El Congreso pide citar a Santilli por el cepo del Gobierno a la tecnología china
La polémica por la medida que impide a las empresas chinas participar de las licitaciones del Estado para compras de tecnología y que podría extenderse al sector privado escaló en el Congreso de la Nación.
Más precisamente en la Cámara de Diputados, donde un grupo de 12 legisladores acaban de presentar un pedido para que se cite al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El objetivo del reclamo es para que el funcionario explique por qué el Gobierno eligió una certificación privada de Estados Unidos que condiciona a los fabricantes chinos en las compras de equipos para las redes críticas del Estado.
De este modo, el pedido lleva a la Cámara baja la misma preocupación que movilizó a las asociaciones y entidades que agrupan tanto a las mayores operadoras telefónicas del país como a las cooperativas ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para advertir que si el requisito se extiende al mercado privado, puede cambiar generar un problema de enorme repercusión económica.
En el caso de la iniciativa parlamentaria, fue presentada el 16 de noviembre por el diputado neuquino de Unión por la Patria Pablo Todero y quedó registrada como expediente 6246-D-2026.
El legislador propone que Santilli comparezca ante la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia junto con la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle; el director Ejecutivo del CEntro Nacional de Ciberseguridad, Walter Fabián, y el interventor del ENACOM, Andrés Michelazzo.
En estos momentos, el expediente se encuentra en comisiones y la comparecencia de Santilli depende de que prospere el proyecto.
Cepo a la tecnología china: cambios polémicos, en la mira del Congreso
El pedido de citación al Jefe de Gabinete tiene su origen en la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad, publicada el 6 de noviembre pasado.
La medida establece una serie de cambios polémicos para los equipos que sostienen las redes críticas de telecomunicaciones del Sector Público Nacional, incluidas las empresas estatales, que el Gobierno justificó por los riesgos que pueden aparecer desde la fabricación hasta el fin del soporte de un equipo, como la incorporación de componentes falsificados, las alteraciones de software y las fallas de seguridad en las actualizaciones.
El requisito más cuestionado por las empresas de la industria TIC es el que hace mención a los equipos clasificados en los niveles elevado o crítico.
En ese caso, el punto 3.1 del anexo de la norma exige acreditar que el fabricante cuenta con la certificación TIA SCS 9001 para poder participar de las licitaciones organizadas por el sector público.
Se trata de una norma que desarrolló la Telecommunications Industry Association (TIA), una entidad privada estadounidense, para evaluar cómo gestionan los fabricantes la seguridad de su cadena de suministro.
El anexo exige ese esquema para certificar los procesos del fabricante y, para evaluar la seguridad de los equipos críticos, admite transitoriamente informes de laboratorio bajo distintos estándares internacionales.
La elección de la TIA tiene una consecuencia comercial ya que excluye de la certificación a entidades alcanzadas por listas restrictivas de Estados Unidos, entre ellas la Covered List de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Entity List del Departamento de Comercio.
Como la primera norma incluye equipamiento y servicios de Huawei y ZTE, la posibilidad de que ambos fabricantes participen en determinadas compras públicas argentinas queda prácticamente nula y condicionada por las reglas de admisión de una entidad estadounidense.
Un fuerte reclamo legislativo al Gobierno
En este sentido, los diputados firmantes del pedido de citación a Santilli quieren saber por qué el Gobierno eligió una certificación privada extranjera y por qué descartó admitir equivalentes para los fabricantes, mientras que para los ensayos de producto contempla distintas opciones.
Reclaman que el funcionario identifique los otros estándares que evaluaron, explique qué ventajas técnicas le atribuyeron al SCS 9001 y detalle qué estudios técnicos, jurídicos y de impacto quedaron incorporados al expediente.
También preguntan qué organismos nacionales intervinieron y si hubo una consulta pública o una consulta formal al IRAM, a las cámaras empresariales, a las cooperativas y a las asociaciones de usuarios.
En el caso del Centro Nacional de Ciberseguridad, le reclaman que informe si registró incidentes en infraestructura crítica argentina atribuibles a la cadena de suministro de algún fabricante.
En cuanto a las restricciones de la TIA, los diputados preguntan si el organismo las conocía cuando eligió el estándar, qué fabricantes con equipos instalados en el país quedan alcanzados y qué vía tienen para pedir una revisión.
