Mauricio Filiberti, el rey del cloro que extendió sus negocios a Edenor, Metrogas y AySA
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Puntos importantes
Mauricio Filiberti, el "Rey del cloro", consolidó su fortuna mediante Transclor, proveyendo insumos químicos clave para potabilizar agua durante décadas.
El empresario diversificó sus inversiones hacia servicios públicos, adquiriendo Edenor, Metrogas y buscando ahora el control de AySA junto a socios.
Su trayectoria combina éxito empresarial con estrechos vínculos políticos, enfrentando denuncias por supuestas prácticas anticompetitivas que la Justicia archivó.
Con más de cuatro décadas de actividad empresarial, Mauricio Filiberti construyó su trayectoria alrededor de un producto indispensable para potabilizar agua, fabricar lavandina y abastecer diferentes industrias como es el cloro. Ahora, su nombre cobró más notoriedad tras la privatización de AySA.
Nacido en 1949, con 77 años de edad y habiendo estudiado Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, sus comienzos no fueron alrededor de este insumo sino con la importación de automóviles de lujo para luego ingresar a la industria química, donde desarrolló el negocio que se convertiría en la principal fuente de su patrimonio.
Padre de cinco hijos, según los perfiles biográficos publicados, su vida social está vinculada con Nordelta y con círculos empresariales de Buenos Aires y Europa, aunque durante décadas mantuvo escasa exposición pública.
Con una fortuna actual calculada en u$s300 millones, Filiberti fue acumulando poder a partir de Transclor, una compañía química con instalaciones industriales en la provincia de Buenos Aires, una estructura logística propia y una extensa relación comercial con empresas de servicios públicos.
Bautizado como el "Rey del cloro", precisamente por el crecimiento que logró a partir de esa empresa y de millonarios contratos, Filiberti supo también ampliar sus inversiones hacia otras actividades, en especial a las vinculadas a los servicios públicos.
Por caso, en diciembre de 2020 se asoció con José Luis Manzano y Daniel Vila, para adquirir el control de Edenor, la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina.
Pagaron u$s100 millones a Marcelo Mindlin para quedarse con una empresa que cuenta con más de 3,39 millones de clientes; un área de concesión de 4.637 km² y una red que cubre a una población aproximada de 9 millones de habitantes en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el noroeste del Gran Buenos Aires.
En agosto pasado, la distribuidora acordó comprar a YPF el 70% de Metrogas por u$s780 millones, operación de la cual Filiberti formó parte al ser accionista de Edenor.
Ahora, acaba de ingresar también a AySA de la mano de Transclor, que integra el consorcio encabezado por Rowing que presentó la mayor oferta económica para comprar el 90% de la sociedad estatal por u$s349,2 millones.
Además, su participación presenta una particularidad si se recuerda que su compañía mantiene desde hace décadas relaciones comerciales con las empresas encargadas de potabilizar el agua del área metropolitana.
Esta expansión por fuera de su core business ha llevado a que en algunos círculos empresarios se refieran a Filiberti también como "El Señor de los Servicios Públicos".
De hecho, la expansión hacia este negocio se dimensiona con el alcance que tienen Edenor, Metrogas y AySA que, en conjunto reúnen aproximadamente 9,66 millones de clientes o unidades de servicio, según los últimos datos oficiales disponibles.
Edenor aporta 3,39 millones; Metrogas otros 2,4 millones y AySA suma 3,8 millones llegando entre las tres a casi 10 millones de usuarios de electricidad, gas y agua.
Del comercio a la fábrica
Pero antes de llegar a este negocio, la historia empresarial de Filiberti creció a partir de otro formato: la comercialización y posterior fabricación de productos químicos de la mano de Transclor, que inició sus actividades en 1992 y desde entonces, avanzó en la producción y distribución de sustancias utilizadas en el tratamiento de agua y en diferentes procesos industriales.
El desarrollo fabril se concentró en el Parque Industrial Pilar, donde funciona uno de sus establecimientos más importantes y en donde produce cloro y soda cáustica a partir de una solución de cloruro de sodio.
