La única fábrica argentina de tractores está en jaque y ofrece retiro voluntario en cuotas
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La crisis de Pauny sumó un nuevo capítulo y la posibilidad de una salida negociada parece cada vez más lejana. La empresa, fabricante de tractores en la localidad cordobesa de Las Varillas, no se presentó a la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo provincial para discutir la situación de sus trabajadores y, en cambio, envió una propuesta para reducir hasta 150 puestos mediante un plan de retiros voluntarios.
La iniciativa fue recibida con rechazo por los empleados y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que cuestionaron tanto la ausencia de los directivos como las condiciones planteadas para afrontar los salarios adeudados. Después de la audiencia fallida, los trabajadores realizaron una asamblea y difundieron un comunicado en el que ratificaron sus reclamos y reclamaron que la empresa explique cómo piensa superar la crisis.
La situación es delicada. La fábrica permanece tomada por los trabajadores, que llevan casi dos meses sin cobrar sus salarios, mientras la empresa reconoce que atraviesa una situación de extrema dificultad económica y financiera. El conflicto ya había alcanzado también a la sucursal de Pauny en La Banda, Santiago del Estero, donde unos 50 empleados tomaron las instalaciones por atrasos salariales e incumplimientos de acuerdos.
Pauny ofrece retiros voluntarios para 150 trabajadores en 12 cuotas
La audiencia de este jueves 12 de noviembre había sido convocada por la Secretaría de Trabajo de Córdoba, en su delegación de Las Varillas, para intentar encontrar una salida al conflicto. Sin embargo, los directivos de Pauny no concurrieron. Enviaron una nota por vía electrónica, firmada por el presidente de la compañía, Raúl Enrique Giai Levra, y el vicepresidente, José María López.
En ese documento, la firma reconoció atravesar una "situación de extrema dificultad económica y financiera", que atribuyó principalmente a una "importantísima disminución de las ventas de tractores".
La empresa informó que está elaborando un plan integral de reestructuración para adaptar su estructura operativa, productiva y administrativa a un mercado más reducido. Como parte de ese proceso, anticipó una adecuación de personal que alcanzaría a sectores operativos, administrativos y también a áreas de dirección y conducción.
La primera medida concreta que puso sobre la mesa fue un programa de retiros voluntarios para un máximo de 150 trabajadores. La propuesta contempla el pago de una suma equivalente al 100% de la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque en 12 cuotas.
La iniciativa no fue aceptada por los trabajadores, que cuestionaron que la compañía pretenda avanzar con una reducción de personal sin presentar un programa que explique cómo garantizará la continuidad de la producción y el pago de las obligaciones pendientes.
La UOM rechazó la explicación de la empresa y exige respuestas
La ausencia de los directivos provocó el enojo de los trabajadores. Lucas Sarmiento, referente de la UOM de San Francisco, calificó la decisión como una "provocación y una humillación" y anticipó que solicitarán una nueva audiencia. Si los responsables de Pauny vuelven a ausentarse, pedirán que sean convocados con intervención de la fuerza pública.
Después de la reunión, la asamblea de trabajadores difundió un comunicado en el que cuestionó con dureza la conducta de la empresa. Según la versión gremial, Pauny incumplió los requerimientos de la Secretaría de Trabajo y, además, manifestó que no concurrirá a nuevas audiencias.
El sindicato también rechazó la propuesta de retiros voluntarios. En el documento, sostuvo que los directivos pretenden "deshacerse de 150 empleados pagándoles parte de la indemnización por el despido en 12 cuotas", sin explicar de dónde saldrían los fondos para cumplir con esos pagos.
Uno de los puntos centrales de la disputa es la explicación que la empresa dio sobre la ocupación de la fábrica. Pauny argumentó que esa situación impide el ingreso y el normal desenvolvimiento de las actividades industriales. La UOM rechazó esa interpretación y aseguró que hace meses los trabajadores no tienen tareas efectivas y que tampoco hay materiales disponibles para producir.
"Los trabajadores están a disposición para iniciar sus tareas", remarcó el comunicado. Incluso, el gremio aseguró que sus representados se ofrecieron a actuar como nexo con las concesionarias y los compradores de tractores para coordinar la producción y los pagos, una alternativa que, según afirmaron, ya habían propuesto anteriormente.
