AySA: quiénes son los empresarios que ofertaron u$s349 millones y superaron a Roggio

El consorcio integrado por las empresas Rowing; Arcos Saneamento e Participações; Transclor y PHX Aqua AR B.V. presentó la mejor oferta económica para adquirir el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), al ofertar pagar u$s340,2 millones por el paquete accionario que el Estado nacional puso en venta.

La propuesta muestra una diferencia de u$s64,2 millones contra los u$s285 millones que propuso pagar el grupo conformado por Roggio, lo cual amplía la diferencia entre ambos montos al 22,53%, lejos del 5% que el pliego establecía para definir un posible empate técnico y convocar a mejorar las ofertas.

La apertura de las propuestas económicas se realizó este jueves 8 de octubre, después de que el Ministerio de Economía habilitara formalmente a los dos oferentes mediante la Resolución 1722/2026.

El consorcio ganador reúne a dos compañías argentinas; un grupo brasileño con experiencia en agua y saneamiento y un vehículo de inversión extranjero.

Detrás de las firmas locales aparecen Walter Román, por Rowing, y Mauricio Filiberti, propietario de Transclor que se asociaron a una operadora brasileña y a un fondo inversor.

De todos modos, la composición accionaria del consorcio evidencia diferencias ya que el mayor accionista será el fondo PHX Aqua AR B.V, con el 55%; Arcos Saneamiento e PParticipações, con el 15% y posibilidad de sumar un 10%; Rowing, otro 20% y Transclor con un 10%.

El precio ofertado por esta alianza por el 90% de AySA hace que la valuación total de la empresa sea equivalente a u$s378 millones por el 100% del capital accionario.

Sin embargo, al considerarse la estructura financiera de la transacción, el valor empresa (Enterprise Value o EV), alcanza aproximadamente a u$s447 millones.

La operación involucra además una deuda cercana a u$s70 millones, que será honrada por los actuales accionistas, a lo cual se suma el programa de inversiones exigido por el contrato de concesión por alrededor de u$s2.000 millones, por lo que el precio de la compra y las inversiones suman un monto global de u$s2.340 millones.

La presentación de la oferta más alta todavía debe atravesar los pasos administrativos establecidos por el pliego como la de ser sometida a la Comisión de Evaluación antes de completar las restantes instancias del proceso.

Los empresarios detrás de la oferta

Uno de los integrantes argentinos del consorcio es Rowing, compañía vinculada con Walter Román, que lleva más de 30 años dedicada a la prestación de servicios de infraestructura a gran escala en la Argentina.

En la actualidad, cuenta con más de 3.000 colaboradores, según la información difundida por la alianza y aporta además conocimiento del territorio comprendido dentro de la concesión de AySA.

El segundo integrante argentino es Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti, que desarrolla actividades de elaboración, distribución y comercialización de productos químicos destinados, entre otras aplicaciones, al tratamiento y la potabilización del agua.

Transclor opera desde 1992, por lo que acumula más de tres décadas de actividad en el mercado argentino, mientras que Filiberti también participa del grupo empresario que controla Edenor junto con José Luis Manzano y Daniel Vila.

Y a través de la distribuidora de electricidad, también forma parte del grupo que acordó la adquisición del 70% de Metrogas que pertenecía a YPF, una operación sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas para su cierre.

La participación en AySA, sin embargo, se realiza a través de Transclor, una de las cuatro sociedades que integran el consorcio.

El operador técnico que llega desde Brasil

La experiencia específica en la administración de servicios de agua y saneamiento será aportada por Arcos Saneamento e Participações, perteneciente al Grupo Equipav.

El consorcio designó formalmente a la compañía brasileña como Operador Técnico de AySA para cumplir las condiciones establecidas en el pliego.

Arcos opera servicios de agua y cloacas desde 2010 y, según la información proporcionada por la alianza, sus operaciones alcanzan actualmente a más de 39 millones de personas en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil, con alrededor de 25.000 colaboradores.

El Grupo Equipav participa, entre otros negocios de saneamiento, en Águas do Rio, concesionaria de servicios de agua y cloacas en el estado de Río de Janeiro.

El cuarto integrante es PHX Aqua AR B.V., constituido como un vehículo de inversión de capitales extranjeros interesados en la operación.

De todos modos, la información conocida hasta ahora no establece públicamente qué porcentaje tendrá cada una de las cuatro sociedades dentro de la estructura compradora.

El segundo oferente fue el consorcio integrado por Roggio Roas; Hidrosan Capital; Aguas del Plata Participaciones; Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.

Una privatización clave para el Gobierno

La licitación había sido convocada sin precio base y contempló una primera instancia destinada a evaluar las condiciones técnicas, económicas y financieras de los interesados.

El Ministerio de Economía aprobó esa etapa mediante la Resolución 1722/2026, publicada el 6 de octubre, y habilitó a ambos consorcios para avanzar hacia la apertura económica.

La importancia de la operación se centra en el poder que concentra AySA dentro de las empresas de servicios públicos, ya que presta servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia de Buenos Aires.

