fuera de los principales polos gastronómicos para competir con los comercios de cercanía pero la expansión se aceleró mediante el otorgamiento de franquicias en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en otras zonas del país.
En su etapa de mayor desarrollo, la cadena alcanzó alrededor de 30 establecimientos en los cuales promocionaba formatos que requerían locales de entre 60 y 150 metros cuadrados y planteles de siete u ocho empleados.
La inversión ofrecida para ingresar al negocio comenzaba en los u$s25.000, aunque variaba de acuerdo con la ubicación y las dimensiones del establecimiento.
En otra etapa de su expansión, la cadena había estimado una inversión cercana a los u$s30.000 y aseguraba contar con más de 20 puntos de venta en la Ciudad y el conurbano.
El modelo de Deniro se apoyaba también en una planta central ubicada en Mataderos desde donde se elaboraban y distribuían medallones, panes, salsas y otros productos utilizados por los distintos puntos de venta.
Los conflictos detrás de la caída
Con el paso del tiempo, la estructura comenzó a acumular problemas operativos, comerciales y financieros al punto que la planta de Mataderos fue objeto de clausuras y actuaciones de organismos de control de la Ciudad.
Los inconvenientes registrados en ese establecimiento afectaron el sistema de producción y distribución sobre el que se había construido la expansión.
Al mismo tiempo, se multiplicaron los conflictos con franquiciados, proveedores y ex empleados con reclamos que derivaron en la apertura de expedientes comerciales y laborales contra la sociedad y personas vinculadas con su administración.
Franquiciados de la marca denunciaron diferencias entre las condiciones económicas que les habían sido ofrecidas y el funcionamiento posterior de los establecimientos y, entre sus planteos incluyeron cuestionamientos sobre los costos de los insumos, las proyecciones de facturación y la asistencia brindada por la empresa.
Los registros de la Central de Cheques Rechazados también reflejaron documentos librados por la sociedad que permanecían impagos, información que puede verificarse mediante la consulta de antecedentes financieros habilitada por el Banco Central.
Por caso, los registros correspondientes al CUIT 30-71611944-7 de la sociedad, muestran 41 cheques rechazados por alta de fondos entre enero de 2022 y enero de 2023, que permanecen impagos y representan un monto acumulado cercano a los $4,7 millones.