La organización sindical también rechazó las advertencias de la empresa sobre eventuales medidas disciplinarias contra los trabajadores y sostuvo que la ocupación pacífica responde a la falta de pago de los salarios. "La única incumplidora en este caso es la empleadora que no paga los salarios de los trabajadores y no quiere explicar cómo va a hacerlo", señalaron.
Sueldos adeudados y una negociación condicionada
En su presentación ante la Secretaría de Trabajo, Pauny reconoció los reclamos salariales y las obligaciones pendientes. Sin embargo, condicionó la presentación de un plan de pagos a que finalice la ocupación de la planta y se recupere la actividad.
La empresa se comprometió a presentar, una vez cumplida esa condición, un programa para cancelar la totalidad de los salarios adeudados antes del 31 de diciembre de 2026.
Ese planteo también fue cuestionado por la UOM. En su comunicado, el sindicato sostuvo que la compañía no presentó hasta ahora una alternativa concreta para cancelar la deuda salarial y consideró contradictorio que responsabilice a los trabajadores por no aceptar propuestas que, según su versión, nunca fueron formuladas.
La organización reclamó el pago íntegro de lo adeudado y exigió que Pauny presente un plan de acción con detalles sobre cómo pretende afrontar la crisis, garantizar la continuidad de sus operaciones y preservar todos los puestos de trabajo.
Además, intimó a la empresa a reincorporar a trabajadores que, según el sindicato, fueron despedidos como represalia por su actividad gremial y su participación en los reclamos durante una audiencia anterior. También solicitó que sean citados todos los socios de Pauny para que se hagan responsables de lo que está ocurriendo.
La caída de las ventas y la competencia de los tractores importados
La explicación que Pauny presentó ante las autoridades laborales apunta directamente a la caída de las ventas. Los números del mercado muestran la dimensión del retroceso que atraviesa la compañía.
En septiembre de 2026, la marca patentó apenas 24 tractores. En el acumulado de enero a octubre registró 316 unidades, un descenso del 28% frente al mismo período del año anterior. Se trata de patentamientos, un indicador que permite observar la evolución comercial, aunque no equivale necesariamente a la producción de la fábrica.
La diferencia con la escala histórica de Pauny es considerable. La empresa llegó a fabricar entre 180 y 200 tractores mensuales, con una producción anual cercana a las 2.000 unidades.
A la contracción del mercado se suma la presión de los equipos importados, especialmente los provenientes de China. En algunos segmentos, los tractores de ese origen llegan a ofrecerse a precios cercanos a la mitad de los modelos nacionales, en un escenario en el que también se discuten las diferencias de calidad, prestaciones, servicio posventa y financiamiento.
La competencia externa es uno de los factores que presionan sobre la industria local, aunque la propia empresa identificó a la caída de las ventas como la principal explicación de sus dificultades. El cuadro se completa con un mercado de maquinaria agrícola que atraviesa dificultades comerciales y financieras, y con productores que enfrentan decisiones de inversión cada vez más condicionadas por los costos y el acceso al crédito.
Deudas millonarias y un efecto que alcanza a los proveedores
La crisis de Pauny también se refleja en sus compromisos financieros. La compañía acumula deudas bancarias superiores a los $30.800 millones y más de $1.000 millones en cheques rechazados, indicadores que muestran la presión que enfrenta para sostener su funcionamiento y atender sus obligaciones.
El deterioro de una empresa de esta dimensión tiene consecuencias que exceden a su propia nómina. La actividad de una fábrica de tractores involucra proveedores de componentes, metalúrgicas, talleres, servicios industriales, concesionarios y una red comercial que depende de la continuidad de la producción y las ventas.
En una localidad como Las Varillas, donde Pauny tiene un peso histórico en el entramado industrial y laboral, el impacto de la crisis también se traslada al comercio y a la economía de las familias.
A comienzos de noviembre, el conflicto se había extendido a la sucursal de La Banda, en Santiago del Estero. Allí, alrededor de 50 trabajadores tomaron las instalaciones en reclamo por atrasos salariales, incumplimientos de acuerdos y falta de cobertura de obra social. El problema dejó así de ser una disputa circunscripta a la planta cordobesa.