La empresa informa una producción de 100.000 toneladas anuales; una dotación de más de 200 trabajadores; más de 50 camiones y 70 tanques semirremolques y una distribución que alcanza Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, San Luis y Misiones.
La diversificación de la química
Aunque el apodo de Filiberti quedó asociado al cloro, la actividad de Transclor comprende una cartera más amplia de productos.
Uno de los principales es el hipoclorito de sodio, utilizado como insumo para fabricar lavandina y en distintos procesos de desinfección.
También produce soda cáustica, utilizada por las industrias química, papelera, textil, alimenticia y de limpieza; ácido clorhídrico, potasa cáustica y cloruro cálcico, empleados en diferentes actividades industriales.
Otro negocio relevante es el policloruro de aluminio, conocido como PAC o PCA, un producto utilizado como coagulante en los procesos de potabilización de agua y que produce en su planta de Bernal, partido de Quilmes.
La compañía también aparece registrada en la plataforma oficial Argentina TradeNet como exportadora de productos químicos como cloro, soda cáustica, ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio y derivados del aluminio.
Un negocio ligado a la potabilización
Pero uno de los negocios más importantes en la trayectoria de Transclor es el abastecimiento de productos utilizados para potabilizar agua a partir de lo cual mantuvo vínculos con el sector de saneamiento durante la etapa de Aguas Argentinas y posteriormente con AySA.
De hecho, esta relación comercial fue objeto de cuestionamientos públicos durante diferentes administraciones.
En diciembre de 2020, dirigentes de la Coalición Cívica difundieron un informe titulado Crónica de un proveedor anunciado: la estrecha relación entre José Luis Lingeri, Mauricio Filiberti y AySA.
El trabajo cuestionó las condiciones de contrataciones relacionadas con la producción de sustancias utilizadas para potabilizar agua.
Los autores plantearon presuntos beneficios para Transclor y solicitaron examinar los antecedentes contractuales.
Según consta en el expediente de Defensa de la Competencia, AySA y Transclor firmaron el 22 de octubre de 2015 un acuerdo marco que estableció un precio de u$s469 por tonelada de policloruro de aluminio entregada en las plantas potabilizadoras.
Ese convenio venció a fines de 2019 pero antes, ambas empresas suscribieron otro acuerdo, con vigencia hasta diciembre de 2023, que fijó un precio de u$s449 por tonelada.
En mayo de 2020 se estableció una reducción a u$s430 para las primeras 6.300 toneladas mensuales y en diciembre de 2023, otra modificación fijó un precio de u$s420 para las prmeras 5.700 toneladas.
Los vínculos con el poder
Otro capítulo relevante corresponde a la relación que logró tejer con varios dirigentes políticos como el caso de Malena Galmarini, presidenta de AySA entre 2019 y 2022.
En enero de 2021, Galmarini reconoció públicamente la relación con el empresario y defendió las contrataciones de Transclor.
Sus declaraciones tuvieron lugar poco después del anuncio de la venta del control de Edenor al grupo integrado por Manzano, Vila y Filiberti.
La operación provocó además cuestionamientos políticos sobre una eventual intervención de Sergio Massa, entonces presidente de la Cámara de Diputados.
De hecho, existe una profunda relación entre ambos al punto que es uno de los vínculos políticos más conocidos del empresario.
Ambos coincidieron en actividades sociales y benéficas de la Fundación Nordelta, impulsada por Eduardo Costantini y la relación adquirió mayor relevancia pública precisamente cuando Malena Galmarini, presidía AySA.
Sin embargo, el entorno de Massa negó que el dirigente hubiera intervenido en la compra de Edenor por parte de Filiberti, Manzano y Vila.
De todos modos, el 24 de enero de 2021, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido reclamó públicamente que se investigara la venta de Edenor, incluidos los compradores, el vendedor y los eventuales intermediarios estatales.
