La Justicia Federal porteña decidió este viernes la liberación del empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, detenidos en diciembre en el marco de una causa por una evasión de $8.000 millones.

La decisión de liberar a los empresarios, dueños del Grupo Indalo, fue tomada por la Sala I de la Cámara Federal porteña: el juez Leopoldo Bruglia se expresó en contra, pero sus pares del tribunal Eduardo Farah y Jorge Ballesteros definieron la excarcelación.

López está detenido en la cárcel de Ezeiza tras entregarse el 19 de diciembre en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional, mientras que su socio apresado el mismo día se encuentra alojado en la cárcel de Marcos Paz.

Ambos empresarios fueron procesados con prisión preventiva por "administración fraudulenta" a raíz del desvío de $8.000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles recaudados en calidad de agente de retención por la compañía Oil Combustibles.

Los procesamientos con prisión preventiva habían sido dictados por el juez federal Julián Ercolini. Ahora fueron revisados por la sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal que ordenó liberar a los empresarios.

Ambos empresarios habían apelado la prisión preventiva que Ercolini les dictó días antes de que terminase el 2017, por fraude al Estado.

Entre 2013 y 2015 habían retenido indebidamente el pago del mentado tributo -que todos los clientes de las estaciones de servicio de Oil pagaban cada vez que cargan nafta- por un monto de $8.000 millones, suma que actualizada alcanza los $17.000 millones.

Ercolini había justificado la detención en las sucesivas maniobras que habían hecho para entorpecer la investigación, entre las cuales las más notorias fueron la de tratar de dividir Indalo en dos partes para mandar a concurso de acreedores una de ellas y, tras el fracaso de ese intento, la supuesta venta del grupo completo al fondo OP Investments.

Esta operación estaba prohibida porque Indalo tenía una inhibición general de bienes ordenada por Ercolini.

Como la sala I solo tiene dos camarsitas y estos diferían sus posturas (Leopoldo Bruglia votó en contra de la excarcelación y Jorge Ballestero, a favor) se convocó a  Eduardo Farah para desempatar. Integrante de la sala II de la Cámara Federal, el magistrado coincidió con Ballestero, por lo que los empresarios kirchneristas seguirán a partir de hoy el proceso en libertad.

ArgumentosFuentes judiciales informaron a Télam que el intento de venta del Grupo Indalo podía tener consecuencias en el concurso de acreedores de la firma Oil Combutibles, que se tramita ante el fuero comercial, pero no en el juicio que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

"Si el encierro cautelar fuera el modo adecuado de tutelar las acreencias del Estado, no puedo imaginar cuántos otros empresarios debieran estar acompañando hoy, sin juicio de por medio, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. No se necesitaría otra cosa que hacer un repaso por los más voluminosos procesos que transitan en sede comercial", sostuvo Ballestero en su voto por la liberación de los empresarios.

"Me veo en el imperativo de revocar los alcances de la prisión preventiva decretada a Cristóbal López y de Fabián de Sousa, ordenando su inmediata libertad, de no mediar otro impedimento", remarcó el mismo magistrado a cuyo criterio se sumó luego su colega Farah.

"El encarcelamiento de los imputados es incoherente con el criterio adoptado por el mismo juez al mantener la libertad ambulatoria del funcionario público consorte de causa, o el que respecto de ellos mismos se adoptó en otros legajos conexos", sostuvo Farah.

El delito de "apropiación indebida de tributos" tiene una pena de dos a seis años de prisión para los autores (contribuyentes) y se agravaría en el caso de Echegaray por haber favorecido la comisión del delito desde su posición de funcionario público.

Según el procesamiento que les había dictado el juez Ercolini, López y De Sousa se beneficiaron de "modo sistemático y deliberado" de "facilidades de pago vinculadas al pago del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos", que les facilitó Echegaray entre mayo de 2013 y agosto de 2015.

A los tres procesados, los camaristas les confirmaron embargos por por $8.945 millones, según surge del fallo de 110 páginas.