Granja Tres Arroyos: la Justicia busca sostener las plantas y crece el conflicto salarial
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La crisis de Granja Tres Arroyos abrió un nuevo frente este jueves 24 de septiembre luego de que un grupo de trabajadores despedidos bloquearon durante varias horas el ingreso de camiones a la planta de la empresa ubicada en la localidad bonaerense de Pilar para reclamar el pago de salarios atrasados e indemnizaciones.
Casi de manera simultánea, los dueños de la que es considerada la mayor avícola del país intentan sostener sus operaciones bajo una serie de medidas judiciales adoptadas durante la tramitación de su pedido de concurso preventivo.
En el caso de la protesta, comenzó durante la madrugada en la planta Pinazo, ubicada en La Lonja en donde despedidos de la firma impidieron el ingreso de camiones destinados a la faena y mantuvieron la medida hasta poco después de las 13, cuando liberaron el acceso.
El episodio se produjo mientras el expediente comercial empieza a incidir sobre aspectos concretos de la operación si se tiene en cuenta las medidas provisionales dispuestas por la Justicia que alcanzan el abastecimiento de electricidad y gas, a determinados cheques emitidos por la empresa y a una cuenta bancaria destinada al pago de remuneraciones y otras obligaciones específicas.
Ocurre que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°21, a cargo de Germán Páez Castañeda, busca preservar la operatoria de Granja Tres Arroyos mientras se resuelve la situación procesal de su presentación concursal.
Uno de los puntos centrales del fallo alcanza a las empresas proveedoras de electricidad y gas a las que se les ordenó que los servicios no sean suspendidos ni reducidos por deudas anteriores al 9 de septiembre pasado.
En el caso de las facturas generadas después de esa fecha, se aclaró que forman parte de la operatoria corriente y deben ser atendidas por la compañía.
La medida tiene importancia para la operación habitual de la empresa ya que el abastecimiento energético resulta indispensable para actividades que incluyen incubación, procesamiento, faena, refrigeración y conservación de alimentos.
De todos modos, la cuestión energética ya había aparecido dentro de la crisis operativa de GTA a fines de agosto, cuando la compañía comunicó la paralización transitoria de establecimientos bonaerenses y, en el caso de Capitán Sarmiento, mencionó entre las causas la falta de suministro eléctrico junto con otros problemas operativos y productivos.
Un canal específico para pagar salarios
La intervención judicial también llegó al circuito financiero, teniendo en cuenta que el juez autorizó a la empresa a abrir una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto y de carácter inembargable, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos.
La resolución fija de esa manera los conceptos para los cuales podrá utilizarse la cuenta y preserva los fondos depositados allí de medidas de embargo.
El mismo pronunciamiento alcanzó a una serie de cheques de pago diferido, ya que el magistrado le ordenó a los bancos a abstenerse de pagar los emitidos antes del 9 de septiembre pero con vencimiento posterior a esa fecha, y también determinó que esos rechazos quedan exceptuados de determinadas multas e inhabilitaciones.
En el caso de los embargos e inhibiciones que ya pesan sobre otras cuentas bancarias de la empresa, permanecen vigentes y su tratamiento quedó reservado a la instancia correspondiente del proceso concursal.
La resolución también rechazó imponer a las entidades financieras la continuidad de las relaciones contractuales con Granja Tres Arroyos o la reapertura de cuentas que hubieran sido cerradas.
Un reclamo que llegó a la puerta de la fábrica
Mientras avanzan esas medidas judiciales, el conflicto laboral tuvo su epicentro en la planta Pinazo con el bloqueo de su ingreso durante la madrugada de este jueves como presión para que la empresa regularice el pago de salarios atrasados y de las indemnizaciones correspondientes a las desvinculaciones.
El conflicto de Pilar forma parte de una disputa laboral que durante septiembre alcanzó también a Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría y que obligó a la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que dictó una conciliación obligatoria por 15 días hábiles ante los despidos dispuestos en esos establecimientos.
La medida alcanzó a 1.200 trabajadores, de los cuales 700 son de Capitán Sarmiento; 450 de Esteban Echeverría y 50 de Pilar.
Dentro de las negociaciones también apareció una modalidad excepcional para atender parte de las obligaciones pendientes como es el ofrecimiento de pagar con mercadería y en las conversaciones se contempló la entrega de cajones de pollo junto con un pago de dinero a cuenta.
El tamaño financiero de la crisis
El escenario es parte de un problema mucho más profundo que atraviesa la empresa que ya solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores por la imposibilidad de hacer frente a todas las obligaciones acumuladas.
De acuerdo con la documentación presentada en el expediente COM 18.558/2026, el pasivo contable alcanzaba aproximadamente $536.000 millones al cierre de 2025, equivalentes a alrededor de u$s350 millones al tipo de cambio oficial tomado para esa estimación.
La empresa declaró además más de 4.800 acreedores y más de $126.000 millones en cheques rechazados y ubicó el inicio de su cesación de pagos el 29 de enero pasado, cuando quedaron impagos documentos por $2.070.722.822,03.
La presentación judicial detalla además la composición de las obligaciones acumuladas hasta fines de 2025, de las cuales cerca de $199.000 millones correspondían a préstamos y obligaciones financieras y $161.000 millones a proveedores.
A esos compromisos se sumaban alrededor de $52.000 millones por impuesto diferido; $46.000 millones vinculados con obligaciones laborales y previsionales y $32.000 millones correspondientes a compromisos fiscales.
Un concurso que alcanza al corazón del grupo
De todos modos, la estrategia concursal excede a Granja Tres Arroyos si se recuerda que la empresa pidió que su proceso tramite conjuntamente con Holding Agro Industrial S.A. (HAISA), Wade S.A. y Avex S.A., compañías identificadas en la presentación como integrantes del Grupo GTA.
En forma subsidiaria, solicitó que, si el tratamiento conjunto planteado ante la Justicia no prospera, se tramiten individualmente los procesos correspondientes.
Ese entramado empresario conecta el expediente con el establecimiento donde se produjo la protesta de este jueves. Wade opera la planta Pinazo, que perteneció al complejo productivo de la ex Cresta Roja.
En el expediente judicial Granja Tres Arroyos recuerda que en el 2018 se constituyó como garante de Wade por las obligaciones vinculadas con la adquisición de esas unidades productivas.
Según la documentación aportada al expediente, el precio contractual global de aquella operación alcanzó los u$s80 millones, aunque luego, el grupo declaró haber destinado más de u$s25 millones a recuperar capacidad productiva y recomponer instalaciones.
La operación amplió una estructura integrada que abarca genética, incubación, producción de alimento, crianza, faena, industrialización y comercialización de productos avícolas.
La próxima definición
El expediente tendrá ahora un nuevo capítulo fuera de los tribunales ya que los accionistas de Granja Tres Arroyos fueron convocados para el 5 de octubre, a las 14 en primera convocatoria y a las 15 en segunda, en Tres Arroyos 378, en la Ciudad de Buenos Aires.
El punto central del orden del día será ratificar la presentación en concurso preventivo realizada por el directorio, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley de Concursos y Quiebras.
Ese mismo 5 de octubre está prevista una asamblea de Avex, otra de las sociedades comprendidas en la estrategia concursal del grupo.
