Belgrano Cargas tendrá nuevas reglas para cobrar peajes y compartir las vías
Puntos importantes
El gobierno nacional estableció las reglas para que los futuros concesionarios de las vías de Belgrano Cargas puedan cobrar peajes y deban permitir la circulación de otros operadores ferroviarios.
El esquema contempla que una empresa administre la infraestructura y también transporte mercadería, pero le impone condiciones para evitar que favorezca a sus propios trenes frente a los de la competencia.
Por lo menos así surge de analizar la Resolución 1984/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo el 13 de noviembre y publicada este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial de la Nación.
La medida desarrolla el funcionamiento del acceso abierto, la modalidad que permite que distintas compañías utilicen una misma red ferroviaria para prestar servicios de cargas.
El reglamento se incorpora al proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística, la sociedad estatal que opera las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza y cuya apertura de ofertas para concesionar sus vías e inmuebles aledaños está prevista para el 21 de diciembre próximo.
La nueva regulación define cómo se solicitará permiso para circular, qué servicios estarán comprendidos en el peaje y qué información deberán publicar los administradores.
También establece controles sobre los precios y la distribución de los horarios, dos variables que determinan las condiciones de acceso de los transportistas.
Cómo es el esquema de concesión y peajes en Belgrano Cargas
La norma avanza sobre la esencia de la privatización de Belgrano Cargas, que fue organizada por el Gobierno mediante la separación de sus actividades y bienes.
Por caso, el Decreto 67, del 7 de febrero de 2025, autorizó un esquema que comprende la venta de material rodante y la concesión de vías, inmuebles aledaños y talleres.
Dentro de ese proceso, la Resolución 1350, firmada el 19 de agosto pasado, autorizó la licitación nacional e internacional para concesionar la infraestructura de las tres líneas, con opción de compra del lote de material rodante correspondiente a cada una.
El modelo distingue al responsable de administrar las vías de las empresas que contraten capacidad para transportar mercadería.
En este sentido, el primero percibirá un peaje por el uso de la infraestructura y deberá atender las solicitudes de los operadores habilitados.
Pero la norma aclara que administrar una vía no otorgará exclusividad para transportar cargas sobre ella ya que el concesionario deberá admitir a quienes cumplan las exigencias regulatorias, técnicas y de seguridad, siempre que exista capacidad disponible.
La resolución contempla además que el administrador opere sus propios trenes o esté vinculado con un transportista y para esos casos exige registros que permitan distinguir ambas actividades y verificar las condiciones concedidas a empresas relacionadas y a terceros.
El calendario de la licitación fue modificado mediante la Resolución 1914/2026, publicada el 4 de noviembre pasado, en tanto que las consultas podrán presentarse hasta el 3 de diciembre a las 10, mientras que las ofertas se recibirán hasta el 21 de diciembre a las 9.59.
La apertura de la primera etapa será ese mismo día a las 10, mediante la plataforma CONTRAT.AR.
Un mercado con operadores establecidos
La reorganización se desarrolla en un sector de líneas de trenes de cargas de la CNRT donde el Belgrano Cargas comparte el transporte ferroviario de mercaderías con tres compañías privadas históricas como son Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur Roca.
La primera sociedad opera sobre sectores de la línea Mitre; la segunda presta servicios en sectores de las líneas Mitre, Roca y Sarmiento y la tercera lo hace sobre parte de la red Roca.
Todas integran el mercado en el que actúa la operadora estatal por lo que el gobierno nacional dejó establecido que la competencia por cada carga depende, entre otras condiciones, de los recorridos disponibles, las conexiones, la trocha y las características técnicas de los ramales.
La apertura de una infraestructura a distintos transportistas permite que un operador solicite circular sobre vías administradas por otra empresa.
Para hacerlo deberá cumplir las condiciones de la red correspondiente y contratar los espacios necesarios para sus servicios.
El acceso abierto tiene antecedentes anteriores a la actual privatización como el dispuesto por la Ley 27.132, que lo estableció en 2015, o el Decreto 1027, que lo reglamentó en 2018.
Su implementación quedó vinculada a las condiciones de infraestructura y a la situación de las concesiones, con posibilidad de aplicación anticipada en determinados sistemas.
Un antecedente concreto fue la adecuación contractual de Nuevo Central Argentino informada por Transporte el 22 de julio de 2025.
Ese acuerdo incorporó inversiones y condiciones para introducir gradualmente la circulación de terceros.
En esa oportunidad, la Secretaría también invitó a Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano a presentar propuestas de adecuación.
Ingresos por circulación y servicios
La resolución publicada este lunes agrega reglas comunes para articular la relación entre administradores y transportistas bajo esa modalidad.
En el caso del peaje, remunerará el acceso a la infraestructura e incluirá el derecho de paso o la reserva de capacidad, junto con los servicios obligatorios que determine cada contrato.
La norma no fija una tarifa única para toda la red sino que establece que cada administrador deberá publicar el valor vigente, su forma de cálculo y sus actualizaciones.
