Metrogas aprobó inversiones por u$s186 millones en medio de su venta a Edenor

El directorio de Metrogas acaba de autorizar un compromiso de inversión adicional de u$s186,8 millones para futuras obras y la renuncia a reclamos contra el Estado Nacional como condiciones del acuerdo alcanzado para extender su licencia de distribución de gas hasta diciembre de 2047.

La decisión fue adoptada durante la Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo en la sede de la empresa este jueves 29 de octubre, según el acta difundida en la página web de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Los cinco accionistas presentes en el encuentro, que representaron el 88,33% del capital social, respaldaron por unanimidad el convenio firmado por la compañía con el Ministerio de Economía el 29 de septiembre, con una votación a favor por parte de los representantes de YPF; ANSES; Integra Gas Distribution; EDEMSA y Vinci Compass.

La aprobación comprende las inversiones, los desistimientos y las demás obligaciones asumidas por la distribuidora, además de autorizar a sus principales ejecutivos a presentar la documentación necesaria para completar el trámite ante las autoridades nacionales.

Las decisiones forman parte del acuerdo firmado con las autoridades nacionales para extender la concesión por 20 años contados desde el vencimiento de la licencia original, el 28 de diciembre de 2027.

Para que tenga plena vigencia, ese acuerdo todavía requiere la ratificación del Poder Ejecutivo Nacional y el cumplimiento de las condiciones previstas para Metrogas e YPF, que continúa identificada como accionista controlante en el documento.

Una obligación que cambia condiciones

El compromiso económico aprobado asciende a u$s186.775.505,56 y deberá ejecutarse y concluirse dentro de los 10 años posteriores a la ratificación presidencial, además de que los proyectos tendrán que registrar un comienzo efectivo antes del 31 de diciembre de 2029.

Durante la reunión, el director de Asuntos Legales y Regulatorios de Metrogas, Pablo Anderson, explicó que la obligación reformula un punto del acuerdo de adecuación de la licencia firmado el 30 de marzo de 2017 y ratificado por el Decreto 252/2018.

Ese antecedente estaba relacionado con el laudo arbitral obtenido por antiguos accionistas de la distribuidora en el caso de BG Group contra la Argentina.

Se trata del grupo británico que había invertido en Metrogas y que después de la crisis del 2002, inició un arbitraje internacional al considerar que la pesificación tarifaria y los cambios en las condiciones regulatorias dispuesta por el entonces gobierno kirchnerista habían perjudicado su negocio.

En diciembre de 2007, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), falló a favor de BG Group y le reconoció una indemnización de u$s185,3 millones, más intereses y costas.

El reclamo se apoyaba en el tratado de protección de inversiones entre Argentina y el Reino Unido, pero el conflicto terminó incorporado a la renegociación de la licencia de Metrogas.

Según un informe del ex ENARGAS, elaborado para evaluar su solicitud de prórroga, el Estado acordó cancelar la obligación con una quita del 31% sobre un monto que, con intereses, alcanzaba los u$s243 millones.

En el acuerdo de adecuación de la licencia, en marzo de 2017, Metrogas asumió el compromiso de realizar inversiones adicionales por un importe equivalente para obras que debían sumarse a las exigidas por su licencia y por el plan aprobado por el ente regulador, sin incorporarse a la base tarifaria.

El convenio aprobado ahora reformula esa obligación, establece la inversión adicional pactada, permite proponer proyectos en distintas actividades de la infraestructura gasífera y fija un plazo de ejecución de 10 años desde la ratificación presidencial, aunque con comienzo efectivo antes del 31 de diciembre de 2029.

Es decir, la nueva redacción del acuerdo establece el monto, el plazo y las condiciones bajo las cuales la compañía deberá realizar la inversión adicional sustentable con propuestas que, en todos los casos, deberán beneficiar de manera verificable al desarrollo energético del país y a los usuarios.

La norma agrega que si esos fondos se incorporan a obras de la red comprendida en su licencia, los activos correspondientes a esta inversión quedarán fuera de la base tarifaria utilizada para calcular la remuneración regulada de la empresa.

Para proyectos en otras infraestructuras, el acuerdo dispone que las sumas invertidas hasta completar el compromiso corresponderán al Estado al finalizar la licencia, incluida su prórroga, sin derecho a un pago a favor de Metrogas en los términos establecidos.

De todos modos, el acta aclara que la definición de las obras deberá concretarse mediante las propuestas que presente la distribuidora ante Energía.

Las renuncias y los derechos que conserva

El segundo componente del convenio aprobado durante la asamblea de accionistas exige que Metrogas e YPF desistan de acciones, recursos y reclamos contra el Estado nacional por supuestos incumplimientos de la licencia.