Su área de concesión comprende 3.363,51 kilómetros cuadrados y una población de 15.228.521 habitantes; además de registrar 3.869.947 unidades funcionales: 3.437.049 residenciales, 350.569 no residenciales y 82.329 terrenos baldíos.

De acuerdo con la información oficial, 11.473.228 habitantes contaban con servicio de agua potable y 9.664.009 con desagües cloacales.

Además, AySA administra 44.549 kilómetros de cañerías, divididos entre 25.537 kilómetros correspondientes al sistema de agua y 19.012 kilómetros de desagües cloacales.

La infraestructura comprende tres plantas potabilizadoras, 24 plantas de tratamiento de agua subterránea y 21 plantas depuradoras de líquidos cloacales.

El sistema incluye también 201 estaciones de bombeo cloacal, 14 estaciones elevadoras de agua potable, 830 perforaciones y 88 kilómetros de ríos subterráneos.

La empresa producía en promedio 6,1 millones de metros cúbicos diarios de agua y trataba alrededor de 3 millones de metros cúbicos diarios de líquidos cloacales.

Entre sus principales instalaciones aparecen las plantas potabilizadoras General San Martín, General Belgrano y Juan Manuel de Rosas.

A esa estructura se agregó el Sistema Riachuelo, puesto en funcionamiento en junio de 2025 para ampliar la capacidad de transporte y tratamiento de efluentes cloacales.

Las inversiones superan el precio de compra

El desembolso realizado por el consorcio ganador por el 90% de las acciones de AySA representa sólo una parte del compromiso económico que deberá asumir el nuevo grupo.

El contrato también contempla u$s1.940 millones de inversiones durante los primeros cinco años de la concesión, aunque el compromiso total de inversión requerido a los nuevos accionistas durante esa primera etapa se ubica en torno de u$s2.000 millones.

Para los 30 años del contrato, el consorcio informó inversiones acumuladas por u$s15.040 millones que ya estaban contempladas en el marco regulatorio que, a su vez, definió un Plan de Acción para el primer ciclo tarifario, correspondiente al período 2027-2031.

Ese proceso está contemplado en la Resolución 30/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), y establece inversiones por $2.892.111 millones, sin IVA y expresadas a valores de diciembre de 2025.

A ese monto se agregan $28.896 millones correspondientes a activación de mano de obra directa, con lo que el CAPEX previsto alcanza $2.921.007 millones.

El destino de los fondos

Según el Plan de Acción, el 39,15% de las inversiones corresponde a obras y otro 39,69% a mantenimiento; otro 10,92% está destinado a mejoras y el 10,24% a operaciones.

Por tipo de servicio, el 58,67% corresponde al sistema de agua potable, el 32,25% a desagües cloacales y el 9,08% a procesos de soporte.

El contrato incorpora también mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de las inversiones y de las metas operativas y establece objetivos de cobertura del 75,3% para agua potable y del 63,9% para cloacas al finalizar el primer ciclo tarifario.

Al concluir el plazo inicial de 30 años, las metas previstas alcanzan un mínimo del 90% para agua potable y del 75% para cloacas.

El desafío de las pérdidas y las tarifas

Entre los problemas operativos de la compañía que deberán enfrentar los nuevos dueños aparece el nivel de agua no contabilizada, que el Ministerio de Economía ubicó en torno del 42%.

Se trata de un indicador que comprende pérdidas físicas en las redes y otros volúmenes producidos que no terminan registrados como consumo facturado.

A ese desafío se agrega una situación tarifaria que presenta un atraso del 10,6% medido en dólares respecto de los valores acordados.

El dato adquiere relevancia para el futuro operador porque el esquema tarifario constituye una de las fuentes de recursos para financiar el funcionamiento, mantenimiento y programa de inversiones de la concesión.

En este sentido, cabe aclarar que el marco económico aprobado por el ente regulador establece una Base de Activos Regulatorios inicial de $790.074,6 millones, expresada a valores constantes de diciembre de 2025.

El modelo contempla mantener el nivel tarifario constante en términos reales durante el primer ciclo, lo que no equivale a congelar nominalmente las facturas.

También incorpora mecanismos de actualización y las revisiones previstas dentro del régimen regulatorio.

Tres décadas de la anterior privatización

AySA fue creada el 21 de marzo de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, después de la rescisión del contrato de Aguas Argentinas, la concesionaria controlada por el grupo francés Suez.

La compañía comenzó a operar en la Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos bonaerenses y posteriormente incorporó otros nueve municipios hasta alcanzar los actuales 26.

Desde su creación, el Estado nacional mantuvo el 90% del capital, mientras que el 10% restante quedó asignado al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.

La Ley 27.742 habilitó posteriormente la privatización y el Decreto 494/2025 estableció las condiciones generales para avanzar con la transferencia accionaria, con un nuevo contrato que establece un plazo inicial de 30 años, con posibilidad de una prórroga por otros 10.

El cumplimiento de las inversiones, las metas de expansión, el mantenimiento y los parámetros de calidad estarán sujetos al control regulatorio, mientras que las inversiones financiadas por la concesionaria deberán contar con certificación de un auditor técnico independiente.