Privatización de Belgrano Cargas: el Gobierno fija arbitraje en Montevideo para inversores
Puntos importantes
El Gobierno introdujo un nuevo mecanismo clave destinado a facilitar la llegada de capitales extranjeros al proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística (BCyL).
A través del Decreto 1216/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aprobó la cláusula que permitirá que determinadas controversias entre el Estado y los futuros concesionarios sean sometidas a un tribunal arbitral con sede en Montevideo, Uruguay.
La decisión tiene un objetivo económico explícito ya que sostiene que establecer una sede arbitral fuera de la Argentina "busca aumentar la concurrencia, promover la participación de oferentes extranjeros y ampliar el acceso a fuentes internacionales de financiamiento para las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura ferroviaria".
La modificación aparece además cuando ya existen grandes jugadores siguiendo el proceso como el Grupo México Transportes (GMXT), uno de los principales operadores ferroviarios de América del Norte; y un consorcio conformado por Bunge, Cargill, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD) y Louis Dreyfus Company (LDC).
El cronograma oficial empieza a achicar los tiempos si se tiene en cuenta que las consultas sobre la documentación licitatoria podrán realizarse hasta el 28 de octubre próximo a las 10.
Las propuestas deberán presentarse a través de CONTRAT.AR hasta el 11 de noviembre a las 9:59 y la apertura está programada para ese mismo día a las 10, cuando se conocerán los nombres de las empresas que analizaron el negocio y decidieron finalmente competir.
Cómo funciona la garantía de arbitraje en Montevideo para capitales extranjeros
La posibilidad de recurrir al arbitraje internacional ya estaba contemplada en el modelo de contrato incorporado al pliego.
Lo que hizo ahora el Poder Ejecutivo fue aprobar expresamente esa cláusula, un requisito previsto por la legislación cuando existe prórroga de jurisdicción.
El mecanismo no podrá utilizarse ante cualquier diferencia sino que para que una controversia sea sometida al tribunal con sede en Montevideo deberá existir participación extranjera vinculada con la concesión.
La condición puede cumplirse si el concesionario, alguno de sus accionistas con una participación no inferior al 10% del capital con derecho a voto, determinadas personas utilizadas para acreditar requisitos financieros o de experiencia o un acreedor garantizado están constituidos o domiciliados fuera de la Argentina o controlados por personas del exterior.
También existe un umbral económico ya que la controversia deberá ser de monto no cuantificable o superar los u$s500.000, en tanto que las diferencias inferiores a ese monto podrán ingresar cuando puedan acumularse con otras controversias ya sometidas a un tribunal arbitral constituido en Montevideo.
El decreto también establece límites frente a una eventual ejecución contra el Estado argentino al explicar que la prórroga de jurisdicción no implica renunciar a la inmunidad sobre las reservas y cuentas del Banco Central, bienes de dominio público, activos destinados a servicios públicos esenciales, bienes diplomáticos, consulares y militares, patrimonio cultural y otros activos protegidos por la legislación argentina.
Cuáles son las condiciones de la concesión por 50 años de Belgrano Cargas
La operación tiene una dimensión mucho mayor que la Línea Belgrano que da nombre a la compañía teniendo en cuenta que la concesión lanzada por el Gobierno comprende 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias correspondientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
Las tres conectan algunas de las principales zonas productivas del país con puertos y pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
El sistema transporta cargas vinculadas con cadenas agroindustriales, industriales y mineras y constituye una pieza de la logística de exportación.
Según el pliego de condiciones ya oficializado, los contratos tendrán una duración de 50 año, plazo que el Gobierno justificó por la magnitud de las inversiones ferroviarias y sus períodos prolongados de recupero.
El modelo funcionará además bajo un régimen de acceso abierto que permite que la administración de la infraestructura quede separada de la operación ferroviaria y que puedan circular distintos operadores bajo condiciones objetivas y no discriminatorias.
El pliego también aclara que el Estado conservará la propiedad de las vías y los inmuebles aledaños y mantendrá las funciones de regulación, fiscalización y control.
Qué activos de Belgrano Cargas se privatizan y cuáles quedan en manos del Estado
El Decreto 67/2025 autorizó la privatización total de Belgrano Cargas y Logística mediante la separación de sus actividades y bienes, en lugar de vender la compañía integrada a un único comprador.
Las vías y los inmuebles ferroviarios aledaños seguirán perteneciendo al Estado, pero su explotación será entregada mediante contratos de concesión.
Los talleres constituyen otro negocio y serán objeto de concesiones de uso, mientras que el material rodante conforma un tercer bloque.
El esquema contempla tanto su venta mediante remate como la posibilidad de incorporar material específicamente identificado a los contratos de concesión.
La licitación abierta en agosto incluye además una opción para que los concesionarios compren el lote de material rodante correspondiente a cada línea.
El precio de ese material debe respetar como referencia mínima la tasación de su valor venal realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Además, los recursos obtenidos por la venta del material rodante serán destinados a un fideicomiso para financiar las obras a cargo de los concesionarios.
De esta forma, una parte de los activos actuales del sistema contribuirá a financiar la recuperación de la propia infraestructura.
Qué obras e inversiones serán obligatorias para los concesionarios de Belgrano Cargas
Los futuros concesionarios no recibirán solamente el derecho a explotar infraestructura existente teniendo en cuenta que el esquema diseñado por el Gobierno contempla obras obligatorias durante los primeros cinco años de las concesiones, además de trabajos optativos que los participantes podrán incorporar a sus ofertas y que serán ponderados en la adjudicación.
Entre las intervenciones previstas aparecen obras para eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y recuperar el ramal azucarero de la Línea Belgrano.
En la Línea San Martín se apunta a recuperar capacidad, confiabilidad y regularidad en el corredor principal, mientras que para la Línea Urquiza está prevista la recuperación de su ramal troncal.
Las inversiones ferroviarias que cumplan los requisitos correspondientes también podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Cómo será la disolución y liquidación final de la empresa estatal Belgrano Cargas
La sociedad que el gobierno del presidente Javier Milei busca vender quedó incluida entre las compañías sujetas a privatización por la Ley Bases.
En febrero de 2025, el Decreto 67 autorizó el procedimiento y estableció la desintegración vertical de la empresa.
El Gobierno fundamentó la decisión en las pérdidas económicas, el deterioro de infraestructura y los problemas de mantenimiento acumulados por el sistema.
Entre los antecedentes utilizados oficialmente aparece un incumplimiento de entre 20% y 40% del mantenimiento programado del parque tractivo durante 2023.
El proceso dio otro paso en agosto, cuando la Resolución 1350/2026 autorizó formalmente la licitación nacional e internacional, aprobó los pliegos de las tres líneas, creó la comisión evaluadora y estableció el calendario para consultas, presentación y apertura de ofertas.
La normativa prevé además que, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos correspondientes, se avance con la disolución y posterior liquidación de Belgrano Cargas y Logística SA.