La obligación alcanza a todos los aspectos comprendidos en la prestación del servicio de distribución, incluida su remuneración, cuando los planteos se funden en hechos o medidas estatales anteriores a la firma del acuerdo.

Esta decisión comprende tanto los expedientes iniciados, cualquiera sea su estado o ámbito de tramitación, como la renuncia a formular nuevas pretensiones basadas en esas mismas causas contra la Administración Central y los organismos descentralizados.

En este sentido, Anderson informó a los accionistas que el directorio de YPF había aprobado esos compromisos el 8 de octubre y que ahora la petrolera debe aportar su propia documentación para acompañar las presentaciones de Metrogas.

El convenio mantiene dos excepciones económicas siendo una la que corresponde a cuestiones vinculadas con la Resolución 508/2017 del entonces Ministerio de Energía y Minería, que estableció un procedimiento de compensación por menores ingresos derivados de beneficios y bonificaciones tarifarias a usuarios y determinados mayores costos del gas natural no contabilizado.

La otra comprende los pagos por diferencias diarias acumuladas asumidos por el Estado mediante el Decreto 1053/2018 que contempló diferencias entre el valor del gas comprado por las distribuidoras y el reconocido en las tarifas, generadas por variaciones del tipo de cambio durante el período establecido por la norma.

Los compromisos recíprocos

El acuerdo también establece obligaciones para el Estado nacional que, una vez cumplidas todas las condiciones, no tendrá reclamos contra Metrogas derivados del acuerdo de adecuación de la licencia de 2017 ni de las obligaciones de la revisión tarifaria integral aprobada mediante la Resolución 4356 de ese año.

La distribuidora tampoco será pasible de sanciones por las obligaciones comprendidas en esa disposición.

Para completar el procedimiento, la compañía debe presentar ante la Secretaría de Energía y el organismo regulador las notas de renuncia, los instrumentos que acrediten los desistimientos en los expedientes y las actas societarias que autorizan esas actuaciones en un plazo de 30 días hábiles desde la firma del convenio.

El documento fija el 13 de noviembre como fecha máxima para entregar los instrumentos requeridos, fecha a partir de la cual, el Poder Ejecutivo contará con 60 días hábiles para ratificar el acuerdo.

Después, Metrogas e YPF tendrán hasta 10 días para acreditar el desistimiento de eventuales reclamos por medidas estatales adoptadas entre la firma y la aprobación presidencial.

Para realizar esas gestiones, la asamblea facultó al presidente de la distribuidora, Andrés Scarone; al director general, Sebastián Mazzucchelli; y a Anderson a actuar indistintamente ante los organismos competentes.

El cambio de control en trámite

Todas estas medidas ocurren mientras YPF termina de tramitar la venta a Edenor del 70% de Metrogas en su poder a Edenor, tal como aceptó el 10 de agosto tras recibir una oferta de u$s780 millones que también incluye su participación directa del 5% en MetroEnergía.

La operación fue precedida por un proceso competitivo para seleccionar al comprador llevado a cabo bajo la Resolución 1469/2026 del Ministerio de Economía.

Se estima que en diciembre próximo Edenor tomará el control efectivo de Metrogas, después de haberse cumplido todos los trámites burocráticos necesarios para autorizar el deal.

La empresa, que está controlada por el grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, se quedará de este modo con una distribuidora de gas que abastece a más de 2,4 millones de clientes, entre hogares, comercios e industrias, según su información institucional.

Su área de servicio comprende la Ciudad de Buenos Aires y 11 partidos bonaerenses: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente.

La compañía opera bajo la licencia otorgada mediante el Decreto 2459/1992, en el marco de la privatización de Gas del Estado y tenía un permiso original por 35 años, con vencimiento el 28 de diciembre de 2027.

En el caso de Edenor, presta el servicio de distribución eléctrica en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires, en un área de concesión que abarca 4.637 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 9 millones de habitantes.

Su base de usuarios incluye viviendas, comercios, industrias y suministros destinados a servicios públicos y su concesión le fue otorgada por 95 años, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de agosto de 2087, según su reporte anual 2025 presentado ante la SEC.

El contrato divide ese plazo en períodos de gestión, cuyo vencimiento contempla un procedimiento relacionado con el paquete accionario de control.

También permite solicitar una extensión adicional de 10 años, con una anticipación mínima de 18 meses respecto de la finalización de la concesión.a relacionado con el laudo arbitral obtenido por antiguos accionistas de la distribuidora en el caso de BG Group contra la República Argentina.