Sin llegar a patear el tablero, la CGT le subió el precio a la negociación del paquete de reformas impulsadas por Mauricio Macri y le envió una señal a los gobernadores peronistas.

Fue al manifestar su rechazo este jueves a los cambios propuestos a la Ley de Contrato de Trabajo y una eventual baja de las jubilaciones derivada de la modificación prevista de su fórmula de actualización. Puntos clave de la reforma laboral y previsional que, junto con las medidas impositivas, negocia el Gobierno en paralelo con las provincias y empresarios.

En un intento por despejar las internas que trascendieron en los últimos días, el triunvirato encabezado por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña dio a conocer la postura unánime de la central obrera este jueves por la tarde en una conferencia de prensa en la sede histórica de Azopardo al 800.

Fue después de la reunión del consejo directivo en la que analizaron junto al resto de la cúpula por espacio de tres horas los informes de sus técnicos sobre la reunión mantenida el lunes pasado con funcionarios del Ministerio de Trabajo.

"No estamos de acuerdo con la reforma laboral como fue presentada y haciendo hincapie en los temas que modifiquen la Ley de Contrato de Trabajo y el cambio de filosofia del derecho argentino", señaló Daer.

Así se refirió el dirigente de Sanidad y miembro de los "gordos" al apartado tercero del borrador oficial de 145 artículos que según reconoció contiene "reformulaciones profundas" al regimen de contrato individual de trabajo.

Los dirigentes solo dieron el visto bueno a aquellos aspectos de la reforma que venían conversando con las autoridades previo a las elecciones (blanqueo laboral, pasantías y agencia tecnológica de salud) y no descartaron medidas de fuerza en caso de que el Ejecutivo avance en el Congreso con los cambios a la legislación laboral, los mismos que fueron objetados el lunes por los ocho abogados sindicales en la audiencia convocada por la cartera laboral.

Entre los items "inaceptables", el triunvirato mencionó la introducción de la figura del trabajador independiente con colaboradores, a la que calificaron como una "deslaboralización", y el banco de horas, un regimen que ya existe en la industria automotriz. Este permitiría eliminar las horas extra al permitir al empleador compensar las horas realizadas en exceso en un día con la disminución de las mismas en otro, a la vez que extender la jornada hasta 10 horas durante el plazo de un año.

El texto además reduce la base de cálculo de indemnizaciones, disminuye las contribuciones patronales y extiende la jornada laboral, entre otros puntos polémicos. 

En cuanto al concepto del trabajo, Daer ratificó la defensa del actual andamiaje legal que "es consolidado como protector, tutelar, que protege al trabajador y trata de nivelar las asimeterias que existen con el empresario".

De ese modo, rechazó el artículo 2 y 39 del anteproyecto, que conciben la relación laboral como un "valor compartido" entre las partes. A su turno, Schmid afirmó que "la linea roja está en el contrato de trabajo", al que consideró "el corazón de la ley" de reforma. Y Acuña acusó al Ejecutivo de hacer "equilibrio para un solo lado", el de los empresarios.

El gesto de endurecimiento por parte de la central obrera contrasta con las versiones que daban cuenta de que la reforma laboral estaba acordada en un 90%, según señalaron el martes a iProfesional desde el entorno del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Fuentes de la cartera laboral reiteraron en las últimas horas a este medio que las negociaciones "están avanzadas", sin precisar si dentro de los puntos de consenso figuran artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. 

El otro cambio descartado de plano por los triunviros es que el índice de actualización de las jubilaciones -hoy sustentado en un mix de recaudación y salarios - quede atado a la inflacion futura, como pretende el oficialismo. "Se estaría generando el ahorro que compensaría el fondo del conurbano", vaticinó Daer, mientras que Schmid calificó la medida directamente como una "baja en las jubilaciones que ya son miserables".

La lectura de la CGT es que la reforma laboral, previsional y tributaria están "entrelazadas". Y por ende la clave de un posible acuerdo que los excluya, olfatean en la central, pasaría por mantener recursos a las provincias con una partida especial de la Nación a cambio de reducir ingresos brutos provinciales, imponer impuestos internos y disminuir el presupuesto destinado a la seguridad social.

Eso es lo que habrían acordado el Presidente y los gobernadores a los que este jueves les presentó la denominada propuesta de "consenso fiscal", un plan que incluye la reforma tributaria, la sanción de la ley de Responsabilidad Fiscal, el desistimiento de los juicios contra el Estado y la reestitución de fondos a la provincia de Buenos Aires.

La otra pata a la que apuesta el Gobierno es introducir cambios a la legislación laboral desde el Congreso. A contramano del sindicalismo que, en cambio, busca repetir el esquema seguido con el Impuesto a las Ganancias y la Ley de ART, por el cual los jefes de Azopardo fueron una pieza central en las negociaciones de los proyectos de ley.

Su idea es continuar los contactos con el sector político del peronismo que tiene la "llave política" y en quienes depositan expectativas. Pero también neutralizar a Cristina Kirchner en el Senado, que amenaza con correrlos por izquierda.

Con ese objetivo, una comitiva sindical encabezada por el triunvirato se reunió el miércoles por la noche con el jefe de la bancada del PJ, Miguel Pichetto, y el gobernador Juan Manzur.

El exsenador kirchnerista había adelantado que su posición frente al paquete de reformas macrista quedaría supeditada a lo que definiera la central obrera. Pero en las últimas horas desde su entorno señalaron a este medio que su decisión también dependerá de lo que decidan las provincias, lo que le quitará peso a la CGT en el mefistofélico dispositivo de negociación previsto por la Casa Rosada.

En vistas de ese posible escenario, fue Facundo Moyano quien este jueves previno a sus pares y a los mandatarios provinciales de cualquier intento de negociación de las leyes laborales.

"Si lo hacen vengo yo a tirar huevos a la CGT", respondió al ser consultado por este medio en las escalinatas de Azopardo, a la vez que advirtió que va a "medir el peronismo" de cada legislador justicialista.

Su hermano Pablo Moyano, quien se ausentó del consejo directivo, envió otra señal el miércoles desde el Vaticano, donde se mostró junto al Papa -una figura que obsesiona a los sindicalistas- y ratificó su rechazo a la reforma laboral.

En tanto, Cristina también se metió de lleno en la interna: lo hizo a través de un tuit en el que presentó en sociedad la creación del Movimiento Obrero Santafesino (MOS), un conglomerado que nuclea a la CTA de Santa Fe, a cinco CGT Regionales de la provincia, al Movimiento Sindical Rosarino, los docentes de Amsafe y ATE provincial.

Otro factor de presión que pesa sobre el sector dialoguista de la central obrera, pero también del PJ "friendly", las dos alas del peronismo en las que parece descansar el futuro de las reformas macristas.