Denuncian a siete pesqueras por operar en Mar Argentino con licencia británica de Malvinas
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Puntos importantes
Siete pesqueras enfrentan cargos por usar licencias ilegales británicas en ZEEA.
Acusan contrabando, evasión y afectación de soberanía nacional.
Refuerzan ley contra pesca ilegal, protegiendo aguas nacionales.
La ofensiva para poner coto a las empresas extranjeras que "depredan el Mar Argentino" sumó un nuevo capítulo.Ocurre que siete grupos pesqueros internacionales y sus sociedades mixtas acaban de quedar en la mira de la Justicia federal en lo penal y económico.
En concreto, una denuncia los acusa de explotar recursos marinos dentro de la plataforma continental nacional y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) con autorizaciones ilegales otorgadas por las autoridades británicas que ocupan las islas Malvinas. La presentación judicial alcanza una serie de corporaciones de origen español, pero podría hacerse extensiva a otras firmas de capital extranjero que operan en ese nicho comercial.
De acuerdo a fuentes patagónicas, la causa recayó en el Juzgado N° 7, a cargo de Juan Pedro Galván Greenway, tras la presentación de los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la organización Reset Republicano. La presentación sostiene que la operatoria afecta de forma directa la soberanía nacional, los controles aduaneros y los recursos naturales del Atlántico Sur.
El escrito apunta a corporaciones de origen español -en su mayoría radicadas en Galicia- que operan en sociedad con firmas constituidas en el archipiélago bajo el amparo británico.
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Entre las compañías señaladas figura el Grupo Lanzal, en sociedad con Petrel Fishing Company a través del buque Monteferro, y el Grupo Pereira, asociado a Argos Group con las embarcaciones Argos Cíes y Argos Berbés.
La nómina incluye a Pescapuerta y Copemar, ambas vinculadas a la firma South Atlantic Squid para operar los barcos Falcon, Prion, Robin M. Lee y Hadassa Bay. Se suman Ferralmes, asociada a Castelo Fishing con el buque Castelo, Hermanos Touza, en sociedad con Beaufort Fishing y el barco homónimo. Y Moradiña, alineada con Polar para explotar el navío New Polar Playa de Sartaxens.
Qué pesqueras fueron acusadas de evasión aduanera
La denuncia señala que las maniobras encuadran en el delito de contrabando (artículos 863, 864 inciso a y 865 del Código Aduanero) mediante dos conductas centrales.
Por un lado, la extracción de especies dentro del territorio nacional para su posterior exportación, trasbordo en alta mar o descarga directa en Puerto Argentino o terminales extranjeras sin la fiscalización de la Aduana. Por el otro, el uso de permisos otorgados por una potencia ocupante de facto como ardid para eludir retenciones y liquidaciones cambiarias.
El escrito invocó las agravantes del artículo 865 por la afectación patrimonial al Estado, la participación de tres o más personas y el uso de transporte marítimo para eludir a la Prefectura y a la Aduana.
A la vez, se pidió investigar un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por la omisión de patrullajes y la falta de reclamos por derechos aduaneros.
Cuáles son las pruebas que solicitaron a Prefectura y la Aduana
Para avanzar con la instrucción, los letrados solicitaron librar oficios a la Prefectura Naval y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) para obtener los reportes de avistamiento de las flotas. También requirieron medidas a la Dirección General de Aduanas y a la IGJ para verificar activos y filiales de las firmas en el continente.
El expediente en lo penal y económico corre en paralelo con las causas que tramitan en el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py, impulsadas por la Cancillería contra la exploración petrolera en el archipiélago.
Esa investigación suma 27 ejecutivos e incorporó pesquisas sobre firmas como Rockhopper Exploration Limited, Borders & Southern Petroleum PLC, Desire Petroleum Limited, Eco (Atlantic) Oil & Gas y la israelí Navitas Petroleum.
Cómo afecta la Ley Ómnibus a las licencias pesqueras de Malvinas
En paralelo, el Gobierno analiza extender los alcances de la Ley 26.659 para penalizar la pesca ilegal bajo los mismos criterios que rigen para el sector hidrocarburífero.
El cambio responde a un reclamo de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) y marca la marcha atrás del Ejecutivo respecto del proyecto original de la Ley Ómnibus en 2024.
Aquel texto pretendía derogar el artículo 27º bis de la Ley Federal de Pesca 24.922, que sanciona a quienes operan en aguas nacionales vinculados a firmas que pescan con licencias británicas. Especialistas como César Lerena advirtieron que la eliminación de ese artículo dejaba vía libre al esquema ilegal isleño, que captura unas 250.000 toneladas anuales de recursos marinos.
El rechazo firme de los gobernadores patagónicos y la presión del sector terminaron forzando a La Libertad Avanza (LLA) a retroceder para proteger la flota local y las 200 millas de jurisdicción.
