Granja Tres Arroyos: $62.400 millones de deuda laboral y un tendal de cheques sin fondos
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Puntos importantes
Granja Tres Arroyos en crisis. Pide concurso preventivo por gran deuda.
1.250 despidos. Salarios e indemnizaciones impagos.
Activos inhibidos. Crisis por mercado, costos y Cresta Roja.
El mal momento que atraviesan buena parte de las alimenticias de la Argentina parece no dar respiro y cada vez se acentúa más el momento crítico que padecen auténticos "peso pesado" de ese rubro a nivel nacional. Acorde con esto, el aparente colapso que sufre Granja Tres Arroyos (GTA), la mayor empresa avícola del país, viene de sumar un capítulo de extrema gravedad operativa y judicial. En un escenario signado por la cesación de pagos formal y la parálisis de sus plantas, la firma insistió ante los tribunales comerciales con el pedido de apertura del concurso preventivo de acreedores. Busca encarar la reestructuración de un pasivo colosal que asciende a casi $530.000 millones y sanear una sangría operativa que amenaza con la quiebra definitiva del grupo. A mediados de este mes, la avícola ratificó 1.250 despidos en sus plantas.
En su última presentación radicada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 21, a cargo de Germán Páez Castañeda, la representación legal de la compañía detalló la imposibilidad de afrontar sus compromisos corrientes.
Granja Tres Arroyos y la imposibilidad de cubrir deudas
El núcleo de la urgencia social radica en un pasivo estrictamente laboral e indemnizatorio que alcanza los 62.448 millones de pesos. Entre otros aspectos, el monto abarca salarios caídos, cargas sociales y las indemnizaciones correspondientes a medio centenar de desvinculaciones en la planta de Pinazo, en Pilar.
La firma reconoció en el expediente que cuenta con 1.800 trabajadores en relación de dependencia directa —con ingresos brutos de entre 637.250 y más de 11 millones de pesos—, pero admitió que desde comienzos de año fragmentó la liquidación de haberes en hasta 10 cuotas mensuales.
Según fuentes del sector avícola, ese esquema derivó en la interrupción total de los pagos a partir de los meses de julio, agosto y septiembre, según la unidad productiva y la región afectada.
Sin acuerdo en la provincia de Buenos Aires tras el vencimiento del período de conciliación obligatoria, la empresa confirmó la ratificación de 1.250 despidos distribuidos en tres puntos clave: 700 operarios en Capitán Sarmiento, 500 en Esteban Echeverría y 50 en la planta de Pilar.
Durante las audiencias en la cartera de Trabajo provincial, el apoderado de GTA, Walter Carrizo, dejó asentada la postura corporativa.
"En relación con los despidos y desvinculaciones comprendidos en el conflicto, esta parte mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas, con las causales y alcances expresados en cada comunicación", sostuvo el representante legal. Argumentó, además, la necesidad de "adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible y preservar la continuidad de la explotación".
Freno judicial por presunto vaciamiento
A los salarios impagos se sumó el freno judicial a los bienes del conglomerado. En ese sentido, la Justicia Comercial dispuso la inhibición general sobre los activos del denominado Grupo GTA, conformado por Granja Tres Arroyos, Wade SA, Avex SA y Holding Agro Industrial SA (HAISA).
La medida cautelar respondió a denuncias presentadas por la sindicatura de la quiebra de Rasic Hermanos y por exempleados de las plantas I y II de Wade —ex Cresta Roja—, quienes expusieron maniobras de presunto vaciamiento. Según las presentaciones, de las instalaciones presuntamente hubo un retiro de herramientas, maquinaria, insumos y materias primas.
El cuadro financiero que presentó la firma en la causa COM 18.558/2026 exhibe que la empresa entró en cesación de pagos el 29 de enero pasado al no poder cubrir documentos por algo más de 2.000 millones de pesos. A la fecha, la compañía acumula más de $126.000 millones en cheques rechazados.
El balance al cierre de 2025 contabilizó un pasivo global de aproximadamente $536.000 millones —equivalentes a u$s350 millones al tipo de cambio oficial— frente a más de 4.800 acreedores.
La estructura del endeudamiento de GTA se divide en $199.000 millones en deudas bancarias y financieras, $161.000 millones con proveedores, $78.000 millones en compromisos laborales y previsionales, $52.000 millones en impuesto diferido y $32.000 millones en obligaciones fiscales.
Números en rojo y la pesada herencia de Cresta Roja
El deterioro contable fue progresivo: los resultados no asignados pasaron de un saldo positivo de $3.944 millones en 2022 a un rojo de $68.969 millones en 2023 y $37.108 millones en 2024, lo cual proyectó una pérdida de $122.052 millones para el cierre de 2025.
En paralelo, las deudas previsionales bajo planes de pago saltaron de $2.299 millones en 2023 a $10.935 millones en 2024. Esto motivó que el auditor externo incluyera un párrafo de énfasis sobre la viabilidad económica de la sociedad.
Entre las causas del colapso, el grupo atribuyó la crisis a la retracción del mercado interno, la baja del poder adquisitivo, el encarecimiento de la energía y los insumos, la competencia de carne aviar importada y el impacto de la gripe aviar de 2023, que redujo los ingresos por exportaciones desde u$s175,8 millones en 2022 a u$s87 millones en 2025.
Asimismo, argumentó que las pérdidas se profundizaron por el arrastre de las obligaciones asumidas en 2018 para la compra de las unidades de Cresta Roja por 80 millones de dólares. En dicha operación GTA actuó como garante de Wade SA y desembolsó u$s25 millones adicionales para recuperar capacidad de faena.
El juez Páez Castañeda se declaró incompetente para tramitar el concurso definitivo y remitió las actuaciones al Juzgado Comercial Nº 1, pero dispuso de forma provisoria la prohibición a las entidades bancarias de cobrar cheques diferidos emitidos antes del 9 de septiembre de 2026. También autorizó la apertura de una cuenta inembargable en el Banco Ciudad para el pago exclusivo de sueldos e impuestos.
A su vez, intimó a las prestadoras de luz y gas a no cortar los suministros. La falta de claridad respecto de qué juzgado absorberá la causa mantiene frenada la designación del síndico. Esto deja al cobro de las indemnizaciones paralizado y en una suerte de limbo judicial.
