El Gobierno busca cambiar el esquema energético de AySA antes de firmar la privatización
Puntos importantes
Mientras avanza con la privatización de AySA, el gobierno nacional impulsa un proceso que puede modificar la forma en que compra electricidad la mayor concesionaria del servicio de agua potable y tratamiento de desagües cloacales de la Argentina.
La empresa, que brinda el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, solicitó ingresar al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con 16 puntos de consumo a partir del próximo 1° de noviembre.
Lo hizo con aval oficial, al punto que la solicitud figura en elaviso de la Subsecretaría de Energía Eléctrica en el Boletín OficialBoletín Oficial de este viernes 16 de octubre. Allí, comunica la solicitud de AySA y de otras empresas para ingresar al MEM como Gran Usuario Mayor o GUMA.
Se trata de una categoría que permite que una empresa con una demanda eléctrica importante participe como agente del mercado mayorista y contrate directamente parte de la energía que consume, en vez de comprarla íntegramente bajo el esquema comercial habitual de la distribuidora.
En el caso de AySA, pidió que el punto ubicado en Génova y Prefectura Falcón, en la localidad bonaerense de Dock Sud, sea reconocido como GUMA, además de presentar otros 15 puntos para incorporarse como Grandes Usuarios Menores (GUME), distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano y vinculados actualmente a las redes de Edenor y Edesur.
En este caso, se trata de otra categoría de consumidor que le permite pactar el abastecimiento de su demanda total de forma independiente mediante contratos bilaterales con un Generador o Comerciante en el Mercado a Término (MAT).
Las empresas bajo este formato utilizan los medidores y los mecanismos de alivio de carga provistos por la distribuidora local, no operando con una relación directa o de vinculación física exclusiva con el sistema de transporte de alta tensión como los grandes usuarios mayores.
El pedido fue publicado ocho días después de la apertura de las ofertas económicas para vender el 90% de AySA organizado por el Ministerio de Economía y que ganó un consorcio encabezado por Rowing, de Walter Román, e integrado también por Transclor, de Mauricio Filiberti, el grupo brasileño Arcos Saneamento e Participações y el fondo inversor PHX Aqua AR, que presentó la propuesta más alta que llegó a u$s340,2 millones.
AySA busca cambiar su esquema energético antes de la privatización
Ahora AySA quiere operar bajo el esquema GUMA por entender que posee un consumo eléctrico elevado y que, por lo tanto, puede participar como agente del MEM y contratar directamente parte de su abastecimiento.
La regulación establece que para hacerlo debe tener o haber solicitado, en cada punto de conexión, una demanda mínima deexigencias de potencia de la Resolución 91/1997
Además, tiene que contratar de manera independiente en el MAT por lo menos el 50% de su demanda eléctrica, con un mínimo de 4.380 MWh anuales.
En el caso de los GUME funcionan bajo la misma lógica de participación en el mercado mayorista, pero corresponden a puntos de menor demanda y tienen condiciones de contratación diferentes.
La normativa establece para esta categoría una demanda de potencia para consumo propio inferior a 2 MW y mayor o igual a 0,1 MW y exige contratar independientemente en el Mercado a Término la totalidad de la demanda de potencia y energía eléctrica.
Si las solicitudes prosperan, esos consumos de AySA pasarán a participar del mercado mayorista bajo las reglas correspondientes a cada categoría, lo cual no elimina a Edenor y Edesur del esquema físico de abastecimiento.
El aviso las identifica como distribuidoras o prestadoras de la función técnica de transporte para los puntos involucrados y sus redes continúan siendo utilizadas para llevar la electricidad hasta las instalaciones, mientras cambia la modalidad comercial de adquisición de la energía.
Cuáles son las plantas de AySA que cambiarán de esquema eléctrico
El punto de mayor escala está localizado en Génova y Prefectura Falcón, Dock Sud, dentro del área de Edesur, consumo para el cual AySA solicita la categoría GUMA.
Los otros pedidos abarcan instalaciones de la Ciudad y del conurbano como Boulogne Sur Mer; Lanús; Villa Domínico; Ezeiza; Villa Fiorito; Loma Hermosa; William C. Morris; Ciudad Evita; La Matanza y Tigre, además de distintos puntos de la Capital Federal.