La consulta también incluye un pedido de explicación para el plazo de 36 meses en los cuales el proveedor puede presentar una declaración jurada y un plan de certificación, siempre que la propia TIA confirme que el fabricante se registró para iniciar el trámite.
En ese caso, los diputados le piden al Gobierno que aclare si esa alternativa está disponible para las empresas alcanzadas por las listas estadounidenses.
También quieren saber si la disposición se vincula con la cooperación entre la Argentina y Estados Unidos y si se asumieron compromisos de adoptar estándares o reemplazar equipos.
Cabe recordar que en octubre pasado, Baravalle se reunió con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos para tratar asuntos de ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.
En ese encuentro, la titular de la Secretaría de Innovación informó que preveía avanzar hacia un convenio de cooperación en ciberseguridad y criptografía.
Tecnología china, bajo la lupa
Además, el pedido político pide un inventario del equipamiento alcanzado en ARSAT y en la Red Federal de Fibra Óptica, junto con el costo estimado de adecuación o reemplazo.
Lo hacen sabiendo que Huawei es uno de los principales proveedores y será una de las empresas más afectadas si la norma finalmente se mantiene y se extiende al ámbito privado.
La tecnológica lleva más de dos décadas en la Argentina, según los fundamentos de la iniciativa, y su negocio de infraestructura incluye equipos para redes móviles, transmisión de datos y fibra óptica.
De hecho, los diputados la identifican como proveedora de Telecom, Movistar, Claro y ARSAT y estiman que cerca de dos tercios de la infraestructura troncal y de acceso de ARSAT utiliza tecnología china, principalmente de Huawei y ZTE.
En este sentido, la empresa estatal informa que la Red Federal de Fibra Óptica supera los 36.500 kilómetros desplegados y los 31.500 kilómetros iluminados.
Además, conecta su red troncal con tendidos provinciales y con nodos donde se abastecen pymes y cooperativas que llevan Internet a hogares y empresas.
La magnitud de estos datos hace pensar que una dificultad para conseguir repuestos o ampliar capacidad en la red mayorista también puede repercutir en esos proveedores locales, más que nada si se tiene en cuenta que la disposición aplica los requisitos a las compras y contrataciones que se inicien una vez transcurridos 90 días desde su entrada en vigencia, el 7 de noviembre pasado.
Para los equipos en funcionamiento, la norma prevé adecuaciones según el riesgo, la exposición, la vida útil y el soporte disponible, pero advierte que cualquier reemplazo requiere una decisión fundada y los plazos deben considerar el presupuesto del organismo responsable.
Por eso es clave el reclamo de los diputados sobre la presentación de un inventario público, porque permitiría determinar qué equipos quedan efectivamente alcanzados y cuánto costaría intervenir sobre ellos.
Una decisión que todavía no se explica
Estas dudas sobre la reposición de equipos y la compatibilidad con los ya instalados se extienden al mercado privado por una previsión de la propia norma.
Ocurre que el artículo 9 encomienda al ENACOM evaluar si incorpora los requisitos a la homologación de la infraestructura y a las obligaciones de los licenciatarios privados en el marco del procedimiento con el que el ente regulador verifica que un equipo cumple las condiciones exigidas para su comercialización o uso, según el régimen aplicable.
En este caso, el pedido de los diputados es para que Michelazzo explique qué política piensa adoptar, si el organismo ya inició estudios, consultas o actuaciones administrativas y, en ese caso, qué alcance, condiciones y plazos analiza.
También preguntan si, antes de tomar una decisión de alcance nacional, el ENACOM evaluará el impacto sobre las cooperativas y los prestadores del interior y cuánto les costaría reemplazar equipos.
En el plano comercial, los legisladores quieren saber si la disposición fue o será notificada a la Organización Mundial del Comercio y qué análisis se hizo sobre su compatibilidad con las reglas del Mercosur.
La advertencia regional por el 5G
Casi de manera simultánea a esta movida política, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) pide al ENACOM que abra una consulta antes de fijar nuevas obligaciones.
La entidad sostiene que el SCS 9001 tiene un uso excepcional en América Latina y cita a Costa Rica y Paraguay como casos en los que la exigencia generó dificultades operativas y atribuyó a la aplicación del estándar demoras en la adopción del 5G.
