El Gobierno destinará miles de millones para adquirir tres submarinos convencionales
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La apuesta armamentista de la gestión presidencial que encabeza Javier Milei sigue subiendo escalones y, también, abre la puerta a nuevos endeudamientos para la administración de La Libertad Avanza (LLA). En esa línea, el Gobierno nacional incorporó al proyecto de Presupuesto Nacional 2027 una autorización de crédito público por hasta u$s2.300 millones para adquirir tres submarinos convencionales que tendrán como destino la base naval de Mar del Plata. Dicha propuesta lleva al debate presupuestario el financiamiento de una capacidad que la Armada Argentina busca recuperar desde la tragedia del ARA San Juan ocurrida en noviembre de 2017, con la muerte de sus 44 tripulantes. Esto ocurre a la par del inminente arribo de otra flotilla de los cazas F-16 adquiridos por LLA a Dinamarca.
En cuanto a la idea de comprar submarinos, la propuesta ocupa la segunda página de la planilla anexa al artículo 42 y menciona al Ejecutivo como responsable de la operación.
Allí se establece el préstamo como instrumento y fija un plazo mínimo de amortización de tres años. El mismo documento contempla otros u$s1.200 millones para la adquisición de dos fragatas multimisión destinadas a la base naval Puerto Belgrano, en Punta Alta, muy cerca de Bahía Blanca. Entre ambas operaciones navales, el financiamiento potencial a buscar alcanza los 3.500 millones de dólares.
El alcance financiero y la disputa en el Congreso
El alcance inmediato del proyecto es de carácter financiero: obtener la autorización legislativa para contratar deuda con un destino determinado. La disponibilidad de los fondos y la adquisición efectiva requerirán acuerdos posteriores, donde se detallarán las condiciones de desembolso, contratación y entrega.
Según trascendió, los tres años consignados corresponden a la amortización del crédito. O sea que el calendario de incorporación de las embarcaciones deberá establecerse en los contratos.
El articulado agrega una obligación de seguimiento para el Poder Ejecutivo. El uso de la autorización deberá comunicarse trimestralmente, de manera fehaciente y detallada, a ambas cámaras del Congreso. Para las operaciones instrumentadas mediante préstamos, el texto precisa que los valores vertidos en la planilla corresponden al monto total acordado.
Al mismo timepo, la iniciativa faculta al Ministerio de Economía a modificar las características financieras para adecuarlas a las posibilidades de obtener crédito, respetando el monto total y el destino establecidos. Esas modificaciones quedan sujetas al mismo deber de información parlamentaria. El tratamiento en el Congreso definirá si estas disposiciones integran la ley sancionada.
Los submarinos en carpeta
Las gestiones de adquisición tienen como antecedente la evaluación de propuestas de Francia y Alemania. La alternativa francesa se vincula con el modelo Scorpène, de la firma Naval Group, mencionado entre las ofertas ya sondeadas por el Gobierno.
La documentación presupuestaria deja la elección del proveedor, la configuración y el cronograma de entregas para las instancias posteriores de contratación.
El Scorpène es una familia de submarinos convencionales cuyas versiones se adaptan a las necesidades de cada armada. Naval Group describe entre sus funciones el combate contra buques y submarinos, la obtención de inteligencia y las operaciones especiales.
El fabricante también ofrece capacitación de tripulaciones y mantenimiento durante la vida útil. La configuración elegida y el paquete de apoyo determinarán qué capacidad recibirá efectivamente el país.
Por su parte, de Alemania interesa la posibilidad de sumar unidades Tipo 209, una de las gamas de sumergibles diésel-eléctricos más exitosos y exportados del mundo.
El anexo presupuestario identifica las unidades y el destino del financiamiento. El alcance contractual deberá precisar el armamento incluido, la provisión de repuestos y las necesidades de infraestructura y entrenamiento. De esas definiciones dependerá qué gastos cubre el préstamo y cuáles deberán atender los presupuestos posteriores.
Mar del Plata y el adiestramiento de las dotaciones
La designación de Mar del Plata concentra el proyecto en el asiento histórico de la Fuerza de Submarinos. Recuperar la operación exigirá preparar dotaciones para el sistema elegido y adecuar el apoyo en tierra a sus requisitos técnicos. Para la ciudad, señala la plataforma Pescare, el efecto concreto estará ligado a la actividad de la base y a los servicios que demande el sostenimiento de las naves.
La formación submarina conserva una vía de continuidad mediante la cooperación regional.
En junio de 2024, la Armada informó que personal argentino había completado tres semanas de adiestramiento en la base naval de El Callao, en Perú, con embarques en los submarinos BAP Arica y BAP Angamos.
Los marinos nacionales realizaron guardias en navegación, ejercicios con otras unidades y actividades de mantenimiento. En julio de 2025, la fuerza documentó nuevas prácticas con simuladores de ataque, periscopio, inmersión y control de averías.
Reequipamiento acelerado: cazas y helicópteros
El proyecto naval se inserta en una política de LLA orientada a reequipar el aparato militar de forma acelerada. Entre el 26 y el 30 de septiembre se estima que aterrizará en el país una flotilla de 6 cazas F-16 comprados a Dinamarca en abril de 2024, según anticipó el vocero presidencial, Adrián Ravier, y el sitio especializado Full Aviación. Serán traídos por tripulación argentina.
En paralelo, se confirmó que el Ejército Argentino recibirá una primera partida de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk comprados a Estados Unidos antes de que concluya 2026.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, señaló que la recepción de las unidades está prevista para diciembre en los Estados Unidos, y su traslado dependerá del avance en la formación de las tripulaciones. Presti remarcó que las aeronaves otorgarán capacidad para la seguridad fronteriza, el crimen transnacional y la asistencia humanitaria.
La aviación del Ejército contempla una flota total de 20 ejemplares en una primera fase. La operación cuenta con un techo fijado en u$s140 millones bajo el programa FMS, con Sikorsky (Lockheed Martin) como contratista principal.
