Las telcos refuerzan reclamos para evitar el filtro de Milei a la tecnología china
Ante la posibilidad de que el Gobierno extienda al sector privado las exigencias que restringen la participación de proveedores chinos en las compras estatales de equipamiento de telecomunicaciones, las empresas de la actividad reforzaron sus reclamos para evitar que esta, por ahora, suposición, se convierta finalmente en un hecho consumado.
Esta preocupación por las consecuencias que la medida tendría sobre redes de las empresas tecnológicas sumó una presentación de la Mesa de Industria TIC, que solicitó una audiencia con las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Telecom, DirecTV y otras empresas, en alerta por medidas de Javier Milei
No se trata de un pedido más si se tiene en cuenta que el espacio reúne a grandes operadores; prestadores de Internet; cableoperadores y cooperativas.
Entre sus principales integrantes se encuentran Telecom, que opera Personal y Flow; DirecTV; la Cámara Argentina de Internet (CABASE); la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur), y la Cámara Argentina de Cableoperadores TIC PyMEs (CACPY).
En su ámbito ampliado de esta mesa sectorial también participan, entre otras entidades, ATVC, Cicomra, Catel y Red Intercable.
Es decir, el planteo comprende a compañías de distintas escalas que forman parte de la Mesa, como operadores de alcance nacional; cámaras que representan a empresas locales y cooperativas, con diferentes capacidades de inversión y necesidades de abastecimiento.
La carta, fechada en Buenos Aires el 13 de noviembre pasado, está dirigida al interventor del ENACOM, Andrés Michelazzo, para solicitar una reunión con el funcionario y su equipo técnico para analizar la medida.
Ante consultas de iProfesional sogre el estatus de los avances de la resolución fuentes del gobierno cercanas al organismo regulador del sector de las comunicaciones señalaron que existen varios pedidos de audiencias, entre las que destacaron la de la Mesa TIC..
La presentación colectiva se suma a otros cuestionamientos que las entidades empresariales difundieron después de conocerse la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad el 5 de noviembre pasado, cuando se publicó en la web del Boletín Oficial de la Nación, con la firma de Walter Fabián Aguero, director del organismo público.
La norma exige una certificación de origen norteamericano para la compra de determinados equipos de las infraestructuras consideradas críticas del Estado a través de licitaciones públicas y encomienda al ENACOM evaluar la incorporación de esta obligación al mercado privado.
La incertidumbre se concentra precisamente en esas condiciones que tendrán las compañías para seleccionar proveedores, mantener su infraestructura y ejecutar inversiones de ampliación si esa recomendación se convierte en un hecho consumado.
Los cambios de condiciones del Estado
Hasta ahora, lo concreto es que la norma oficial aprobó los Requisitos Técnicos de Seguridad de la Cadena de Suministro para Equipamiento Destinado a Infraestructuras Críticas de Telecomunicaciones, de aplicación obligatoria para el Sector Público Nacional definido por la Ley de Administración Financiera.
Ese universo comprende a la Administración Nacional, con sus organismos centrales y descentralizados e instituciones de seguridad social; las empresas y sociedades estatales; los entes públicos comprendidos por la ley y los fondos fiduciarios integrados con bienes o recursos del Estado nacional.
Las exigencias alcanzan la adquisición, contratación, instalación y operación de equipamiento destinado a las infraestructuras críticas de telecomunicaciones que esos organismos tienen a su cargo.
La disposición obliga a las dependencias contratantes a incorporar las nuevas decisiones a los pliegos de licitación y a sus contratos, con condiciones de certificación o evaluación fundadas en el nivel de criticidad de los equipos.
El esquema exige la certificación TIA SCS 9001, una especie de norma ISO que es administrada por la Telecommunications Industry Association, una entidad estadounidense, para determinadas categorías de equipamiento de mayor riesgo.
Ese requisito afecta las posibilidades de participación de fabricantes chinos algunos hasta destacados por el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, como Huawei; ZTE; Hickvision Dahua y Hengtong, entre otras, ya que el procedimiento de certificación contempla controles de elegibilidad vinculados con las listas de sanciones y restricciones del Gobierno de Estados Unidos.
La disposición entró en vigencia el pasado 7 de noviembre y establece que sus requisitos se aplicarán a los procedimientos de adquisición o contratación que comiencen después de transcurridos 90 días.
Para el equipamiento instalado, contempla adecuaciones según su criticidad, exposición, ciclo de vida, soporte disponible y riesgo asociado, además de que los reemplazos requerirán a partir de ahora una decisión fundada, con plazos razonables y sujetos a la disponibilidad presupuestaria del organismo responsable.
El Gobierno justificó estos controles en riesgos que pueden aparecer desde la fabricación hasta el retiro de los equipos como componentes falsificados, alteraciones del software, accesos remotos inseguros y deficiencias en las actualizaciones y el soporte.