El procedimiento de acceso también tendrá que informar las condiciones de facturación, pago y eventuales adelantos por reservar capacidad.
Según el contrato aplicable, entre las prestaciones incluidas podrán figurar el acceso a patios ferroviarios, la preparación de los recorridos, la revisión y el alistamiento de formaciones, el estacionamiento del material en tránsito y la gestión de la circulación.
La norma también aclara que los servicios comprendidos en el peaje no podrán cobrarse nuevamente como adicionales y establece que el administrador también podrá generar ingresos mediante prestaciones separadas, como suministro de combustibles, lubricantes y reparaciones menores con precios que deberán pactarse en condiciones equitativas y sin discriminación.
Además, los operadores podrán abastecerse por sus propios medios y cuando aporten los insumos, deberá permitirse su ingreso y suministro en instalaciones habilitadas, con cumplimiento de las condiciones de seguridad.
El reglamento exige, además, garantizar el acceso a los patios ferroviarios habilitados durante las 24 horas, los 365 días del año, dentro de las condiciones operativas correspondientes.
Controles sobre el poder de acceso
Uno de los puntos centrales de la nueva norma es el control sobre las ventajas que un administrador pueda conceder a su propia operación o a empresas vinculadas.
En tramos saturados, se presumirá discriminación cuando exista una desviación estadística superior al 15% en la asignación de horarios de alta demanda a favor de trenes propios o relacionados, frente a solicitudes similares de terceros.
También habrá una presunción de trato discriminatorio cuando el peaje cobrado a un operador supere en más del 10% el aplicado a una empresa vinculada y esa diferencia carezca de justificación objetiva.
La resolución establece también que podrán existir diferencias fundamentadas en la clase de vía, el tipo de carga, la distancia, el volumen, el plazo comprometido o las condiciones de contratación, además de contemplarse regímenes especiales y mecanismos autorizados para recuperar inversiones.
Los administradores deberán informar mensualmente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) los peajes percibidos, los operadores involucrados y los criterios utilizados para determinarlos.
El organismo podrá solicitar explicaciones o la revisión de valores cuando exista una presunción de discriminación, mientras que cuando haya operaciones propias o vinculadas, deberán contar con información económica desagregada que permita distinguir los ingresos de la infraestructura y los servicios de aquellos provenientes del transporte.
La capacidad como recurso comercial
De la resolución se desprende también que los controles alcanzarán a la reserva de horarios y espacios de circulación ya que el administrador deberá identificar la capacidad asignada a sus propios trenes o a compañías vinculadas y registrar cuánto utilizan efectivamente.
Si esas reservas permanecen subutilizadas y restringen el ingreso de terceros, la Secretaría de Transporte podrá establecer límites, previo informe técnico de la CNRT.
Existe una excepción ya que dicha facultad no se aplicará a la capacidad reservada mediante acuerdos de inversión aprobados por el Ministerio de Economía dentro de las concesiones.
Para transparentar la disponibilidad de la red, se establece que cada administrador deberá publicar la capacidad libre y comprometida, los horarios asignados y el porcentaje ocupado por sector y período.
La información deberá incluir restricciones operativas, obras de mantenimiento que afecten los servicios, velocidades máximas, cargas por eje, trochas, conexiones y desvíos.
También deberán difundirse los espacios disponibles para estaciones de carga, centros de transferencia y estacionamiento.
Qué requisitos deben cumplir los operadores para usar las vías
Por otro lado, los transportistas deberán acreditar una inscripción vigente en el registro de operadores, seguros, habilitaciones del personal de conducción y un plan de carga.
También tendrán que identificar origen, destino, recorrido, productos, cantidades, frecuencia y material rodante.
El administrador contará con un máximo de 30 días hábiles administrativos para resolver la solicitud aunque podrá suspender ese plazo una única vez para pedir documentación adicional, concentrando las observaciones en el mismo requerimiento.
Aprobado el acceso, las partes tendrán hasta 60 días corridos para celebrar el convenio de circulación y, en ese plazo, deberán quedar definidos los tramos, los horarios, la capacidad contratada, los parámetros técnicos y las responsabilidades.
Una solicitud podrá rechazarse por incumplimientos regulatorios, falta de aptitud técnica o de seguridad, insuficiencia de capacidad o riesgos para la infraestructura.
La decisión deberá estar fundada y, cuando el problema sea la disponibilidad, tendrá que haberse evaluado la posibilidad de compatibilizar el pedido con los servicios existentes.
La publicación del reglamento no abre automáticamente todos los ramales a cualquier operador ya que la circulación efectiva continuará sujeta a los contratos y a las condiciones técnicas, operativas y de seguridad de cada sector.
Queda pendiente el régimen sancionatorio específico, teniendo en cuenta que la CNRT deberá elaborar una propuesta para su aprobación por la autoridad competente.
Una vez aprobadas, esas pautas tendrán que incorporarse a los convenios que regulen la utilización de las vías.