El blanqueo laboral incluirá un cepo a los juicios que será tratado en sesiones extraordinarias en el Congreso.

El Gobierno redefinirá el concepto de "salario", destinado a poner un límite a las demandas indemnizatorias que suelen incluir rubros no dinerarios como vehículos, teléfonos o prepagas, y un freno a las acciones legales denominadas "por solidaridad" que van no sólo contra el empleador primario sino contra la empresa que desarrolla la actividad principal, señala Ámbito Financiero. 

Los funcionarios del Ministerio de Trabajo confirmaron al matutino que la iniciativa -que el Ejecutivo enviará al parlamento para su eventual tratamiento en diciembre- para impulsar la formalización del mercado de trabajo se impactará en varias leyes laborales estratégicas: la de Empleo; la de Contrato de Trabajo; las de indemnizaciones, y la de higiene y seguridad,al menos.

Se apunta a lograr la formalización de 300 mil trabajadores en una primera etapa con una serie de facilidades y beneficios a los empresarios que irán desde un indulto de multas por personal no registrado, hasta descuento en aportes patronales y la inmunidad frente a juicios penales. 

El proyecto derivará en una reducción de los montos efectivamente percibidos por los trabajadores vía indemnizaciones judiciales de modo tal de desalentar la litigiosidad laboral. 

Uno de los cambios será la redefinición del concepto de "salario" en las leyes laborales. Hasta ahora la normativa establece que el salario es toda aquella remuneración en contraprestación por un trabajo. E incluye en ese rubro las prestaciones en dinero, especie, habitación, alimentos o por vía de la obtención de ganancias, con algunas excepciones.

A partir de esta definición amplia los funcionarios sostienen que las indemnizaciones de los juicios laborales se hacen imposibles de cuantificar por la inclusión de ítems como el vehículo y sus gastos asociados o la línea de celular provistos por la empresa, o bien la afiliación a una compañía de medicina privada entre otros. 

Esta modificación irá de la mano de la prevista en las indemnizaciones agravadas contempladas en las leyes 24.013 y 25.323, que dejarán de ser dirigidas a los trabajadores para pasar a manos de la ANSES.

Es decir que si un empleado demanda a su jefe por irregularidades durante el período de contratación retención indebida de aportes, inscripción tardía o informalidades parciales- la iniciativa prevé que sólo podrá aspirar a obtener una indemnización habitual por antigüedad y no los extras que suelen hasta duplicar los pagos legales. 

El otro cambio consiste en delimitar la posibilidad de accionar contra los empleadores por parte de los asalariados. Un mecanismo usual frente a eventuales insolvencias patronales o incluso en la búsqueda de un pago mayor es el inicio por parte del despedido de juicios contra su empleador directo y en paralelo con el que despliega una actividad principal.

Fuentes también confirmaron al matutino que habrá una rebaja generalizada de aportes patronales para los primeros $10 mil de sueldo de cada trabajador del sector privado. Esa diferencia la aportará el Tesoro nacional como herramienta para apuntalar la contratación de personal nuevo.