La Justicia puso el ojo las rutas aéreas de las aerolíneas "low cost" impulsadas por el Gobierno como parte del plan conocido como "revolución de los aviones".

Días atrás, la gestión de Mauricio Macri terminó de enviar a Comodoro Py una serie de documentos que habían sido requeridos por el juez federal Sergio Torres. El magistrado le había ordenado al Poder Ejecutivo que detalle las medidas tomadas "para garantizar la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio".

El Ministerio de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) debieron responder a los oficios enviados por Torres, que requerían "informes pormenorizados" con las gestiones para afrontar la incorporación de nuevos actores en el mercado aéreo, indica La Nación.

El juez Torres y el fiscal federal Jorge Di Lello tienen en sus manos la causa Avianca, uno de los expedientes que más incomodan al Gobierno porque investiga al Presidente por presuntas incompatibilidades con negocios de su familia. La génesis del caso fue la concesión de rutas aéreas a Avian, la continuadora de Mac Air, de la familia Macri. Pero el expediente se engrosó y hoy investiga siete hechos vinculados a la gestión de Cambiemos en el ámbito aeronáutico.

La investigación recabó información relativa al aumento de las operaciones, al desembarco de nuevos operadores y a la decisión de mudar servicios de un aeropuerto a otro. Así, el juez definió pedir explicaciones al Gobierno.

Cambiemos ya otorgó unas 300 rutas a seis empresas, mientras otros siete jugadores ya pidieron permisos para volar. Avianca recibió 16 rutas (y solicitó más), mientras que Norwegian obtuvo 152 permisos y Flybondi, 85. Esta aerolínea -que comenzó a operar en los últimos días con algunos traspiés- también está bajo la lupa judicial porque su titular, Richard Guy Gluzman, fue socio del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.La respuesta oficial

Los organismos oficiales presentaron sus escritos a la Justicia entre diciembre y los primeros días de febrero. Desde la ANAC le explicaron al juez que se "realiza una vigilancia permanente de la seguridad operacional mediante auditorías a los proveedores aéreos". La entidad aseguró en su escrito que "todos los candidatos a explotar servicios cumplen la regulación vigente y demostraron los estándares establecidos".

El Orsna, el ente que controla los aeropuertos, le manifestó a la Justicia que analiza "planes maestros" tendientes a armonizar la infraestructura aeroportuaria con la demanda del tráfico aéreo.

Por su parte, la EANA, que monitorea "situaciones críticas" y trabaja sobre el diseño de las rutas aéreas, advirtió que para que las nuevas empresas salgan a la pista "se requieren cuestiones técnicas y operativas". "En muchos casos el uso de rutas no resulta viable por limitaciones de equipos, tripulaciones y performance de navegación", advirtió EANA. Y agregó: "Antes del uso de las rutas deben considerarse las capacidades de las pistas y los espacios aéreos".

El Ministerio de Transporte remitió una escrito de su titular, Guillermo Dietrich. La cartera asegura que busca duplicar la cantidad de pasajeros e implementar "un plan por $24.000 millones para nueva infraestructura y tecnología".

El juez analizará ahora los informes oficiales, mientras impulsa otras medidas para investigar el núcleo del caso. Es decir, si hubo intención del Gobierno de favorecer a la exempresa de los Macri. En el expediente están imputados el Presidente, Quintana, Dietrich y otros funcionarios y empresarios que participaron de las gestiones, detalla La Nación.

Además de investigar los casos de Avianca y de Flybondi, Torres y Di Lello investigan las contrataciones de empresas privadas para los viajes presidenciales y ya tienen en su poder el listado de todos los viajes que hizo Macri. También la asignación de hangares en Aeroparque y la compra del nuevo Tango 01.