Reino Unido suspende 227 vuelos y crece la presión de Ryanair y British Airways

El conflicto alrededor del sistema de control aéreo británico sumó un nuevo episodio. NATS, el organismo encargado de gestionar el tránsito aéreo del Reino Unido, quedó nuevamente bajo cuestionamiento luego de una falla registrada en Escocia que terminó afectando la operación de cientos de vuelos.

El incidente tuvo lugar en el centro de control de Prestwick, donde un problema de conectividad obligó a limitar temporalmente la circulación de aeronaves. La decisión respondió a criterios de seguridad. Aunque los sistemas volvieron a funcionar aproximadamente una hora después, la interrupción ya había generado un efecto en cadena sobre la programación.

El balance fue de 227 vuelos cancelados: 117 salidas y 110 llegadas. Entre los puntos más afectados estuvieron Glasgow, Edimburgo, Belfast y Manchester. London City y Gatwick también sufrieron consecuencias.

La nueva interrupción llegó apenas 12 días después de otra falla, ocurrida el 9 de septiembre. En aquella oportunidad, un inconveniente informático derivó en unas 2.000 cancelaciones. NATS sostiene que ambos episodios tuvieron causas técnicas diferentes, pero su proximidad volvió a poner bajo la lupa la confiabilidad del sistema.

Ryanair exige cambios mientras crece el reclamo de las compañías

El impacto sobre las empresas fue considerable. Ryanair calculó que 140 de sus vuelos quedaron alcanzados y que unos 25.000 pasajeros resultaron afectados. A partir del nuevo episodio, la compañía volvió a pedir la salida de Martin Rolfe, CEO de NATS.

La jornada también obligó a British Airways a cancelar conexiones dentro del Reino Unido. easyJet eliminó decenas de servicios y, al igual que British Airways, puso en duda la capacidad de NATS para evitar que interrupciones de este tipo se repitan.

La discusión excede las decisiones operativas. Las compañías sostienen que son ellas las que terminan absorbiendo buena parte de los costos cuando una falla del sistema de control aéreo altera sus vuelos.

La estructura de NATS explica parte de la controversia. El Gobierno británico controla el 49% de la entidad, mientras que Airline Group posee el 42%. Heathrow tiene otro 4% y el 5% restante corresponde a un fondo para empleados. Airline Group, a su vez, está vinculado con el sector de la aviación.

Después del episodio anterior, Airlines UK, que representa a British Airways y Virgin Atlantic, había reclamado decenas de millones de libras para afrontar los costos derivados de aquella interrupción.

El CEO de easyJet, Kenton Jarvis, resumió la posición de las aerolíneas al señalar que se habían convertido en la "aseguradora de último recurso". El planteo apunta a los gastos que las compañías deben afrontar para asistir a pasajeros, modificar reservas, reubicar viajeros y reorganizar sus operaciones.

TUI también intentó trasladar parte de esos costos a NATS. La compañía pidió el reembolso de los gastos provocados por la primera interrupción, que había afectado los viajes de aproximadamente 25.000 clientes. El organismo rechazó el pedido.

NATS se ampara en las reglas de seguridad aérea

La respuesta del operador se basa en las facultades que le concede la legislación británica. NATS puede limitar el tráfico cuando considera que hacerlo resulta necesario para preservar la seguridad y esas restricciones no generan, según su interpretación de las normas, una obligación de compensar directamente a las aerolíneas.

Desde el organismo sostienen que las medidas adoptadas durante las fallas permitieron mantener la seguridad de las operaciones. El costo de esas decisiones, sin embargo, se tradujo en vuelos cancelados, demoras y pérdidas millonarias para las compañías.

La actividad de NATS está sujeta además a supervisión de la Autoridad de Aviación Civil (CAA). Si el organismo regulador concluye que no alcanzó determinados objetivos operativos anuales, puede aplicar sanciones.

A esto se suma una investigación independiente ordenada por el Gobierno británico. El objetivo es revisar qué ocurrió durante las fallas, analizar las inversiones efectuadas y evaluar la capacidad de respuesta del sistema ante nuevas interrupciones.

Las compañías pretenden que el proceso derive también en una modificación de las reglas económicas. Su reclamo consiste en evitar que, ante futuros problemas del control aéreo, sean las aerolíneas las que concentren todo el impacto financiero.

Estados Unidos enfrentó otra emergencia de comunicaciones

El mismo día, el tráfico aéreo estadounidense sufrió un problema de naturaleza diferente. La Administración Federal de Aviación (FAA) tuvo durante horas dificultades para mantener parte de sus comunicaciones con las aeronaves y el episodio alcanzó a aproximadamente 7.000 vuelos, entre servicios cancelados y demorados.

La cadena de problemas comenzó en una instalación de control situada en Filadelfia. Allí dejó de funcionar el circuito principal utilizado para las comunicaciones por radio y la transmisión de datos de radar.

El sistema de respaldo tampoco estuvo disponible. Durante trabajos de construcción, una cuadrilla había dañado accidentalmente alrededor de 180 metros de fibra óptica en Nueva Jersey, dejando fuera de servicio la alternativa que debía utilizarse frente a la primera falla.

Con las dos vías de comunicación comprometidas, la FAA aplicó restricciones en distintos aeropuertos. Las llegadas fueron suspendidas temporalmente en JFK, LaGuardia y Newark, mientras que también se limitaron las operaciones en Filadelfia y Teterboro.

El efecto se propagó hacia otros aeropuertos de la región. Boston redujo su actividad debido a los vuelos desviados y Washington Reagan también registró interrupciones. En los tres aeropuertos principales de Nueva York hubo más de 1.400 servicios afectados, y Newark acumuló aproximadamente 600 cancelaciones.

El contexto agregó otra dificultad: el episodio coincidió con la llegada de unos 130 jefes de Estado y numerosos ministros que viajaban a Estados Unidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La reparación de las comunicaciones permitió reanudar los despegues durante la tarde. El restablecimiento técnico, sin embargo, no eliminó de inmediato las demoras porque numerosos aviones y tripulaciones habían quedado fuera de su ubicación prevista.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, volvió a utilizar el episodio para reclamar inversiones destinadas a actualizar el sistema estadounidense de control aéreo. El Congreso ya asignó u$s12.500 millones, mientras que el Gobierno busca obtener otros u$s17.500 millones para continuar con la modernización.