Sus declaraciones fueron incorporadas al proyecto de resolución 1208-D-2021 de la Cámara de Diputados, presentado por el legislador Álvaro de Lamadrid, quien solicitó explicaciones a Massa sobre la operación y sus eventuales vínculos con los compradores.
Contratos bajo la lupa
Los cuestionamientos sobre Transclor y AySA tuvieron un nuevo capítulo en 2023 cuando Juan José Calandri, Mariana Zuvic, Hernán Reyes y Federico Esswein presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra Transclor y AySA.
El expediente quedó identificado como COND. 1845 y los denunciantes cuestionaron las condiciones de abastecimiento de policloruro de aluminio y plantearon presuntas conductas anticompetitivas.
También solicitaron suspender la adjudicación de la Licitación Pública Nacional 60425/23 y pidieron investigar el eventual abuso de posición dominante.
Transclor presentó su defensa el 27 de marzo de 2024, rechazando tener una posición dominante y negando haber cometido prácticas abusivas, además de explicar que el hidróxido de aluminio utilizado para fabricar policloruro de aluminio debía importarse, por lo que no podía garantizar a terceros el suministro de un producto que no fabricaba.
En su presentación, precisó además que la planta de Bernal pertenece a AySA y es explotada por la compañía química mediante un acuerdo marco.
En el caso de AySA, presentó sus explicaciones el 8 de abril de 2024 mediante un documento en el que sostuvo que las condiciones de contratación respondían a exigencias técnicas y de continuidad del servicio y rechazó que hubiera favorecido la formación de una posición dominante.
El 3 de octubre de 2024, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emitió su dictamen, concluyendo que los elementos reunidos permitían descartar que Transclor tuviera suficiente poder de mercado para restringir el acceso al ácido clorhídrico por parte de competidores.
También consideró que los precios del policloruro de aluminio cobrados a AySA no configuraban una práctica de precios abusivos y por esas razones, recomendó archivar las actuaciones.
El salto hacia los servicios públicos
El cambio más importante en la trayectoria de Filiberti llegó el 28 de diciembre de 2020, cuando Pampa Energía anunció un acuerdo para vender el 51% del capital social y de los derechos de voto de Edenor.
La operación se estructuró mediante Empresa de Energía del Cono Sur y en el contrato figuraron Integra Capital, Daniel Vila, Mauricio Filiberti y José Luis Manzano que pagaron u$s95 millones en efectivo, acciones de Edenor equivalentes al 2,41% de su capital y un eventual pago contingente.
Filiberti pasó así de participar principalmente en una empresa industrial proveedora de insumos a integrar el grupo comprador de una distribuidora eléctrica, además de haber consolidado su asociación con Manzano y Vila.
La expansión del negocio energético
Ese proceso de crecimiento tuvo otro capítulo a fines de agosto pasado, cuando Edenor acordó adquirir a YPF el 70% de Metrogas, junto con una participación del 5% en MetroEnergía por u$s780 millones.
En este caso, la participación de Filiberti corresponde a su vínculo con el grupo comprador de la distribuidora de electricidad que cuenta con más de 2,4 millones de clientes, consolidándose como la distribuidora de gas natural más grande de Argentina al abarcar aproximadamente el 19% del mercado nacional.
Su área de cobertura tiene una superficie de 2.150 km² y comprende la Ciudad de Buenos Aires, que concentra alrededor del 61% de sus usuarios, y la zona sur del conurbano bonaerense en donde abarca los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, San Vicente y Presidente
El cambio que amplió el horizonte
Mientras avanzaba esta operación, el 19 de agosto Transclor aprobó modificar el artículo tercero de su estatuto social para incorporar expresamente la posibilidad de realizar inversiones de capital, aportes financieros y participaciones directas o indirectas en otras sociedades.
La nueva redacción incluyó específicamente a empresas prestadoras de servicios públicos, mediante inversiones propias, sociedades controladas o vinculadas y asociaciones con terceros, además de tener la posibilidad de participar en licitaciones públicas y privadas.
Si bien la modificación no menciona a AySA, queda claro que fue realizada para participar de esa privatización.