Se trata de gran parte de la zona que AySA opera bajo su concesión que alcanza una población de más de 14 millones de habitantes a quienes brinda los servicios de captación, potabilización, transporte, distribución de agua y recolección y tratamiento de efluentes cloacales.
Lo hace mediante plantas potabilizadoras de escala mundial, destacándose la Planta General San Martín (en Palermo) y la Planta General Belgrano (en Bernal), y con una red de distribución de más de 16.000 kilómetros de cañerías de agua y cerca de 9.700 kilómetros de redes cloacales.
Por qué la electricidad es clave para el servicio de agua
La escala de AySA permite dimensionar el papel que ocupa la electricidad dentro de su actividad al punto que la propia compañía resume esa dependencia al señalar que "desde la entrada a nuestras plantas potabilizadoras hasta tu domicilio, nuestro servicio depende de la energía eléctrica".
AySA incluye también entre sus auditorías específicas controles sobre la recepción y el consumo de energía eléctrica.
Además del proceso de privatización en marcha, el movimiento energético también encuentra a AySA después de una modificación profunda de sus cuentas previa a su cambio de propietario.
La empresa informó que terminó 2025 con un superávit económico neto de $237.000 millones y una reducción del 85% de su deuda.
Según los mismos datos, las transferencias estatales pasaron de $1,31 billones en 2023, expresados a valores constantes, a $37.000 millones durante 2025, destinados exclusivamente a gastos de capital.
AySA señaló además que durante ese ejercicio pudo cubrir sus gastos operativos sin transferencias del Tesoro y definió el resultado como el primer superávit operativo sostenido desde 2007.
Ese antecedente societario se remonta a 2006, cuando AySA fue constituida después de que el Estado retomara la prestación que hasta entonces estaba concesionada a Aguas Argentinas.
El esquema accionario quedó conformado con el 90% en manos del Estado nacional y el 10% correspondiente al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.
Ese paquete mayoritario fue el incluido en la licitación que ahora atraviesa sus últimas instancias para traspasar el capital al grupo que quedó primero por su oferta económica.
El consorcio le ganó la pulseada al otro grupo que se presentó en la licitación y que estuvo integrado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
La apertura del sobre con la oferta monetaria se realizó el 8 de octubre pasado y el grupo ganador ofreció u$s55,2 millones más que los u$s285 millones del consorcio que lideraba Roggio.
En ese momento, el Ministerio de Economía informó oficialmente que mediante la licitación "se seleccionará al operador estratégico" y publicó los dos montos presentados.
Qué empresas integran el consorcio ganador de la licitación
Rowing es una empresa de ingeniería vinculada a Walter Román y en el consorcio comparte lugar con Transclor, la compañía de Mauricio Filiberti dedicada a productos químicos utilizados, entre otros destinos, en procesos de tratamiento de agua.
La pata técnica internacional está integrada por Arcos Saneamento e Participações, del grupo brasileño Equipav, con experiencia en servicios de agua y saneamiento.
El cuarto integrante es PHX Aqua AR, que completa la estructura presentada en la licitación para competir por el paquete estatal.
Filiberti participa además, junto con José Luis Manzano y Daniel Vila, del grupo de control de Edenor, una de las distribuidoras que aparecen en el aviso del MEM como prestadoras de la función técnica de transporte para parte de los puntos de AySA.
Qué inversiones debe realizar el nuevo operador de AySA
De acuerdo al pliego de la licitación, el futuro operador de AySA deberá afrontar compromisos que exceden el desembolso por las acciones y que forman parte del llamado Plan de Acción 2027-2031 por $2,89 billones.
Aproximadamente $1,13 billones corresponden a obras, $1,15 billones a mantenimiento, $315.761 millones a mejoras y $296.166 millones a operaciones.
La documentación regulatoria distribuye el programa en un 39,15% para obras, 39,69% para mantenimiento, 10,92% para mejoras y 10,24% para operaciones.
Por destino, el 58,67% corresponde al servicio de agua potable, el 32,25% a desagües cloacales y el 9,08% a procesos de soporte.
Para 2031 fueron establecidas metas de cobertura del 75,3% para agua y del 63,9% para cloacas y al finalizar el período inicial de la concesión, de 30 años, los pisos deberán alcanzar el 90% y el 75%, respectivamente.
El programa incorpora además mecanismos de seguimiento de las inversiones y de las metas de servicio que deberá cumplir el operador durante la concesión.