La frontera que preocupa al negocio
Pero el verdadero motivo de preocupación entre las empresas del sector surge de analizar el artículo 9 de la disposición en donde el Centro Nacional de Ciberseguridad encomienda al ENACOM evaluar la incorporación de los requisitos a los procedimientos de homologación de materiales y a las obligaciones de los licenciatarios de servicios TIC.
Entre las empresas advierten que agregar condiciones a ese procedimiento puede modificar el acceso al mercado de los productos alcanzados por las restricciones y las opciones de abastecimiento de las operadoras.
Ese paso regulatorio es el motivo central del pedido de audiencia de la Mesa TIC canalizado mediante una carta en la cual se deja constancia sobre la preocupación de la evaluación que el ENACOM pueda hacer del artículo 9°.
El planteo tiene como antecedente el comunicado difundido por ATVC el 6 de noviembre pasado, cuando las entidades representativas de la industria solicitaron una instancia de diálogo y consulta pública antes de establecer nuevas obligaciones.
Como informó entonces iProfesional, el cuestionamiento se concentró en la dependencia de un único esquema privado de certificación y en las consecuencias de aplicarlo a redes construidas con equipos de múltiples fabricantes.
Las entidades reclamaron complementar el análisis que surge de la certificación SCS 9001, que evalúa los procesos de gestión de seguridad de la cadena de suministro, con estudios técnicos de los productos y admitir estándares internacionales reconocidos para acreditar el cumplimiento.
El reclamo parte del hecho de que las redes argentinas de telecomunicaciones integran tecnologías y equipamiento de diversos proveedores.
Se trata de una característica que la industria pide contemplar al definir las próximas reglas y que la carta de la Mesa TIC lo defiende y lo usa como justificación para la solicitud formal de reunión con el organismo encargado de evaluar la extensión de las exigencias.
Las condiciones para preservar la inversión
La Mesa comienza su presentación con un respaldo al objetivo de fortalecer la seguridad y la resiliencia de las redes, a las que considera infraestructuras estratégicas para el desarrollo del país y sobre esa base, detalla las condiciones que pretende discutir con las autoridades.
La primera es que las nuevas exigencias se sustenten en estándares técnicos internacionales ampliamente reconocidos y aceptados.
La segunda es que se admitan mecanismos alternativos de acreditación, para demostrar el cumplimiento de las condiciones de seguridad por distintas vías.
También reclama respetar la neutralidad tecnológica, de manera que la elección de soluciones se apoye en criterios técnicos objetivos.
Otro eje de la carta es reconocer la responsabilidad de los propios operadores en la gestión de la seguridad de sus redes y en la evaluación de los proveedores que contratan.
La presentación también vincula esos criterios con la necesidad de evitar restricciones innecesarias a la inversión, la competencia y el desarrollo de la conectividad y solicita que cualquier modificación del marco legal y regulatorio sectorial cuente con una evaluación de impacto previa, además de una instancia de diálogo y participación de los operadores responsables de administrar y proteger las redes.
El pedido busca incorporar la experiencia de las empresas a la evaluación de las consecuencias técnicas, operativas y económicas del cambio.
De hecho, la propia disposición prevé que una eventual incorporación obligatoria de los requisitos a la homologación contemple las obligaciones de notificación comercial internacional y su conformidad con la normativa del Mercosur.
Con esos argumentos, la Mesa pidió reunirse con Michelazzo y su equipo técnico para compartir sus consideraciones y contribuir al análisis de las implicancias de la medida para el sector.
En el cierre de la presentación, la organización empresarial ratificó su disposición a colaborar con las autoridades en dos objetivos: el fortalecimiento de la ciberseguridad y el desarrollo de la infraestructura digital argentina.
La agenda del interlocutor
Por ahora, ni la MESA TIC ni las otras cámaras del sector que pidieron debatir la medida con el ENACOM recibieron respuesta por parte de las autoridades del ente público.
De hecho, el destinatario de las cartas se encuentra en Doha, Qatar, donde encabeza la delegación argentina en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que se desarrolla del 9 al 27 de noviembre.
El mismo ENACOM informó este lunes 16 de noviembre sobre la participación de Michelazzo en el encuentro, donde los países miembros definen autoridades, políticas generales y planes estratégicos del organismo de Naciones Unidas.
Esa agenda incluye la expansión de la conectividad, la resiliencia de la infraestructura digital y las comunicaciones de emergencia.
Es más, durante su exposición, el funcionario defendió la simplificación de las normas como instrumento para promover el desarrollo de la actividad y sostuvo que "una menor regulación, acompañada de reglas claras, favorece la libertad, la competencia y la inversión".