La asociación también cuestiona la madurez del esquema ya que, según sus integrantes, la incertidumbre sobre los tiempos y las condiciones para certificarse puede trabar pedidos de equipos y postergar el despliegue de nuevas tecnologías.
Por eso pidió que las obligaciones se apoyen en estándares internacionales de trayectoria comprobada y que se evalúe cómo afectarían la inversión en conectividad.
La trascendencia de este reclamo se sustenta en la importancia de esta organización gremial regional que reúne a empresas públicas y privadas del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información (TIC) en América Latina.
Fundada en 1982 y con sede en Montevideo, Uruguay, tiene más de 40 años de trayectoria impulsando la conectividad y la transformación digital en el continente.
Según un comunicado publicado en su sitio web, ASIET y sus socios consideran que la protección de las redes "es un pilar de la soberanía y la gobernanza digital".
Por eso proponen que las reglas se orienten a resultados y que los fabricantes demuestren, mediante buenas prácticas y estándares internacionales, cómo protegen sus equipos frente a accesos e interferencias no autorizados.
La entidad también sostiene que las redes actuales son seguras, que funcionan con varias capas y que su protección requiere una responsabilidad compartida entre fabricantes, operadores y otros actores del sector.
"El origen de un componente por sí solo no define la seguridad de una red", afirma la entidad al pedir controles proporcionales al riesgo de cada caso.
También considera que, para evaluar ese riesgo, es necesario saber qué equipos quedarán alcanzados.
Según ASIET, la incertidumbre sobre cómo se aplicarán esos criterios, sumada a la falta de una consulta previa con el conjunto del sector, afecta la previsibilidad jurídica y dificulta medir el impacto de la medida.
La asociación invocó además el principio de neutralidad tecnológica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Su argumento es que los estándares ampliamente reconocidos permiten combinar equipos de distintos fabricantes y ampliar la capacidad a medida que crece la demanda.
A su juicio, reducir la oferta puede fragmentar el mercado, levantar barreras de entrada, encarecer la compra y el mantenimiento, limitar la innovación e incidir indirectamente en la contratación de servicios con operadores locales.
También vinculó la pluralidad de proveedores y la previsibilidad de las reglas con la competencia y la posibilidad de invertir en equipos de mayor calidad y durabilidad.
ASIET cuestionó, además, el traslado de modelos diseñados para otras regiones sin considerar las condiciones de la industria latinoamericana y advirtió que esa práctica puede sumar cargas operativas para las empresas y los reguladores locales.
Si bien reivindicó la capacidad técnica del ENACOM para diseñar reglas adecuadas al mercado argentino, ofreció participar en un diálogo abierto con una evaluación de riesgos y de impacto.
Según la entidad, "mayores costos y exigencias más complejas pueden ralentizar la ampliación de la cobertura y la mejora de la capacidad de las redes, con efectos sobre los usuarios y la economía digital".
El reclamo doméstico
El comunicado y las propuestas de ASIET se suman a los pedidos de organizaciones locales como el pedido de diálogo y consulta pública de la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC).
También al reclamo de la Mesa de Industria TIC de Argentina, que ya solicitó una audiencia con Michelazzo en una carta fechada el 13 de noviembre, como informó iProfesional.
El espacio reúne a Telecom, que opera Personal y Flow, DirecTV, la Cámara Argentina de Internet (CABASE), la federación de cooperativas telefónicas Fecosur y la cámara de cableoperadores pymes CACPY, entre otras entidades.
La Mesa respaldó el objetivo de reforzar la seguridad y pidió que los proveedores puedan acreditar los requisitos por distintas vías.
Por eso solicitaron que el ENACOM mida el efecto sobre el abastecimiento, la competencia y la inversión antes de modificar las reglas de homologación.
El conflicto por la elección de un proveedor ya había aparecido en la provincia que representa el diputado Todero.
Como informó iProfesional en agosto, el embajador estadounidense Peter Lamelas se reunió con directivos de la cooperativa neuquina CALF mientras la entidad evaluaba comprar equipos de Huawei para su red de comunicaciones.
En el encuentro, el diplomático planteó la posibilidad de explorar alternativas de financiamiento, provisión de equipos y soporte técnico.
El proyecto recoge además la denuncia de directivos de CALF sobre presiones de funcionarios de la embajada vinculadas con esa compra.